A lo anterior se suma la falta de inversiones en el sector. Para este año, el presupuesto casi se redujo en un 10% respecto al año anterior y es similar al presupuesto que se asignaba hace una década. Esto ha mermado la posibilidad de tener un mantenimiento óptimo, sustitución y cambio de la infraestructura hidráulica. Tenemos una situación grave de tuberías que han rebasado su vida útil (hay redes de agua de más de 50 años). Esto se traduce en una pérdida de agua, desde las redes de distribución, que alcanza hasta el 50% en algunos estados.
La falta de atención a temas básicos no nos ha permitido avanzar, por ejemplo, en algunos otros más complejos. De entre ellos, la tecnificación del campo, que es el principal usuario del recurso, sector que utiliza el 76% del total de agua disponible, y a quien no debemos satanizar sino buscar mejoras para impulsar el uso eficiente del agua; o en construcción de infraestructura para el tratamiento y regeneración de agua.
Estos desafíos hídricos que nos han llegado a un contexto como el actual, sin precedentes demandan, de manera crítica, una reacción inmediata de los tomadores de decisión y, por supuesto, una acción colectiva, informada y comprometida de la sociedad. Pero, sobre todo, demandan un nuevo enfoque de gestión en donde la agenda del agua sea el centro de nuestra atención. La elección de nuevos responsables de la administración del país ofrece una oportunidad histórica para que la agenda del agua retome esa prioridad que ha perdido.
Ante este escenario, diferentes organizaciones de distintos sectores han impulsado diferentes iniciativas y propuestas. En lo inmediato, el llamado urgente se centra en quienes aspiran a ocupar un cargo público en las elecciones del próximo 2 de junio, en los tres niveles de gobierno en el ámbito del Poder Ejecutivo y Legislativo.
El camino hacia soluciones es muy claro: México necesita un cambio de paradigma hacia una gestión del agua sostenible, eficiente y resiliente a los desafíos climáticos. Para lograrlo, es indispensable comenzar por detonar acciones colectivas para guiar a los líderes políticos, las organizaciones, el sector privado y la ciudadanía, hacia un compromiso tangible y efectivo por el futuro hídrico de nuestro país.
Esto significa la necesidad de priorizar la agenda del agua con una Estrategia Nacional con visión al 2050, con una inversión que representa, por lo menos, 140 mmdp anuales en un lapso de 10 años. Para comenzar, debería quedarnos claro que este es un proyecto en el mediano y largo plazo. No podemos reinventar el país cada 6 años.
