En un entorno de confrontación electoral, las autoridades financieras han comenzado un proceso de socialización de lo que es una peligrosa idea, cuyo objetivo es asumir, como deuda soberana, el endeudamiento de Petróleos Mexicanos. Dicha propuesta no es sino la apresurada, y hasta desesperada, postura hacendaria ante dos realidades. Por un lado, que el perfil financiero de la petrolera no empata con el exiguo flujo esperado hacia finales de año, y, por otro, que cada vez se cuestiona más, tanto en el interior, como en el exterior, la capacidad operativa y financiera de la entidad pública. Todo ello apunta a nuevos incrementos en las tasas que serán impuestas a lo que es ya una empresa chatarra.
No al ‘Pemexproa’
El problema de la deuda a cargo de Pemex no sólo es el monto, sino la mermada capacidad de éste para servirla, el cual no muestra signos que permitan suponer que se encuentra en vía de recuperación.
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Nuestra Constitución no permite la operación que proponen los funcionarios hacendarios, dado que no cumple con los extremos exigidos por el constituyente. Ello es así, porque no se trata de pasivos que tengan como objetivo la inversión productiva, esto es, no se emplean, ni se destinaran a una actividad que genere los recursos para sufragar la deuda asumida, es un financiamiento para cubrir pasivo.
Tampoco se trata de un refinanciamiento, dado que, en esa operación, por definición, el sujeto que refinancia sólo obtiene un nuevo horizonte para el servicio, ello, con nuevos plazos, tasas u otras condiciones relevantes, pero no “reabre” su capacidad para tomar deuda, transfiriendo su pasivo al balance de un “tercero”. Lo propuesto no es un refinanciamiento, sino una cesión de deuda, la cual, no está prevista en nuestra legislación constitucional, por obvias razones, ya que se trata de una grotesca simulación que sólo agrava la situación de la deuda oficial. Resulta simplemente inaceptable que deuda contratada sin observar los requisitos constitucionales y legales, exigidos en el derecho patrio, puedan, de un plumazo, ser asumidos por la Nación
El problema de la deuda a cargo de Pemex no sólo es el monto, sino la mermada capacidad de éste para servirla, el cual no muestra signos que permitan suponer que se encuentra en vía de recuperación, sino todo lo contrario. Transferir o aportar dinero a la petrolera, cuando se encuentra sumida en un mayúsculo desorden administrativo es irresponsable. Destinar sumas provenientes del presupuesto, sin previamente arreglar su viciada operación, raya en la negligencia. Pero restituir la capacidad para que el engendro adquiera nuevos pasivos, simplemente carece de justificación legal, financiera y política.
Es claro que la deuda contratada por Petróleos Mexicanos no sólo acusa negligencia e irresponsabilidad, sino que antes de cualquier saneamiento o rescate, su deuda debe pasar por el tamiz del control constitucional, para ser reconocida como plenamente válida y exigible. Sin tener esa revisión parlamentaria previa, resulta inconcebible consolidarla con la que gravita sobre el crédito público.
Así es, gran parte de la deuda no pasa estándares de legalidad, debiendo ser repudiada, iniciándose un procedimiento de financiamiento de responsabilidades, esto, dado que muy posiblemente tendrá que ser honrada y pagada, pero teniendo como causa la responsabilidad patrimonial del Estado. Los controles establecidos para la deuda petrolera fueron relajados e inobservados criminalmente, por lo que no puede mezclarse, sin un ejercicio de auditoría previo, con la nacional. Presentar un proyecto de consolidación, sin haber llevado ante la justicia a quienes ocasionaron el desfalco resulta impresentable.
Ya se han hecho notar visitantes extranjeros en el despacho presidencial. Reclaman se asegure y garantice la descomunal deuda colocada en los mercados del exterior, por un emisor que no califica como tal, conforme a estándares internacionales, y que, con razón, ya es acusado de fraude contable. El tamaño de la deuda y la nula trasparencia del Master Trust, así como de otros vehículos esenciales en el opaco proceso de financiamiento, preocupan a los tomadores de deuda, ya que un ajuste brusco de las abusivas tasas de interés con las que ha Pemex ha mantenido creciendo la bola de nieve, podría generar un severo descalabro en el vecino país.
Hay quienes, ilusamente, dicen que la intentona promovida desde Palacio Nacional no es como el cuestionado Fondo Bancario de Protección al Ahorro, pero quien lo dice, claramente ignora que se trata exactamente del mismo caso. Así es, algunos subsecretarios de hacienda señalaron la conveniencia de asumir como soberana esa deuda, a efecto de reducir las tasas, lo que ocurrirá al ser incorporado el pasivo petrolero al endeudamiento nacional. Olvidan que fue precisamente ese objetivo el propuesto a finales de los años 90 del siglo pasado, con relación al extinto fondo. Dicen también que el pasivo financiero de Pemex ya es deuda pública, como, en términos estrictos de ley, también lo eran los avales del Gobierno Federal suscritos con motivo del rescate bancario por la SHCP. Hasta ahí ninguna diferencia existe. Pero si una distinción, esta consolidación sería mucho más cara.
Iracundos, algunos defensores de clavarle a los mexicanos los abusos, tropelías y hasta grotescos ilícitos imputables a los funcionarios de Pemex dicen que es muy diferente, dado que el origen de la deuda es la gestión oficial, pero tales energúmenos olvidan que la parte sustantiva del rescate bancario, instrumentado a finales del siglo pasado, eran créditos otorgados por la banca oficial, tramitados de manera irresponsable, deficiente e irregular. Así, es la gran masa de créditos fallidos fueron producto de una banca oficial en manos de funcionarios que hicieron de las instituciones caja chica a disposición del gobierno. El enorme quebranto, que constituía obligado caso de rescate financiero a la llegada de Carlos Salinas de Gortari, era ya deuda pública. El proceso de desincorporación fue un maquinado mecanismo para transferirla al sector privado que, a la vuelta de los años, fracasó.
