El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lleva años demostrando que tiene la capacidad para detectar las necesidades de la gente y construir con ellas una narrativa que conecta con su audiencia. El presidente sabe qué es lo que le duele a la gente y dónde están sus anhelos, con lo que ha diseñado políticas que, aunque carezcan de evidencia, endulzan el oído de las personas que lo apoyan.
Esta habilidad no es menor. En parte explica por qué la popularidad del mandatario pareciera ser inmune a escándalos o errores del Gobierno Federal. Además, Latinometrics –la organización que cuenta historias gráficas con estadísticas– acaba de nombrar a AMLO el personaje individual más visto en línea de América Latina durante 2023, por encima de influencers y expertos en videojuegos. Él sabe cómo comunicar y cómo mantenerse en boca de todas y todos.
Bajo esta lógica, a siete meses de que concluya su administración, el presidente envió a la Cámara de Diputados un paquete ambicioso de reformas constitucionales que buscan plasmar el compromiso que dice tener con “el pueblo”. Es una forma ingeniosa de poner en la agenda temas clave para la ciudadanía, así como elevar las probabilidades de que la candidata de su preferencia gane la elección. Sin embargo, más allá de la comunicación alrededor de las reformas, hay varias propuestas que, si se aprueban, podrían dañar la democracia y la economía de México.
Es difícil hablar de forma general sobre las reformas constitucionales porque abarcan una mezcolanza de temas: desde cambios en el Poder Judicial y desaparición de organismos autónomos hasta replantear el sistema de pensiones y garantizar que el salario mínimo crezca por encima de la inflación , pasando por la protección de animales, vivienda y la creación de un sistema de salud universal. Además, hay que reconocer que las implicaciones de cada medida propuesta dependen de los detalles de cada iniciativa. A pesar de esta bomba de información, detecto dos grandes riesgos de los cuales debemos de estar conscientes.
El primero es un deterioro institucional con el fin de concentrar el poder en la figura presidencial. Una de las reformas busca que jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte se conviertan en puestos de elección popular. Con esto, los incentivos de quienes toman las decisiones de justicia cambian, de manera que la búsqueda de votos sea más importante que la experiencia y las bases técnicas para proteger el cumplimiento de la ley. Asimismo, se propone eliminar las candidaturas plurinominales para diputados y senadores, con lo que el partido mayoritario, Morena, tendría mayor representación. Ambas iniciativas apuntan a que tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo dejen de ser contrapesos del Poder Ejecutivo. ¿Queremos realmente un gobierno concentrado en las manos de la persona que ocupe la presidencia?
El segundo riesgo que detecto es que varias de estas medidas ignoran sus implicaciones económicas y financieras. La más evidente es la reforma al sistema de pensiones que busca garantizar un monto equivalente a casi 16,800 pesos para quienes cotizan en alguna institución de seguridad social. También se busca reducir la edad de retiro de 68 a 65 años para quienes acceden al Programa de Adultos Mayores (que es una pensión no contributiva). Sin embargo, expertos como Héctor Villareal exdirector del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) han cuestionado la capacidad fiscal del Gobierno Federal para adquirir un pasivo de esta magnitud ante el envejecimiento de la población. ¿De qué sirve que la ley prometa una pensión si no hay recursos suficientes para hacerla efectiva?
Desconozco cuántas de estas iniciativas tengan probabilidades reales de ser aprobadas. Cada una de ellas necesita el voto a favor de dos terceras partes de los legisladores en ambas Cámaras más la aprobación de al menos 17 congresos locales. Se ve difícil. Sin embargo, es importante decir que este show presidencial podría dejar secuelas antidemocráticas y económicas serias para el país. No nos vayamos con la finta. Que un derecho esté en la Constitución, no nos garantiza que se cumpla ni que sea en beneficio de la gente.
______
Nota del editor: Fátima Masse es Economista especializada en temas sociales. Síguela en Twitter como @Fatima_Masse . Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas de su autora.
Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión
