Si bien es cierto, el presidente no acepta, ni aceptará que fue un error canalizar cientos de miles de millones de pesos a la improductiva empresa Petróleos Mexicanos, también lo es que decidir su futuro escapa de sus manos. La presente gestión insiste en presentar imágenes parciales de lo que ahí sucede, a modo de evitar que el electorado censure, en las urnas, uno de los más grandes desfalcos que ha registrado nuestro país.
Instructivo inicial para desactivar esa bomba de tiempo llamada Pemex
La primera decisión que deberá tomar el próximo gobierno tiene que ver con grandes áreas de negocio, eliminando notorias redundancias corporativas y de recursos humanos, que no se ha hecho a la fecha.
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Para conocer la situación debe evaluarse el pasivo integral, y no presentar sesgos tendientes a sustentar una fantasiosa viabilidad. La deuda de esa empresa pública aumentó, y no sólo eso, se degradó sensiblemente, ya que las condiciones financieras en que se contrató son francamente irresponsables. Separar el adeudo a proveedores del endeudamiento financiero, así como congelar su valor nominal, resulta técnicamente impertinente.
Los pasivos contingentes derivados de juicios y controversias, sin duda alguna, han sido menospreciados y mantenidos al margen de una valuación objetiva de la entidad. El contrato colectivo preserva una gran cantidad de rubros que ponen al sindicato en posición de manipular multimillonarias reclamaciones que, tanto en el orden individual, como colectivo, son administradas y resueltas por organismos de justicia laboral que la representación gremial ha sabido cooptar. La mala valoración de los títulos subyacentes en el patrimonio de fondos y fideicomisos relacionados con pensiones y vivienda permiten anticipar profundos hoyos negros difíciles de tasar. Los añejos abusos cometidos en el FICOLAVI y en el FOLAPE, han permitido que en las mesas de negociación los agentes sindicales pongan rápidamente a la administración contra las cuerdas.
La primera decisión que deberá tomar el próximo gobierno tiene que ver con las grandes áreas de negocio, eliminando notorias redundancias corporativas y de recursos humanos, lo que no se ha hecho a la fecha, para evadir y/o diferir el enorme costo de liquidaciones y terminaciones anticipadas de múltiples relaciones convencionales. Se ha preferido seguir administrando pérdidas antes de hacer el obligado corte de caja, dado que éste ocasiona una factura impagable, y todos los gobiernos prefieren pasar el saldo al siguiente al bat.
Después, resulta necesario, identificar empresas que sean capaces de hacerse cargo de separar y operar vehículos de liquidación, sin perder la confianza de los centros fondeadores, permitiendo reestructurar el financiamiento sustentable, ello, en un entorno de cierre gradual de unidades inviables en lo comercial o en lo financiero.
Todo lo anterior, supone un gran programa maestro en el que se calendarice el cierre ordenado de áreas que resulten incosteables en el corto y mediano plazo, canalizando los escasos recursos a las áreas más rentables en la corporación, pero, sin caer en el síndrome del liquidador, que hace pensar a quien lo contrae, que la empresa tiene un prometedor futuro, cuando eso es completamente falso.
Todo ello implica la creación de varios organismos de propósito específico, que alcance y ponga en operación contratos colectivos, ad hoc, acordes a la situación, en el que se supriman excesos, abusos; cobros fantasma y cuotas absurdas, incluidas, aquellas incorporadas bajo la sombra del encubrimiento de grandes quebrantos. Esto es, resulta necesario identificar y suprimir todos esos “acuerdos” alcanzados para ocultar operaciones ruinosas o escandalosas, los cuales se instrumentaron con una visión de opacidad y complicidad, y no con miras a la adopción de mecanismos que en lo sucesivo suprimieran vicios, corruptelas y componendas.
Se precisa urgentemente un diagnóstico de los servicios de mantenimiento y reposición, ya que estos se realizan a destiempo y con profundidad insuficiente. La contratación de seguros tiene que hacerse con auditorias de razonabilidad, eliminando pólizas cuyas exclusiones las hacen prácticamente inútiles. Los costos que usualmente paga la empresa rebasan los promedios aceptables a nivel internacional.
