La supresión funcional de los poderes constitucionales, en un caso, por captura, y, en otro, por anulación legislativa, derruirá la división de poderes. Esto es, se pretende que vivamos una simulación que haga letra muerta el apartado constitucional en el que se indica cómo debe ejercerse el supremo poder de la Federación.
A partir de tal engaño, se desdibujará el modelo que el Constituyente trazó en 1917. Es oportuno recordar que todo comenzó con una aberrante sobrerrepresentación en el Congreso, la cual, permitió una andanada de reformas a nuestra Carta Magna que mermaron la efectiva tutela a los derechos fundamentales. La prisión preventiva oficiosa, así como la alusión a un tipo penal abierto, denominado corrupción, fueron urdiendo una red que permitió al Ejecutivo Federal establecer una autocracia que, hasta la fecha, parece irresistible.
Se acudió a figuras que, estando prohibidas en los estados de derecho, aquí fueron propuestas en nombre del combate a la corrupción, pero que, en realidad, fueron diseñadas para acosar, intimidar y amagar a encumbrados personajes de la vida nacional. De esta forma, mientras está prohibida la confiscación, se postuló la necesidad de llevar a la práctica la extinción de dominio. Ambas figuras conviven en el texto constitucional, pero las diferencias entre ellas han desaparecido.
Quienes defendieron la autoritaria medida invocaron la necesidad de privar al crimen organizado, y a los grandes consorcios dedicados a actividades ilícitas, de las ganancias generadas mediante la comisión de delitos, sin embargo, esquizofrénicamente, se propaló la idea de que el combate a la delincuencia se haría mediante medidas de largo o larguísimo plazo, atacando las muy remotas causas de la criminalidad, y, así se implantó la absurda engañifa conocida como “abrazos, no balazos”. Con esa táctica promotora del crimen, las draconianas medidas terminaron aplicándose sólo a empresarios no afines, a quienes se calificó como adversarios.
En ese contexto, se colocó en manos de un inexperto e impreparado funcionario una de las más graves y complejas atribuciones de estado, el congelamiento de cuentas. Así es, sin un conocimiento probado, ni mucho menos experiencia en el campo financiero, se dotó a un resentido fiscal electoral, de facultades que sólo deben emplearse bajo indicios claros, puntuales y objetivos de blanqueo de capitales.
El resultado fue desastroso. Si bien es cierto que la mayoría de los afectados no han emprendido aún acciones que revisen y valoren la ligereza con que se ejercieron las indicadas atribuciones, es claro que al concluir el presente sexenio más de uno de los afectados solicitara se lleve al cabo el escrutinio de las frívolas e infundadas acusaciones hechas por quien jamás debió rebasar los linderos de la academia.
Quedó claro que, al ser súbitamente privado de acceso a los propios recursos financieros, cualquiera, tarde o temprano, termina siendo culpable de algo, es decir, termina enfrentando graves responsabilidades que van, desde el incumplimiento de obligaciones comerciales, laborales y administrativas, hasta el impago de contribuciones. Sí, una irresponsable acusación de lavado de dinero concluye fabricando culpables, como en la especie ocurrió. El Estado Mexicano, como ya sucedió en otras latitudes, podrá ser demandado al ser causa eficiente de la quiebra, ruina o pérdida de importantes caudales, tras haberse alegado audaces interpretaciones de la ley que, en la mayoría de los casos, no fueron sino mero desconocimiento e ignorancia del derecho patrio.
Lo real es que ya sólo se encuentran recluidos por los escandalosos procesos Murillo Karam y Lozoya Austin. El primero no obró de manera muy distinta a la que, tanto antecesores como sucesores, procedieran en asuntos de la complejidad del caso Ayotzinapa, es más, las imputaciones que se le hacen a él, ante la evasión de Tomás Zerón recuerdan el heterodoxo proceder de Juan Ramos, la tan cuestionada mano derecha del actual titular de la Fiscalía.
Por lo que hace a Lozoya, es claro que las autoridades han sido deliberadamente lentas en el esclarecimiento de los hechos, dado que, ha quedado al descubierto que la planta de Agronitrogenados no fue adquirida con recursos públicos, ni por agencia o empresa del sector público federal, situación que pone en vilo la viabilidad del expediente. Es ya innegable que no se pusieron a la vista del juzgador constancias que resultan determinantes en el asunto.