Sí, tras casi una década de banca nacionalizada, en la que el gobierno usó a las sociedades nacionales de crédito como cartera electoral, se acumuló un enorme activo incobrable, que puso de rodillas a la banca mexicana. Su consolidación con el pasivo oficial debió hacerse antes de poner a la venta los bancos, pero, lamentablemente, se prefirió la simulación orquestada por Pedro Aspe, quien contó con la ilimitada colaboración de la Comisión Nacional Bancaria, la que, años después, ya consolidada con la de Valores, trató de ocultar el verdadero origen del problema.
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Los compradores de los bancos en el proceso de desincorporación fueron engañados, y ellos, ejerciendo la cláusula de pasivos ocultos y activos inexistentes, quisieron revertir las compras, pero el gobierno, consciente del efecto en la abultada deuda pública, prometió ayudas de todo tipo, incluyendo amnistías regulatorias; flexibilización de coeficiente de liquidez; permisión de créditos cruzados, así como un sinnúmero de abusos operativos que, al ser tolerados, mantuvieron a los compradores en la mesa hasta la llegada del nuevo gobierno.
Los funcionarios desincorporadores tenían una misión, volver privada la deuda pública. Hacer que unos cuantos pagaran por los inconfesables atropellos de la clase política. Pero el bumerang regresó. Es falso e insostenible, el decir que con el rescate bancario se pretendía hacer pública deuda generada por el sector privado, fue pública desde que Salinas llegó al poder, y siguió siendo pública, cuando el Instituto de Protección al Ahorro Bancario operó, finalmente, la asunción, no soberana, de esa parte de la deuda pública.
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Nada puede ser más igual al Fobaproa, que la idea de asumir como soberana la deuda de Petróleos Mexicanos, siendo importante recordar que el Congreso Mexicano no aceptó que el rescate bancario se volviera deuda del Gobierno Federal. Los transitorios de la Ley de Protección al Ahorro Bancario lo dejan bien claro, no se autorizó, ni se aprobó consolidar la deuda pública documentada como avales del Gobierno Federal, a la deuda nacional, como tampoco hoy debe aceptarse el consolidar la deuda petrolera con la de la Nación.
Lo que es claro, es que no debemos empezar por el final, ya que antes Pemex precisa un profundo y drástico ajuste en varias áreas. La primera, y más urgente, es dar por terminado el contrato colectivo, y formalizar uno nuevo, acorde a la realidad en que esa empresa se encuentra. Lo que supone un enorme esfuerzo de liquidación de todo el personal que no acepte el incorporarse al nuevo modelo.
Como parte del ajuste laboral, es preciso admitir que existen miles de plazas con redundancia, que deben ser inmediatamente depuradas, disminuyendo la sangría que provocan recursos humanos que, con el apoyo del sindicato, no han sido reubicados, y, por tanto, cobran por hacer nada. De igual manera, es preciso el identificar áreas, que por baja productividad, incosteabilidad o decreciente rentabilidad deben establecer un claro programa de restitución a la viabilidad o su desaparición. A la fecha, Pérez Dayán no sabe el tamaño de deuda que tiene con los mexicanos, al haber creado ese profundo hoyo negro que es, el hoy, impagable adeudo con proveedores y contratistas. Su errada decisión tendrá proporciones históricas, pero no para bien.
Dados los avances tecnológicos en comunicación, resulta absurdo mantener representación, legación u oficinas que operen en el exterior. Se precisa una cuantificación urgente de los gastos que estos suntuarios embajadores representan a la institución, siendo todos ellos conocidos por un desproporcionado y fastuoso gasto, que va desde compra o renta de inmuebles que hacen pedazos el discurso oficial en materia de austeridad, hasta aberrantes cuentas de gastos que sólo tienen comparación con la de los jeques árabes que manejan exitosas compañías petroleras. Parecería exagerado el destacar este concepto, pero no lo es, las sumas son tan exóticas y exorbitantes, como prescindibles.
Debe levantarse un padrón de empresas que operan en el exterior, constituidas conforme a legislación extranjera, sujetándolas inmediatamente al control presupuestal, y, particularmente, a una revelación inmediata de todas las cuentas bancarias y sus equivalentes en el exterior, transparentando sus movimientos, a efecto de acabar una de las más grandes lavadoras de recursos desviados que haya visto el país.
Antes de hablar de una posible reestructura financiera del endeudamiento de Pemex, se requiere y precisa de una profunda y contundente auditoría de gestión y desempeño en Pemex, a modo de terminar con el dispendio, la dilapidación, fugas, y porque no decirlo, raterías, que hoy hacen insuficiente, cualquier apoyo que se le pretenda dar a la fallida corporación petrolera.
Se trata de un procedimiento que exige alta calificación, y hasta sofisticación técnica, y sobre, todo una reconocida seriedad y prestigio en la materia, lo que hace que la Auditoría Superior de la Federación esté, de arranque, descalificada, y hasta excluida, al existir notorios indicios de complicidad, connivencia y bien pagada tolerancia.
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Nota del editor: Gabriel Reyes es exprocurador fiscal de la Federación. Fue prosecretario de la Junta de Gobierno de Banxico y de la Comisión de Cambios, y miembro de las juntas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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