Al tiempo de hacerse un correcto dimensionamiento del efectivo valor de los activos de la banca mexicana, resulta oportuno conocer el estado real del apasivamiento, tanto público, como privado. Es ya innegable que la prudencia financiera no resulta cualidad distintiva de quienes están encargados de las finanzas públicas, dado que ellos han preferido guardar silencio, mientras los políticos festinan imaginarios avances.
En el sexenio anterior, al reformarse el marco jurídico de las grandes empresas del sector oficial, se dejó para después el dar solución al creciente problema de las pensiones. No solo ello, irresponsablemente, se dio la espalda a una creciente espiral del pasivo a favor de proveedores y contratistas gubernamentales. Esta administración, repudiando el texto vigente de la Constitución, emprendió camino para desandar lo avanzado en dicho sector, retornando a ya superados mecanismos monopólicos. Con ello, el sector oficial se mantuvo inserto en multimillonarios negocios, los cuales decidió adjudicar directamente, como se ha hecho por décadas.
En los últimos cinco años, los problemas de previsión social burocrática no sólo no se arreglaron, sino que se agravaron de manera acelerada, al aumentarse, año con año, el número de personas que se suman a las filas de las costosísimas pensiones que cubren las entidades públicas, a pesar de que ellas muestran niveles de ineficiencia inaceptables. Funcionarios y empleados, a la par de aviadores, engrosan permanentemente la fila de los premiados con retiros dorados.
El sindicato de Pemex ha logrado que un enorme número de personas no sean liquidadas, a pesar de que no son requeridas en ciertas regiones o actividades, generándose una absurda duplicidad, y hasta multiplicidad, de plazas. Todos cobran y se retiran. En esa entidad las reubicaciones frustradas son vicio laboral que ha tomado proporciones escandalosas. La redundancia es ya cotidiana en la petrolera, y no parece que se vaya a tomar decisión correctiva alguna.
Los cálculos actuariales pueden estimar el tamaño del boquete, sin embargo, nuestro mercado financiero no ofrece activos cuya rentabilidad pueda mantener la capitalización que pueda colmarlo. El patrimonio de los vehículos constituidos por el gobierno federal profundiza su deficiencia continuamente. El consejo de administración de Pemex ha sido omiso en establecer mecanismos que aligeren la carga, y que provean a un mejor perfil de desempeño de los fondos que, supuestamente, afrontarían los pasivos laborales, no sólo de previsión social, sino los de vivienda y otros conceptos derivados del contrato colectivo.
Por otro lado, es claro que las observaciones y críticas que se hicieran al organismo Luz y Fuerza del Centro pudieron y debieron hacerse respecto del contrato colectivo de la Comisión Federal de Electricidad. La diferencia que mantuvo en operación a ésta es que contaba, y cuenta, con un sindicato a modo y dócil. Ahí, el pasivo laboral, lejos de ser atendido adecuadamente, ha encontrado nuevas formas y fuentes de crecimiento, apuntando a un derrotero de incosteabilidad, que abona a la inminente inviabilidad financiera de la empresa, la cual sobrevive a fuerza de imposiciones autoritarias, transfiriendo ganancias del sector privado hacía la agonizante empresa improductiva del Estado.
Por otro lado, la opacidad prevalece en los fondos, reservas y demás respaldos financieros de las pensiones de los sectores oficial y mixto, dado que, tanto el ISSSTE, como el IMSS, carecen de instrumentos eficaces de seguimiento y valoración técnica, siendo claro que en el corto plazo ambos requerirán de rescate, el cual, impactará severamente al erario federal. Tarde o temprano, quedarán al descubierto desfalcos derivados del coyuntural uso político de los caudales que supuestamente custodiaban.
Todas las actividades antes referidas ha llegado hasta el día de hoy como pasivos contingentes, cuya indeterminación es lo único que ha evitado se sumen a la deuda nacional, sin embargo, resulta innegable que tales faltantes constituyen un gravamen que inevitablemente será cargado a las arcas públicas, por lo que, las cifras de deuda pública deben reportar el monto adeudado por deuda contratada y/o titulada, pero también el que resulta de todos aquellos conceptos que tienen una fuente legalmente reconocida. El cerrar los ojos a este rubro es una peligrosa evasión que a nada conduce, misma que falsea y subestima el verdadero valor de la deuda mexicana.
Por si ello fuera poco, en términos de los artículos 1º a 4º de la Ley de Deuda Pública, todo el pasivo diferido, derivado de proveeduría y obra pública, debe sumarse y computarse como deuda pública nacional, de la cual, responde el Gobierno Federal, particularmente, frente el exterior.
Hay que tomar en cuenta también que la reforma legal impulsada por Luis Videgaray restituyó un avasallante y decimonónico centralismo financiero, con el que, a cambio de un control absoluto por parte de la SHCP de las finanzas de los estados, hoy gravitan sobre el crédito de la república responsabilidades y compromisos asumidos por las entidades federativas.