En el área jurídica se precisa urgentemente una labor casi arqueológica, que se adentre en las cláusulas arbitrales y de sometimiento de jurisdicción extranjera, preparando un diagnóstico realista que nos dé una idea del valor de las quejas, reclamaciones y demandas, tanto en México, como en el exterior. Resulta imprescindible el detener la extensa práctica de mermar a la institución, con cuestionables acuerdos de orden laboral, en los que todos ganan, menos Pemex. Los extraños e inusitados acuerdos alcanzados con el área administrativa se suman a impresentables convenciones emergidas desde el inframundo de la justicia laboral, inventando construcciones, eventos sindicales y hasta giras por el mundo.
Es inevitable concluir que el sindicato ha sido exitoso en cuanto a ganar terreno frente a un equipo poco preparado y con una trayectoria producto de la politiquería, que, por subsistencia política, privilegia objetivos que desbordan y rebasan a la empresa petrolera. La relación sindical se ha enrarecido mucho más de lo que estuvo con otras opciones partidarias en la silla.
El cartel de los exdirectores debe dejar de abusar de Pemex, por lo que es urgente identificar, analizar, y, en su caso, terminar con opacos contratos que fueron urdidos cuando estaban en el cargo los famosos “ex”, y que fueron materializados por éstos, una vez que lo dejaron. Quizá no son representativos en términos de número, pero, sin duda, lo son en importe, e injustificada sangría al patrimonio de la petrolera. Muchos de ellos fueron obtenidos, irregularmente, a partir de información privilegiada o con la participación de subordinados que continúan al servicio remunerado de quienes les dieron la tan preciada base en el organismo.
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Los directivos actuales conocen la situación, pero lejos de ponerle fin, aspiran a ser nuevos “empresarios” del sector al concluir el encargo. Abundan estas inconvenientes e ilegítimas relaciones, algunas, con quienes asumen de manera, descaradamente, la calidad de directivo en empresas proveedoras y contratista, y otras, en las que cobran a través de servicio de consultoría, asesoría o servicios. Hasta las grúas son contratadas a quienes se supieron hacer de la vista gorda en el momento indicado. En los casos de mayor cinismo, los ex, fungen ya como accionistas en proveedores y contratistas, y todo lo mundo lo sabe y mira hacia otro lado. El Director General de Petróleos Mexicanos pronto dejará la responsabilidad, sin dar cuenta de la forma en que toleró, y hasta benefició, al cártel de los exdirectores.
El área que mayores retos ofrece es la terminación de la doble contabilidad, dado que quienes han estado al frente de la administración han tolerado y permitido la proliferación de operaciones fuera de balance, lo cual no sólo incluye las operaciones en altamar, sino también el tráfico de hidrocarburos no sustantivos. El desorden en el manejo de recursos acopiados en cuentas del exterior es alarmante, y el escaso o nulo control de la madeja de empresas constituidas en el exterior, particularmente en Holanda y España, impiden considerar que existe transparencia en el manejo financiero de la más emproblemada de las empresas petroleras en el mundo.
La Auditoría Superior de la Federación ha dado clara muestra de que no puede, no sabe o no quiere revelar las cuantiosas operaciones que desde, o hacia el exterior, hacen perdidizas enormes fortunas, usando hasta la fecha cuestionable vehículos armados en la Dirección Corporativa de Finanzas, hace ya 20 años.
En suma, se precisa un profundo proceso de auditoría, profesional y capacitada técnicamente, que supere y elimine las notorias ineficiencias que han provocado el inaceptable desorden generalizado en el que todos perdemos, menos, quienes forman parte de ese pernicioso trabuco.
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Nota del editor: Gabriel Reyes es exprocurador fiscal de la Federación. Fue prosecretario de la Junta de Gobierno de Banxico y de la Comisión de Cambios, y miembro de las juntas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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