Las denuncias, hasta hoy emblemáticas, continuarán en desahogo al llegar la conclusión del presente sexenio, quedando claro que, más allá de fantasiosas narrativas mañaneras, el titular del Poder Ejecutivo jamás pudo articular acción en contra de cualquiera de sus antecesores en el cargo. Sus atrabiliarias acusaciones quedarán en meras especulaciones, así como en diferencias ideológicas que solo dan para discutir con una taza de café. Sus archienemigos no han sido, ni serán, tocados con el folio de un expediente, quedará sólo la indeleble huella de la arbitrariedad.
Ahora, el residente de palacio postula la aprobación de reformas que tienen como objetivo la desaparición del modelo constitucional mexicano, haciendo del poder judicial una suerte de cenáculo decorativo, al poderse declarar la constitucionalidad de leyes por una poco ilustrada minoría, designada a modo.
A pesar de que la Constitución consagra el derecho a la suspensión del acto reclamado, sus inefables asesores, incluyendo al ministro en fuga, Arturo Zaldívar, pretenden que la materia del juicio no persista, ni perviva el procedimiento, concluyendo en inocuas sentencias en las que los atropellos habrán ocasionado los nocivos y perniciosos efectos perseguidos por la autoridad antes de ser aquellas dictadas, haciendo nugatorio el principio de acceso efectivo a la justicia. La CIDH, claro, bien gracias, cada peso gastado en ella, ha sido baladí.
Cuando el hoy saliente sentenció que no le vinieran con que la ley es la ley, dejó claro que el estado de derecho tampoco lo es, y que no existe en el país más voluntad que la reside en quien, con el apoyo de quien sea, se haga del poder. Pasamos del haiga sido como haiga sido, al ganar de la mano de quien sea, como sea y con los compromisos que sea. A cinco años del supuesto triunfo electoral, es claro que el funesto pago de favores no pudo hacerse con mayor puntualidad.
Cómo no recordar los festejos de año viejo en Cuba, en el año 1958, en el que, sabiendo esperar por varios años, los inversionistas sacaron riquezas de la isla hasta el último minuto, sí, aguantaron hasta que el cambio régimen provocó la inevitable salida masiva de capitales. El estado de derecho sucumbió, dando paso a uno de los más lamentables procesos destructivos de una nación, lo que ocurrió en beneficio de unos cuantos, y en perjuicio de la mayoría. La debacle, 60 años después, no ha concluido. Aquí, Pemex y la CFE han sido la ínsula que alimenta al voraz agio internacional, con cargo al bolsillo de los mexicanos, él, sabrá esperar hasta el final, huyendo en estampida a la menor provocación.
Cómo no mirar las arcas públicas vacías, al erario desfalcado, cuando ello pone en peligro la reserva de activos internacionales del Banco de México, y hace surgir la tentación de sobrecargar la máquina que hace billetes. Se ha contratado la deuda pública de peor calidad en la historia reciente, dado que no tiene identificada fuente de pago, a pesar de que la Constitución lo exige. Con el último tirón de dos billones, apenas se podrán colmar las indeseables exigencias de una pésima gestión oficial.
No, la crisis no será abrupta, ni los cambios de la noche a la mañana, pero la ruta es inevitablemente ruinosa, se le ponga el nombre que sea a la administración entrante. El dinero mal habido, del abrazado crimen organizado, es la potente expresión de la economía del mal, en el que los capos han puesto las reglas. La economía informal es más grande que la formal, y su emblema es el superpeso. El precio de los básicos es el que se determina en el punto en que se cruzan la oferta y la extorsión, conocido como cobro de piso. Conservamos récord, teniendo un margen financiero impresentable. Tristemente, las variables tradicionales dejaron de ser medida confiable.
Gane quien gane, ya perdimos todos. La nueva meta será el poder revertir, lo más pronto posible, las deformaciones al ordenamiento constitucional y legal; rescatar la división de poderes, y reponer equipos experimentados y preparados para afrontar tiempos difíciles. Llegue quien llegue tendrá que echar a la caterva de oportunistas que nos llevaron hasta este punto. No por convicción, sino por sobrevivencia.
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Nota del editor: Gabriel Reyes es exprocurador fiscal de la Federación. Fue prosecretario de la Junta de Gobierno de Banxico y de la Comisión de Cambios, y miembro de las juntas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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