FICOLAVI, FOLAPE y otras tomadas de pelo

Basó su acusación en infortunadas conclusiones contenidas en papeles de trabajo elaborados por una de las instituciones más desprestigiadas, y poco fiables de nuestro país, la Auditoría Superior de la Federación, la cual, en un infausto documento, llegaba a la conclusión de que la instalación fabril no valía absolutamente nada, y que, prácticamente, habría que cobrarle al dueño para quedarse con ella. Su burdo análisis, a los ojos de un experto, no supera la prueba de la risa.

Nada más falso, se hicieron técnicas valuaciones por entidades profesionales y bien acreditadas, que demostraban que la tal empresa, más allá de su estado físico, representaba una importante oportunidad para dar un salto importante en la elaboración de fertilizantes, dado que, sólo habría que llevar al cabo algunas modificaciones y reponer ciertos equipos para revolucionar la industria nacional de fertilizantes. Las apresuradas y precipitadas conclusiones hechas por el ente fiscalizador oficial carecían de solidez, y más bien, apuntaban a la falta de pericia del equipo de Petróleos Mexicanos para sacar adelante el proyecto.

A pesar de que ninguna autoridad judicial había decretado la absurda conclusión, que pregonó furibunda e irresponsablemente el presidente, así como de que no existía un peritaje que, en buena lid, determinara el supuesto faltante, por primera vez, el hijo de Tepetitán se enfundó en el traje de acusador, perito, juez y verdugo, sentenciando que se le adeudaba al erario la cantidad de 250 mdd. El empresariado mexicano tuvo entonces dos opciones, cerrar filas y exigir que el procedimiento fuera ventilado seriamente ante instancias jurisdiccionales, o bien, mirar hacia otro lado, esperando que ese asunto apaciguara la sed de sangre y venganza que sufría el residente del virreinal palacio. Se prefirió ignorar el hoy eres tú, mañana podría ser yo.

El resultado del silencio no se hizo esperar, la extorsión se convirtió en modus operandi de un gobierno que sabía que no habría tesoro oficial que soportara las fantasiosas propuestas que pensaba implementar el macuspano, para fincar una sólida cantera de votos. Alguien debía ser ejemplar víctima. Siendo así, se decidió que fuera Altos Hornos de México, empresa que no le entró al moche de los sobres amarillos.

Ante la furiosa cruzada emprendida desde lo que antes fuera el Salón de la Tesorería, ahora convertida en deleznable mazmorra de la inquisición, se dijo que Pemex había sido objeto de un atraco, cuando bien sabía el Ejecutivo Federal que la fallida empresa no compró nada, y que en realidad había sido Pro-Agroindustria, S.A. de C.V., con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, la que compró la planta que no supo reconfigurar el gobierno. Esa empresa no es, ni puede ser considerada parte del gobierno mexicano, dado que se encuentra inserta en la red de simulaciones tendida por Pemex, para burlar y hacer escarnio de la fiscalización oficial.

Se trata de una opaca red de empresas constituidas en el viejo mundo, en las que se guarda dinero de discrecional disposición. Tales fondos se usan de manera arbitraria, más aún que aquella con la que se gastó lo que se conoció como la partida secreta. Así es, se trata de empresas privadas, constituidas con dinero público, desviado por funcionarios de Pemex, la cuales, desde los Países Bajos y España, hacen y deshacen, sin dar cuenta a nadie. Esa pandilla corporativa fue la que compró Agronitrogenados, razón por la cual, amañadamente, Lozoya sólo informó al Consejo de Administración de la petrolera peor manejada en el mundo, dado que no se usarían recursos públicos. Para cubrir el precio se tomó de la negra bolsa de dineros ocultos, los cuales pueden ser todo, menos recursos públicos.

Lozoya y su defensa fracasaron en exponer correctamente que la acusación fue hecha, perversa y dolosamente, por un gobierno que lejos de tener derecho a reclamar, debía explicar cómo todas esas empresas del exterior hacen y deshacen, teniendo en la buchaca, mucho, mucho más que los famosos 250 millones de dólares. El descarado robo al empresario se decretó e impuso desde el matinal atril.

Fue ahí, cuando Mexicanos contra la Corrupción tuvo la oportunidad de evitar que se abusara de una potestad pública en agravio de un ciudadano, haciendo lo propio para evitar que personas que ni la deben, ni la temen, fueran atropellados por quien no sólo desconoce los más elementales principios democráticos a observar cuando se ejerce el poder, sino que, además, ignora vergonzosamente cómo funcionan las instancias que integran el gobierno que encabeza.

De haber cuestionado oportunamente la capacidad para operar una guillotina verbal, sin pruebas, y, sobre todo, sin atribuciones legales para determinar quién debe y quién no, hoy, no tendrían que dolerse, ni rasgarse las vestiduras porque la abusiva facultad de avasallar fuera usada en su contra, prácticamente, en los mismos y términos y condiciones con los que se atacó miserablemente a Alonso Ancira.

