Es claro que pueden existir distintos modelos de aprovechamiento de la riqueza nacional, pero también lo es que el despliegue deficiente, incompleto o simultáneo de ellos puede traer severas consecuencias que, con el tiempo, se vuelven complejas de revertir. Lo que ha hecho este gobierno es una clara muestra de cómo anular las ventajas y beneficios de un esquema, al haber impuesto, en paralelo, sesgos u orientaciones de otro, ocasionando que ninguno de los dos opere en beneficio de la población.
Cómo afectar la riqueza nacional, alegando la seguridad nacional
Sólo de haber reformado la Constitución, el Ejecutivo habría podido poner en marcha lo que hoy es ya una fallida propuesta de cambio en la administración y manejo de centrales de generación eléctrica.
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La ruinosa fórmula desplegada por el detentador de la silla presidencial ha terminado por poner al país en una situación crítica, y todo, debido a que no supo, o no quiso, aceptar que la estrategia para asumir el control total de la industria eléctrica tendría que comenzar por un cambio constitucional, el cual, política y financieramente era notoriamente inviable desde que comenzó el sexenio. Así es, sólo de haber reformado la Constitución, el Ejecutivo Federal habría podido poner en marcha, lo que hoy, es ya una fallida y desastrosa propuesta de cambio en la administración y manejo de las centrales de generación eléctrica.
Hacia adelante, es claro ya, que ni aun reformando el documento fundacional podría implantarse el obsoleto y poco funcional modelo que postula el poner en manos de un solo agente económico, tareas que deben funcionar de manera completamente independiente y separada. La generación, el despacho, así como la transmisión y distribución son funciones que se excluyen, y deben ser llevadas al cabo con claras fronteras.
Hay que recordar que el año 2013 México adoptó un modelo en el que el Gobierno Federal asumió diversos compromisos, empezando por los relativos a la transición energética, los cuales, lejos de ser cumplidos, están cada día más distantes de la meta, dada la esquizofrénica y caprichosa decisión anteponer objetivos políticos a los técnico-financieros dispuestos a lograr el propósito. El compromiso fundamental a cargo del sector público era rehabilitar, acondicionar y optimizar la infraestructura de transmisión y distribución eléctrica, lo cual, de haberse hecho, habría convergido virtuosamente con el proceso de nearshoring, al no haber ocurrido, se convirtió en obstáculo al mismo.
Tras décadas de malas decisiones en el sector, esta administración adoptó la peor de las ideas, el pretender mantener el control centralizado de las funciones de regulador, generador y encargado de la red de transmisión y distribución de electricidad. Esto es, ser pitcher, cátcher y bateador al mismo tiempo. Se olvidó que la mejor forma de rendir cuenta es concentrarse en un objetivo alcanzable, y no el dispersar, por no decir dilapidar, recursos en alcanzar una meta irrealizable. Más que estrategia, presenciamos una obsesión ideológica.
Hoy, es claro que el estado de la red de transmisión y distribución es más que lamentable, y que, el mal uso que se ha hecho de ella reclamará muchos más recursos que los que se necesitaban hace 10 años. Infortunadamente, se encomendó el proyecto a personajes con gran experiencia en el área de vender espejismos, sin especialidad en el sector eléctrico. Peor aún, se dio a la CFE un cariz de autoridad de hecho, poniéndola por encima, y en velado control, de las autoridades reguladoras, incurriendo así, en el mismo error que se cometió al entregar a políticos la banca en los años 80. Hoy, todos conocemos los catastróficos efectos de haber politizado el control y supervisión de los bancos.
Es cierto que la Suprema Corte, aunque tardíamente, reprobó la autoritaria mecánica de obligar a los particulares a generar electricidad barata, para que la CFE la vendiera, selectivamente, a precios muy distintos a los que derivan del costo de generación. En algunos casos, a precios de subsidio que permitieran la propalación de un mensaje ideológico, y en otros, empleando tarifas de castigo a usuarios no afines al partido en el poder, las cuales, sólo acabaron por encarecer las mercancías que se producen con el uso del consumible.
Es también claro que a nivel de los juzgados y tribunales no se han comprendido los efectos y consecuencias de las medidas impulsadas por la burocracia, por lo que, en algunos casos por ignorancia, y en otros, por temor, se ha actuado de manera timorata, deficiente, y hasta contraria a los intereses nacionales. Cobijados en un ramplón formalismo, muchos juzgadores dieron la espalda a los justiciables, cerrando los ojos ante los atropellos.
