La presente administración ha llevado el concepto “subsidio” al extremo. Se dieron cita dos grandes males, la obcecada pretensión de revivir una obscura caja negra, generadora de ingresos de libre disposición, y la más avasallante anulación de los órganos de fiscalización, esto es, tanto, de la Cámara de Diputados como de la Auditoría Superior de la Federación. El resultado es que nadie sabe qué pasó con billones de pesos, pero peor aún, para seguir sentado en la mesa de las apuestas irresponsables, se precisa de sumas a las que México ya no tiene acceso en el corto plazo.
Pemex-CFE, ‘non performing assets’
Si a Pemex y a la CFE les quitan la andadera de las transferencias y aportaciones, las dos aparecen como lo que realmente son, un lastre para las finanzas públicas. Atarse a ellas es como aferrarse a una pesada losa en medio del mar. La deficiente programación financiera, aunada al esperable agotamiento de ingresos extraordinarios nos han llevado al estado del default de ciertos compromisos financieros, lo que representa un alarmante foco rojo en materia de finanzas públicas. Sí, fueron muchos y cuantiosos los cobros excepcionales y extraordinarios, pero tal fuente se ha agotado.
El tabasqueño no es mago, ni mucho menos un genio financiero. Obtuvo recursos abundantes recursos excepcionales, abusando de potestades del estado, no sólo en el ámbito fiscal, sino también ajustando, voluntariamente, a la fuerza, convenios y compromisos a cargo del gobierno. Comprometiendo y desdorando la palabra y el buen crédito de éste.
Hemos visto cómo el gabinete se regodea, presumiendo un aumento en los salarios mínimos, el cual, no es producto del aumento en la productividad, ni se sustenta en la existencia de un fortalecido mercado interno, sino del mero capricho y la imposición hecha por funcionarios que no saben que esa variable debe tener un sólido sustento técnico, es más, jamás hicieron el intento de construirlo.
Se ha dicho, con razón, que el presidente se enorgullece de aquello que debería avergonzarse. Ese aumento sólo tiene detrás una desinformada opinión, y mucha, mucha saliva, pero en nada ayuda a los trabajadores, dado que, tarde o temprano, erosionará la fuente de empleo y mermará la capacidad de las empresas para recuperar la rentabilidad perdida. Sí, aunque no nos guste aceptarlo, no hemos vuelto realmente al lugar en el que nos encontrábamos antes de la pandemia.
La palabra demagogia se gastó tanto que ya nadie quiere decirla, aun cuando es el término que mejor describe el discurso oficial en materia de salarios. Lamentablemente no existen cúpulas empresariales que, haciendo valer su preponderante peso en la generación del PIB, se paren frente a la autoridad a presentar una posición digna de la industria y el comercio. El temor de algunos, y las negociaciones en lo oscurito de otros, han acabado con la representación empresarial. No existen voces que hagan frente ante caprichos y arbitrariedades, y, por lo tanto, es sólo gobierno el único que habla en las mesas en que concurren el sector público y privado.
Siendo así, las empresas que integran la cadena petrolera de suministro pronto se dieron cuenta de que la extrema especialización, los ató a un perverso monopolio que da y quita vida a proveedores y contratistas. El nivel de endeudamiento con ellas es una cifra negra, dado que, escondido bajo el manto que tendió el ministro Pérez Dayán, se encuentra el saldo que se adeuda a proveedores y contratistas. De un plumazo se anuló el control de tal pasivo. Pemex, poco a poco, mata a los que le dan oxígeno, pero se enorgullece de la forma atrabiliaria en que ha venido sometiendo a los empresarios, quienes sólo pueden optar entre hundirse más en ese fango, o morir.
En su tiempo, Reyes Heroles advirtió del peligro que representaría dar un tratamiento distinto al crédito, del financiamiento de la procura. No en vano se estableció en la ley un andamiaje claro y preciso que obligaba a no caer en excesos, sujetando a un férreo control el financiamiento obtenido de proveedores y contratistas, sin embargo, las ansías por postular, lo que hoy es una fallida candidatura a la presidencia de la Corte, acabó por liberar a un fatuo engendro que hoy vive sumido en una deuda impagable.
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La sobretasa que todos los mexicanos pagamos por la ineficiencia de Pemex y CFE ya hecho estragos en el programa de servicio de la deuda, a grado de llegar al absurdo de que el gobierno se presta a sí mismo, vía la banca de desarrollo. Lo que en otros países tendría tintes delictivos, aquí no llega siquiera a observación contable.
La muy deficiente fiscalización de CFE y Pemex es suficiente motivo para que, por mínima decencia, el titular de la ASF no pretendiera reelegirse, sin embargo, en este cambalache, las fallas de seguimiento terminaron con el despido de quien detectó el quebranto, devolviendo el encubrimiento a los más oscuros episodios del echeverriato.
De la mano del titular de la ASF, pero soterrados en los oscuros pasillos del inframundo, han surgido “consultores” que disipan y dispersan observaciones, se trata de esos, que otrora, fueran funcionarios estrella y cara visible del neoliberalismo. Hoy cobran lo indecible por limpiar la cara de la 4T, nadie mejor para esa labor.
A su llegada, la presidenta caerá en la tentación de mantener creciendo la bola de nieve. Sentirá que, el no hacerlo, sería tragarse las palabras de su antecesor, pero, tarde o temprano, advertirá que pone en riesgo la operación del gobierno mismo y que, de seguir la ruta, inevitablemente se encontrara arrinconada. Los que siempre han vivido de lo que ilusamente se denomina “empresa productiva del estado”, le dirán que es preciso seguir apoyándole, lo que harán agazapándose en una noción fantasiosa de la seguridad nacional. Le pedirán que caiga en ese sueño de opio al que se entregó el actual residente de palacio.
