En este mismo espacio hablé sobre la pobreza energética en nuestro país y la manera en la que impacta a las mujeres mexicanas. Recordemos que la falta de acceso a energía confiable y limpia tiene importantes consecuencias que afectan negativamente la salud, la seguridad y limitan el acceso a oportunidades económicas y educativas para las mujeres. Las Políticas Energéticas en Latinoamérica no integran políticas de desarrollo, ambientales, ni de reducción de pobreza pese a que la región tiene mayores tasas de urbanización respecto a Asia y África.
¿Podría México mitigar la Pobreza Energética?
¿Qué podemos hacer ante esta situación? Lo más importante es que las soluciones que se propongan cuenten con análisis técnicos, colaboración entre todos los actores de la industria, donde la industria privada pueda jugar un papel importante como financiador y, por supuesto, voluntad política. Ahora bien, me parece que el camino se basa en tres acciones determinantes para atender la pobreza energética y construir un mejor futuro para todos:
1. Acelerar el paso hacia el acceso universal al servicio eléctrico.
2. Fortalecer la aplicación de las normas de eficiencia energética en edificaciones.
3. Esfuerzos de los tres órdenes de gobierno para generar proyectos de autoconsumo mediante energías renovables.
La calidad del suministro eléctrico es determinante para México y cualquier otro país. Mejorar la calidad de este servicio requiere una mejor capacidad de respuesta y adaptación de los sistemas energéticos a las amenazas de su entorno; en pocas palabras, un suministro eléctrico resiliente y sustentable es clave para el desarrollo social y crecimiento económico.
Recordemos que, de acuerdo con cifras del Inegi, en México existen 4.8 millones de hogares que cocinan con leña o carbón y sólo una cuarta parte cuentan con un ducto o chimenea para expulsar el humo del hogar. Una de las soluciones ante este panorama es la generación de microrredes rurales interconectadas en la comunidad que pueda proveer el servicio eléctrico a nivel local, aumentando los niveles de electrificación en comunidades rurales y zonas urbanas marginadas.
Todo lo anterior se puede llevar a cabo a través de mecanismos contractuales para el suministro eléctrico en estas zonas, en coordinación con las dependencias competentes.
Hablando sobre el segundo punto, en México enfrentar condiciones climáticas adversas requiere viviendas adaptadas al entorno es por lo tanto crucial implementar normativas con énfasis en el diseño y materialidad envolvente térmica que incentiven la construcción de viviendas de calidad para superar las condiciones de PE y mantener temperaturas saludables y de confort, el país cuenta con normas de eficiencia energética centradas en mejoras a la envolvente de las edificaciones integrando diversos aspectos como fuentes alternas de energía y equipamiento.
Lo anterior optimiza el diseño desde el punto de vista del comportamiento térmico y deriva en beneficios como: el ahorro de energía por la disminución de la capacidad de los equipos de enfriamiento y mayor comodidad de los ocupantes, que define la calidad de vida. Fortalecer la aplicación de estas normas en construcciones para uso habitacional en zonas rurales o urbanas permitiría reducir de manera exponencial la pobreza energética.
Finalmente, en México se han desarrollado proyectos con asociaciones público-privadas para electrificar comunidades rurales en el país, los resultados han sido favorables y han permitido reducir la brecha de acceso a la energía de poblaciones que no lo tenían. Esta solución tiene altas probabilidades de materializarse si se trabaja en la integración de actores políticos, sociedad civil y se incluye a la iniciativa privada con un alto compromiso social, como parte de proveedores de servicios y del capital semilla.
El cambio climático y la escasez de energéticos que sufren millones de seres humanos impide el desarrollo de la vida digna, la mitad de la población mundial consume menos de 10% de la demanda total de energía, esa insuficiencia energética se traduce en la imposibilidad de desarrollar actividades económicas y sociales que fomentan los círculos de pobreza, patrones de comportamiento que perpetúan la precariedad y afectan el desarrollo digno de las personas. Estamos aún a tiempo, el diagnóstico es claro y las soluciones requieren la colaboración de todos.
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Nota del editor: Daniela Medina es Gerente de Asuntos Públicos, Desarrollo Sostenible y Comunicación de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.
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