Reflexiones sobre el tipo de cambio

Ahora bien, es el caso que la ley, que data ya de hace 30 años, no sólo es silente en cuanto a la existencia e impacto monetario que tiene el uso de criptomonedas como activo de reserva de valor e intercambio, sino que, además, jamás pudo prever un torrente de divisas como el que produce, mes a mes, el flujo de remesas.

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La caída del sistema

Bajo las condiciones prevalecientes a fines del siglo XX, y atendiendo a las más sanas prácticas internacionales, en la ley de instituto central se previeron instrumentos cuyo objetivo es “esterilizar”, esto es, neutralizar, el efecto de las divisas entrantes, dando particular tratamiento al que, entonces, era la fuente u origen destacado de éstas, Petróleos Mexicanos. Por lo que el legislador se ocupó, incluso, de normar la relación entre el banco, la tesorería y el entonces potente financiador del presupuesto federal.

El Banco de México y la banca de desarrollo no deben, ni pueden concurrir al mercado cambiario con el propósito de mantener, inducir o preservar el tipo de cambio en un nivel o dentro de una franja, por lo que los activos a su disposición no deben emplearse con tal finalidad. Interferir el tipo de cambio, alegando distorsiones transitorias, movimientos atípicos o cualquier otra razón distinta a la marcada en ley debe ser severamente cuestionada, más, si tales intervenciones ocurren en un proceso electoral.

Lamentablemente, el Banco de México no ha avanzado en materia de transparencia y pública rendición de cuentas, limitándose a revelar el monto a que asciende la reserva, bloqueando toda posible objeción a la catalogación o clasificación de los activos que la integran, así como todo señalamiento de la heterodoxa incorporación de los montos que en ella se les asigna a tales activos.

La convención bancaria se convirtió en uno de esos momentos clave, en el que el anuncio no sólo era propalado entre la comunidad bancaria, sino que, además, el gobernador del banco central, en un cenáculo de expertos exponía las principales directivas y retos de la política monetaria, haciendo algunas alusiones a los aspectos y temas cambiarios, debiendo recordarse que la Comisión de Cambios, contraviniendo la Constitución, se ha encomendado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, teniendo ésta mayoría de votos en tal órgano colegiado.

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Instructivo inicial para desactivar esa bomba de tiempo llamada Pemex

Es claro que el Constituyente consideró no sólo relevante, sino clave, el que fuera el Banco de México, y no una dependencia controlada por el Ejecutivo Federal, el que tomara decisiones congruentes, coherentes y consistentes en los ámbitos monetario y bancario, además del cambiario, dado que es relativamente fácil imprimir sesgos que produzcan manipuladas apariencias, o incluso, espejismos, al no actuar, por error o deliberadamente, con oportunidad en los mercados.

Al aprobarse la Ley de Banco de México emergieron tentaciones autoritarias, que hoy se reflejan en el texto de tal ordenamiento, el cual, señala que es el responsable de las finanzas públicas quien tiene la última palabra en el tipo de cambio. Un viejo político dijo que cuando el tipo de cambio se tambalea, también lo hacen los gobiernos, por ello, impusieron un ajuste al texto originalmente propuesto, mismo que reflejaba cabalmente el mandato constitucional. Sin embargo, dados los personajes y políticas circunstancias involucrados en sus primeros 25 años de existencia, no fueron apreciables resultados indeseables, derivados de la indebida transferencia del control cambiario.

A comienzos de este sexenio, emergieron operaciones swap, que fueron insuficientemente expuestas, sin dar puntual noticia de la forma y términos en que se hacía el ejercicio de la opción inmersa, pero, sobre todo, no se reveló claramente que se trata de un financiamiento que tarde o temprano debe saldarse. No se dio puntual detalle de montos y costo y momentos de pago, siendo todas esas circunstancias relevantes que inciden en nuestro entorno financiero.

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De visita en el inframundo

Posteriormente, se postularon algunas medidas que relajaron la liquidez, en aras de paliar las especiales circunstancias derivadas de la emergencia sanitaria, pero, nuevamente, se actuó con opacidad, dado que no se detalló si las operaciones permitieron el acceso, igual o paritario, a todos los integrantes del sistema bancario, o bien, si existieron privilegios en la medida adoptada. Ello es relevante, dado que la selección de algunos participantes importa beneficios que, si bien tarde o temprano impactan al mercado objetivo, los derivadores iniciales capturan buena parte del provecho.

Es claro que el gobernador saliente supo aprovechar el enrarecido entorno de la pandemia, y el escaso, o nulo, conocimiento de los legisladores que reciben los informes periódicos que, por ley, les remite el banco de bancos.

Apartado especial requieren los auditores externos de la institución que, a lo largo del tiempo, se han caracterizado por emitir informes poco sustanciosos y nada profundos, encontrando un confortable acomodo basados en la proverbial confiabilidad del auditado. Son tan especiales y particulares las partidas, subpartidas y rubros de la institución, que los enviados a revisar los estados financieros acuden más bien a ser aleccionados respecto a la forma en que opera un banco central, siendo muy difícil que, dada la excepcionalidad y extraordinaria composición del balance, puedan objetar, cuestionar o señalar vicios, irregularidades o preocupaciones.

Cómo olvidar el rescate bancario, cuando los cinco grandes no encontraron materia de cuestionamiento a los bancos al cierre de 1993, y, unos meses después, se comprobó que todo el sistema estaba comprometido. El problema en materia de auditoría es tan complejo que, en aquel entonces, como tendría que hacerse ahora, sólo se cruzan los mismos auditores de una institución a otra, siendo incapaces de producir reportes que pongan a sus colegas en la picota, pues ellos correrían seguramente la misma suerte en alguna otra institución. La auditoría bancaria es sólo una buena intención, que a veces, ha empedrado difíciles caminos.

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¿Cuál es la esencia del pacto constitucional?

Pero hoy, como nunca, es importante regresar a los dictámenes producidos por los auditores externos del Banco de México. No sólo quienes salieron a fines del año pasado, sino de quienes ahora ocuparán el comprometedor encargo. Mucho tiempo fue sólo “timbre de orgullo” tener esa importante, pero decorativa, encomienda. Ahora, quien ponga su firma en los estados financieros tiene un gran reto, explicarnos cómo se han esterilizado cientos de miles de millones de dólares, a la luz de un desempeño del PIB, tan malo, como el peor que hayan tenido gobiernos neoliberales.

Esto es, exponer no sólo por qué las operaciones cambiarias y otras del banco no se traducen en un remanente de operación, sino cómo la transaccionalidad nos conduce a un tranquilizador neteo del activo y el pasivo en balance cero. Lo anterior, en el entendido de que hay importantes activos no líquidos, o no realizables, en el corto plazo, en la reserva de activos internacionales, como aquella genial aportación al FMI que impulsara Meade a finales del sexenio de Calderón, la cual, entre otros muchos activos, flota en un mar de window dressing.

La estrategia de la FED recuerda mucho a aquella que, en los años 80, empleó el banco central japonés, usando un yen subvaluado, como ariete comercial, pero eso, es otra historia. Por lo pronto, las autoridades tienen la palabra. Es momento de detallar cargos y abonos.

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Nota del editor: Gabriel Reyes es exprocurador fiscal de la Federación. Fue prosecretario de la Junta de Gobierno de Banxico y de la Comisión de Cambios, y miembro de las juntas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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