Por lo tanto, tal y como están las cosas, la infraestructura hídrica que se tiene en el país no está preparada para atender la gran demanda de agua que requerirá el nearshoring. Los estados del norte, que resultarán los más beneficiados con la llegada de inversiones gracias a la relocalización de cadenas productivas, ya viven con graves sequías y estiaje. Baja California, por ejemplo, históricamente ha vivido con problemas de abastecimiento de agua; incluso, ha pasado por algunas tensiones políticas con Estados Unidos por la contaminación de la bahía que comparten Tijuana y San Diego. Por su parte, Coahuila, Tamaulipas y Sonora también registran serias debilidades en el suministro de agua.
Nuevo León, considerado como el principal imán para el nearshoring, tiene otra historia. El organismo operador de Nuevo León sí tiene las capacidades técnicas y económicas para invertir en nueva infraestructura hídrica, y actualmente está trazando un plan para la dotación de agua tratada en casas, pero la gran pregunta está en saber el volumen de agua tratada que tendrá disponible para las empresas.
“Nuevo León cuenta con uno de los organismos operadores de agua más eficientes del país pues está haciendo ‘infiltración indirecta’, como albercas de agua, depositando agua de manera indirecta para garantizar las fuentes de suministro. Además, Monterrey es de las ciudades con el mayor número de kilómetros de redes de distribución de agua residual”, complementa Jorge Fuentes, director de Proyectos del Consejo Consultivo del Agua.
Recientemente, el Presidente de la República anunció que no se otorgarán nuevas concesiones en donde ya haya problemas de escasez de agua. Eso significa que las nuevas empresas que pretendan instalarse aquí no podrán contar con un sistema de extracción de agua directo y dependerán del suministro a través de los órganos operadores que hoy mantienen una gestión financieramente muy estresada.
Frente a eso, dice Hugo Rojas, hay una ruta de salida: la ley de Aguas Nacionales y su reglamento permiten la compra de concesiones o su renta. Así, una empresa puede recurrir a otra con una concesión y expresarle su interés en comprarla o rentarla. “Habrá que tener cuidado porque este mercado de concesiones no está del todo regulado. Entonces, puede haber acaparamiento de concesiones”.
Las empresas con alguna concesión tienen garantizado un cierto volumen de agua y la autoridad puede saber, a través de Telemetría, si las empresas están respetando la cantidad de agua a la que tienen derecho. Sin embargo, se acusa un déficit también en la medición. De esta forma, no se cuenta con la suficiente supervisión para saber si en verdad se está extrayendo la cantidad permitida o si alguna empresa está haciendo uso de más agua. Los recortes presupuestales obligaron, entre muchas otras cosas, al adelgazamiento de la estructura orgánica y ahora hay muy pocos supervisores para realizar las mediciones, verificar que no haya fuentes ilegales de abastecimiento, perforación de nuevos pozos…
“¿Quién regulará los precios fuera del radar de la Conagua?”, pregunta el ex director general de Aneas. “El Presidente ha dicho que no habrá más concesiones, pero qué pasará con las que ya se otorgaron y requieran de más agua. Eso no está especificado en la ley y entonces no está prohibido. Y, si no está prohibido, está permitido”, concluye.
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¿Esta historia podría tener otro final?
Recientemente, el equipo de Claudia Sheinbaum se reunió con expertos en materia hídrica para tener claridad de la vasta colección de necesidades que se tienen para contrarrestar la crisis del agua. No es para menos. Entre las bombas que podrían estallar en el futuro sexenio está el posible bloqueo de desarrollo industrial en zonas afectadas por la disponibilidad de agua.