Así es, de manera irresponsable y sesgada, se contrapusieron dos modelos, uno constitucional y otro administrativo, construido conceptualmente, éste último, bajo reglas y nociones de una economía de dirección estatal o basado en la operación de monopolios estatales, lo cual, ni permitió modernizar la red de transmisión y distribución, ni tampoco propició se realizara la inversión suficiente para construir el número necesario de centrales eléctricas a lo largo y ancho del país, poniendo en riesgo el completo y oportuno abasto del energético.
Hay que dejar bien sentado de que no hablamos de un modelo en construcción o en vías de implantación, se trata del más desastroso fracaso de lo que quiso ser una política pública, el cual, de manera pueril, ahora se ha tratado de disfrazar “comprando” capacidad de generación, a sabiendas de que la aberrante transacción no agrega un solo megawatt a la oferta nacional, es más, en tan sólo unos meses, es posible afirmar que la ha mermado, dado que las centrales, adquiridas a uno de los principales competidores de la CFE, ya están a la deriva, y, si no se realizan urgentes inversiones para su mantenimiento y optimización, ellas entrarán en ruta de la chatarrización.
Como en todo gorilato que se respete, sin insultar a las nobles bestias, se alzó la bandera de la seguridad nacional, cuando en realidad, lo que más se ha afectado, abandonando la red de transmisión y distribución, es precisamente eso.
La idea o noción preferida de los gobiernos totalitarios se invocó como desesperada salida ante la reprobación de la falta de respeto a las formas jurídicas, y al no haberse podido imponer el objetivo de no desembolsar recursos presupuestarios: La idea era recargar el costo de las medidas propuestas en el sector privado, al cual se le cobró una especie de derecho de piso. No era necesario tener facultades adivinatorias, para saber que la demanda, tarde o temprano, pondría en jaque a la oferta, ya que el gobierno no cesó en amagar, intimidar e imponer absurdos costos regulatorios sobre quienes habían conseguido, con grandes esfuerzos el poner los cimientos del aparato eléctrico que el país reclama.
Hay que decirlo, la causa de los apagones no es el clima, sino la mermada oferta, que no es sino directa consecuencia de un proceso autoritario, carente de recursos bien gastados y de expertos al cargo del timón. La ruta se marcó desde el inicio del sexenio, dejando claro que serían las penínsulas las primeras y más severamente afectadas. En un mapa de distribución aparecen como ínsulas. Pero, debe reconocerse, también falló el poder legislativo, que se entregó ciegamente a temerarias propuestas, a sabiendas de que en nada beneficiarían a la población, y el poder judicial, que decidió ejercer funciones hasta que el daño ya estaba hecho.
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La experiencia internacional demuestra que lo que se requiere son autoridades responsables en posesión de un marco jurídico moderno y eficiente, que permita conducir, adecuadamente, la concurrencia de los sectores social, público y privado, con capacidad de reacción y adopción oportuna para evitar trastornos y afectaciones a la población, siendo, el más ineficiente, lerdo y tardío sistema, el que se funda en la propiedad monopólica o dominante de los activos de generación.
Es importante el recalcar que no es una fórmula en vías de implantación la que hoy se defiende desde el púlpito oficial, ni una mecánica inacabada, que con el tiempo revertiría los funestos resultados. No, por un lado, el gobierno carece de los recursos necesarios para emprender la gigantesca y urgente acción que reclama México en materia de transmisión y distribución. Ya se acabaron hasta los más secretos guardaditos. Por otro, la afectación al modelo de transición y de generación eléctrica concurrente, reclaman, urgentemente que, por algunos años, el sector público se avoque, únicamente, a la reconstrucción de la red de transmisión y distribución. Una vez que el sector público cumpla a cabalidad con lo que sí es un mandato constitucional, podría embarcarse en asuntos que ha dejado claro, hoy por hoy, le rebasan presupuestal, administrativa y técnicamente.
Ya no sólo se trata de un estacional problema de cortes en el suministro, sino que es claro que la industria y el comercio no cuentan con la energía eléctrica que demandan para crecer y expandirse. Hace mucho que la CFE oculta que no atiende los constantes y crecientes reclamos de energía en todo el país. Así es, las erradas decisiones nos conducen a un inminente desabasto si no se corrige el rumbo, y eso, afecta, innegable e ineludiblemente, la riqueza nacional, la cual ha sido víctima de una inaceptable, ignorante, pero apabullante, alusión a la seguridad nacional.
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Nota del editor: Gabriel Reyes es exprocurador fiscal de la Federación. Fue prosecretario de la Junta de Gobierno de Banxico y de la Comisión de Cambios, y miembro de las juntas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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