Habrían evidenciado, ante la sociedad civil, que un funcionario público, por alta que sea su investidura, no puede cobardemente engolar la voz para censurar a quien no le agrada, ni emplear su dedo flamígero para señalar a quien no le rinde pleitesía. Habrían reprochado a quien instaura egoístas vendettas, de manera irresponsable e infundada, pero, sobre todo, en forma alejada de la ley y el derecho. Habrían condenado el proceder que hace nugatorio el más elemental acceso a la justicia, anulando los medios de impugnación. Sí, habrían atacado, desde su arranque, la transformación de un candidato ungido en las urnas, en draconiano autócrata.

De haber pensado que una vez que cae pisoteado el primer ciudadano por un arrogante tirano, es solo cuestión de tiempo para que caiga el segundo, el tercero y todos los que sean necesarios para colmar el insaciable capricho de quien llegó a la silla para cobrárselas todas juntas, habrían advertido que el profundo resentimiento no se apaciguaría a lo largo del sexenio.

De haberlo hecho, los que hoy forman parte de ese movimiento civil, ya habrían aportado un serio análisis que desestimara el cobarde infundio. Llegarían pronto a la conclusión de que mucho hay que hacer en el tema, pero que, sin duda, no hay elementos para acusar a quien preside su organización.

Más allá de lamentaciones, reprimendas y dolidas condolencias, habrían encontrado que los recursos de los que se habla no tienen la calidad de recursos públicos, ya que, por un lado, las pensiones que se pagan con cargo al contrato colectivo de Pemex, sino el más caro del mundo, si el más abusivo y absurdo, son sumas que han sido ejercidas por el patrón para cubrir una prestación de orden laboral. Por otra parte, que las sumas que paga cualquier aseguradora se disponen de un caudal acumulado y reservado por una entidad privada, que cobra, y bien cobra, primas por prestar un servicio de orden mercantil. Toda reclamación al respecto es entonces de orden laboral o comercial.

Pero más allá de eso, habrían dado con uno de los más grandes desfalcos en que ha incurrido la dirigencia de Petróleos Mexicanos. La desaparición grave y sistemática de los fondos destinados al pago de pensiones, en esa lastimosa y desvencijada entelequia que aun cínicamente llaman empresa.

A Pemex no le faltan 31 millones de pesos, le faltan más de 2 billones de pesos en el Fideicomiso de Cobertura Laboral y de Vivienda (FICOLAVI), los cuales han sido desfalcados por una improvisada, cómplice y culpable administración que no quiso, no supo y no pudo conservar valor corporativo a su cuidado, ni proteger los activos que integran el patrimonio institucional. Las pensiones deben pagarse no cargo al presupuesto operativo de la improductiva gestora de contratos, sino con cargo al patrimonio de los vehículos establecidos conforme al ordenamiento laboral. Qué decir ahora del defenestrado FOLAPE, que pretendió compensar y paliar las ruinosas inversiones que hizo la directiva de la petrolera con los recursos de los trabajadores.

El primero de ellos fue creado en tiempos de Salinas de Gortari, y el segundo, en tiempos de Zedillo. Los cuantiosos fondos no tienen, ni deben tener el carácter de recursos públicos, dado que, al dotarse a los vehículos de recursos provenientes de la operación y funcionamiento de la entidad pública para cumplir una obligación laboral, dejan de tener tal carácter, e incluso, de provenir, indebidamente, de recursos presupuestales, una vez que son destinados al cumplimiento a tal propósito, la partida se ejerce, y dejan de tener el régimen propio del recurso público. De lo contrario, el dinero pagado como sueldos, salarios, aguinaldos y demás compensaciones serían objeto de fiscalización oficial, lo cual, es a todas luces ridículo.

El primer agraviado debería ser el sindicato de Pemex, ya que no debe, ni puede admitir que se dé a los recursos patrimoniales destinados al pago de pensiones, el carácter de recurso público, y, por tanto, de disponibilidad financiera del Gobierno Federal. Esto es, ni la Cámara de Diputados, ni el Ejecutivo Federal deben disponer, a su arbitrio, de tales sumas. Ahora bien, cómo fue que ha desaparecido el caudal que responde por las pensiones de los petroleros, a consecuencia de torpes y corruptas decisiones de inversión de tales recursos por parte de la alta gerencia de Pemex, es respuesta que, en primera instancia debe dar la representación sindical, y, en segunda, Octavio Romero.

Pero volviendo al caso que hoy nos ocupa, debe decirse que sólo el fiduciario del FICOLAVI o del FOLAPE podrían enderezar reclamación en contra de Amparo Casar, ya que las cantidades por ella recibidas, en caso de provenir de cuentas de Pemex, son sólo una mínima parte del dinero que la petrolera restituye a esos fondos, a los que les debe una suma que rebasa, en mucho, lo que está a su alcance. Una vez más, Petróleos Mexicanos carece de legitimación para demandar y más para denunciar. De modo que la única corruptela a la vista es la de un gobierno que traficaba con los expedientes y los no ejercicios de la acción penal, y que, por falta de memoria de los involucrados, se olvida estaba en manos de Andrés Manuel López.

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Nota del editor: Gabriel Reyes es exprocurador fiscal de la Federación. Fue prosecretario de la Junta de Gobierno de Banxico y de la Comisión de Cambios, y miembro de las juntas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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