Es claro que la electa tendrá que aceptar que tiene en sus manos una crisis de deuda pública, la cual ha sido contenida y maquillada por el actual titular de las finanzas públicas. Cuando lo haya hecho, tendrá que encontrar la forma de no parar en seco, como torpemente lo hiciera Ernesto Zedillo. Debemos estar conscientes de que la vorágine de abusivas tasas de interés tiene a poderosos intereses internacionales en un estado de adicción a las emisiones de Pemex y CFE. Ellos no permitirán con facilidad que éstas cesen, ni siquiera que se pausen, demandarán que el gobierno mexicano siga soportando su vicio.
Pagar con deuda soberana la operación de CFE y Pemex supondría un incremento monumental en el registro de la deuda nacional, y haría evidente que, tomar como referente y medida de un sano endeudamiento, algún porcentaje del PIB, es una infantil tomada de pelo. Lo importante es con cuánto se dispone para servir la deuda. En nuestro caso, el asunto es aún peor, ya que la Constitución ordena que el endeudamiento se asuma identificado la fuente de pago, asunto del que, David Colmenares, exentó a esta administración. Nuestro margen es nulo. Así es, la deuda pública ya tocó techo.
Posteriormente, quien presida tendrá que plantear un esquema de saneamiento de la industria energética nacional, en el que, el objetivo de largo plazo debe ser la liquidación de las moribundas empresas. En el corto plazo, se requerirá no retomar, sino ampliar, de manera drástica, la interacción con el sector privado. En el mediano plazo, el objetivo debe ser un contundente redimensionamiento, para atender prácticamente ya sólo a economías subdesarrolladas, incapaces de implementar una rápida transición energética. Para ello, se requiere hacer una ingeniería de procesos profunda; reestructurar el contrato colectivo de trabajo; separar las áreas inviables de las que tienen algún futuro, separando balances, esto es, dejando de ocultar pérdidas, pero, sobre todo, debe darse frontal lucha a la corrupción, el abuso, y la ineptitud, que son divisa en casa.
Al concluir los sexenios hay que distinguir dos procesos, uno, que transcurre desde que arranca el último año, hasta la elección, y otro, que corre de que ésta sucede, hasta el día en que se recibe la banda. En el primero, el saliente hace saber al candidato lo que de él espera, en el segundo, éste hace saber lo que considera debe hacer quien termina el cargo antes de entregarlo.
López Obrador no ha terminado aún de enunciar las obras y proyectos por concluir, ni todo aquello que estima se requiere para continuar con lo que él llama la 4T. La candidata oficial no ha hecho sino repetir, o asumir como propio, el discurso de quien sale, a modo de garantizar que la maquinaria opere en su favor, sin embargo, al día siguiente del proceso comicial, la actitud será otra, y tendrá, como todos los que llegan, que exigir se adopten duras medidas o se pasen tragos amargos, para no mermar el capital político con el que ella llega.
Hace algunas décadas, tal asunto se agotaba planteando la interrogante sobre si devaluar o no. Hoy, hay una larga lista en la agenda de temas por definir, incluyendo, por supuesto, el tipo de cambio, pero no sólo eso, es preciso establecer hasta dónde el gasto público se destinará a cubrir los asistencialistas y electoreros programas sociales, y qué tanto se destinará a las fallidas empresas de estado. Sí, a partir de ese día, lo importante no será hacer quedar bien al líder máximo de la transformación, sino el formarle imagen a la recién electa.
En otra entrega, haremos revisión de todos esos temas que cambiarán su estatus, de preferente, a sacrificable, por el simple transcurso de la noche del día de la elección. Por lo pronto, baste decir que la candidata ungida debería estar en condición de pedir que, dentro de los últimos actos de la administración, se apruebe una masiva liquidación de todas las plazas redundantes, tanto en Pemex, como en la CFE. No sólo ello, el actual residente de palacio nacional debe sentar las bases para renegociar el contrato colectivo de ambas. De no ser así, el gasto laboral por concepto de recursos humanos activos y retirados, hará inviable a esas entidades en el corto plazo.
En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el saliente debe operar una drástica reducción de los recursos presupuestales que se destinaran a esas entidades burocráticas, empezando por recortar, o suprimir, los múltiples conceptos que encubren soterradas “compensaciones” a la representación sindical en ambas entidades.
Muchas cosas se decidirán y debatirán a partir del 3 de junio, pero una de ellas es la suerte que correrán las empresas que el estado mexicano, simple y sencillamente, no puede continuar subsidiando. El enfrentamiento será inevitable, por lo que la candidata debe dejar bien claro al que sale que, de no proveer a la estabilidad de la operación gubernamental, muchos de los compromisos que éste espera se cumplan, tendrán que ser puestos en suspenso.
Gane quien gane, habrá decisiones que son excluyentes de otras, y planes y programas, que necesariamente enfrentarán al actual gabinete con el que está por definir. La lucha por sacarse la rifa del tigre ha llegado a su punto más interesante.
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Nota del editor: Gabriel Reyes es exprocurador fiscal de la Federación. Fue prosecretario de la Junta de Gobierno de Banxico y de la Comisión de Cambios, y miembro de las juntas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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