En la presente administración no existe en realidad utilidad por la operación petrolera, ni mucho menos por la actividad que desarrolla la CFE, dado que, estimados en su justo valor, los ingresos generados no son suficientes para mantener su operación al tiempo de servir el pasivo financiero asociado. Se ha llegado al extremo de pedir prestado para pagar impuestos. Ambas, son incapaces de cubrir la esencial proveeduría de bienes y servicios básicos para operar. La manipulación de la información financiera en ellas es tan grotesca, que en el exterior ya se habla de fraude contable.
Lo que ambas pagan a la Nación se vuelve a acopiar vía colocaciones de deuda, manteniendo indefinidamente una situación ruinosa. Los rubros de pasivo diferido y no registrado, como lo que es, deuda pública, flota en el más absoluto descontrol. Las transferencias a la TESOFE las imponen los requerimientos del gasto federal y no la utilidad. La viabilidad de Pemex y de la CFE es sólo un espejismo que se financia con idas y vueltas de recursos que tienen como eje rotativo al presupuesto federal. No queda remanente a distribuir, sino únicamente adeudos que no tienen para cuando ser cubiertos, siendo irrefutable que ya han demolido la cadena local de procura, esto es, de suministros y proveeduría. A la vista está ya una ruptura de la cadena de abastecimiento nacional para mantener la operación, lo que originará costosas importaciones, y más endeudamiento, pero ahora, sujeto a tribunales imparciales en el extranjero.
En el IPAB no priva la efectiva transparencia, por lo que no existe efectiva rendición de cuentas en lo que hace a su participación en quebrantos registrados en los últimos años. No se ha reflejado adecuadamente el impacto en su patrimonio por asuntos como el proceso de FAMSA, como tampoco se ha estimado el efecto patrimonial que tendría un ajuste brusco derivado de una revisión de los fantasiosos niveles de capitalización que anuncia la banca.
Ese instituto, con acuerdo, apoyo y complicidad de la CNBV, ha implantado una dinámica que propala el mito de que cuenta con fondos razonablemente suficientes para a la protección del ahorro, lo cual no es acorde con la realidad. Bastaría que un par de bancos reconozcan su fragilidad, para que se consuma, aceleradamente, el caudal destinado al seguro de depósito. Ya no se diga si se hiciera una profunda revisión de la cartera vencida, o de las áreas fiduciarias, en las que muchos entes gubernamentales, federales y locales, mantienen lo que piensan, ingenuamente, son cuentas liquidas, cuando, en realidad, no son sino reservorios de fantasías de papel incobrable. El preocupante retiro de dividendos basados en la sobrevaluación de activos, así como en la subvaluación de los pasivos, constituye un juego peligroso, de amplio y profundo efecto de la estabilidad económica, que está pasando inadvertido.
Así es, son muchas y muy gravosas las fuentes de pasivos contingentes que no se consideran, ni acumulan a la deuda nacional. Se han mantenido en esa condición, eludiendo el elemental y obligado proceso de hacer cuentas. Los reportes de deuda pública no pueden concretarse, ni mucho menos limitarse, a la escueta presentación del apasivamiento derivado de instrumentos colocados en los mercados, siendo, necesario y urgente, se estime el saldo de esas fuentes, integrándolo a los reportes de finanzas públicas. También resulta obligado el hacer puntual seguimiento de cada una de ellas, proveyendo a la identificación de aquellos montos que, por su fatalidad, deben ser estimados cada año como pasivos directos.
Basta ya de engañarse, resulta una inaceptable falacia el medir nuestro nivel de endeudamiento expresándolo como porcentaje del PIB, dado que ello resulta irrelevante al momento de servir la deuda nacional. Los fondos libres del PIB varían de país a país, por lo que ese referente resulta en comparar peras con manzanas. El presupuesto muestra claramente que nuestro ingreso esperable está comprometido prácticamente en su totalidad, así como que éste no crece en proporción y velocidad a los pasivos que mañosamente han sido excluidos de la deuda pública, siendo lo correcto, transparente y real, confrontarla con relación a los fondos libres. El resultado será que nuestra capacidad está agotada, y que, apuradamente, podemos afrontar lo que ya se debe.
En un país, en el que los ingresos ya se encuentran comprometidos, no importa establecer cuanto representa la deuda como porcentaje del PIB, sino conocer, con claridad, los pasivos que, por su esencia y naturaleza, son deuda a cargo del estado, máxime cuando éstos, como en nuestro caso, crecen a mayor velocidad que los ingresos. Lo relevante a determinar, para asumir nueva deuda, es el tamaño del pasivo total, incluyendo contingentes, así como el monto de recursos no comprometidos, a la luz de un asistencialismo rampante e imparable.
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Nota del editor: Gabriel Reyes es exprocurador fiscal de la Federación. Fue prosecretario de la Junta de Gobierno de Banxico y de la Comisión de Cambios, y miembro de las juntas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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