Efectos económicos de la reforma judicial y las audiencias digitales

El 15 de agosto Claudia Sheinbaum recibió la constancia que la acredita como presidenta electa por parte del Tribunal Federal Electoral. El recibimiento de esta noticia fue positivo por parte de los usuarios en redes sociales, pero la transición presidencial ha recibido señalamientos por la imposición de la reforma judicial y la posible desaparición de órganos autónomos. Parece un recuerdo velado de la cancelación de AIFA durante la transición del gobierno entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, que definiría la tensa relación entre el sector privado y el poder ejecutivo durante el sexenio que ya se acerca al ocaso.

La reforma judicial, que estuviera detenida durante el proceso electoral, podría interferir con la estabilidad contractual que es vital para procesos económicos como la inversión extranjera directa y el comercio exterior. La última voluntad del sexenio de AMLO representa un peligro para el futuro crecimiento económico del país, porque el crecimiento de la economía depende del equilibrio entre el gasto público - recaudación fiscal, y la inversión privada.

El mecanismo entre la estabilidad en los contratos y el crecimiento económico

Las redes sociales son espacios para la libertad de expresión, pero no necesariamente para informarse sobre temas complejos. La reforma judicial tendría efectos indirectos, pero severos, en el desarrollo de políticas públicas dirigidas al crecimiento económico. Los principales ingresos del país no dependen únicamente de percepción de los impuestos, deben impulsarse proyectos que representen valor económico sostenible en el largo plazo, por eso es importante la inversión privada. La infraestructura nacional es sustancial, como carreteras y plantas de generación eléctrica, pero también es necesario el fomento al desarrollo económico regional como el impulso a la industria y al comercio exterior.

Este tipo de inversión, por convenio o contrato, se lleva a cabo por medio de licitaciones, que pueden ser adjudicaciones directas o concursos de acceso público. En teoría, los contratos son los mecanismos fundamentales para que el capital, nacional o extranjero, pueda localizarse en las regiones con la garantía de condiciones para ambas partes del acuerdo económico.

Los empresarios que intervienen en dichos concursos y el Estado deben establecer negociaciones donde queden claras que las participaciones y ganancias están dentro de la ley. De esta manera no hay sorpresas que puedan afectar al proceso productivo, como una reasignación de proyecto a otra entidad privada interesada, o que la empresa no esté cumpliendo con la normatividad establecida.

Por ejemplo: las cláusulas de intercambio, como los International Commercial Terms (INCOTERMS), son normatividades que dependen del marco regulatorio del comercio internacional. La Secretaría de Economía está vinculada a la Cámara de Comercio Internacional, y debe garantizar el cumplimiento de derechos y obligaciones entre las partes que intercambian bienes por medio de contratos. Con la entrante reforma judicial, cualquier juzgado mercantil podría detener a voluntad los procesos comerciales si la ley se aplica a la interpretación de un juez sin experiencia mercantil previa, que es sensible de tecnicismos y procesos aduanales previamente regulados.

El malestar internacional que genera la reforma judicial

Los mercados financieros tienden a ser sensibles con posibles cambios políticos por el riesgo que representa mantener el capital en lugares volátiles. El mercado accionario, en específico, el Índice de Precios y Cotizaciones y las divisas, han resentido los resultados electorales del pasado 2 de junio. Desde la cancelación del aeropuerto de Texcoco a principios del sexenio de AMLO, la inversión privada ha mostrado descontento generalizado con las decisiones en materia de políticas económicas dentro del país. La hostilidad entre el sector privado y AMLO causaron tensiones en otros temas, como las negociaciones del T-MEC. Por esta razón, la incertidumbre de mantener acuerdos que no estuvieran sujetos a la subjetividad del presidente tuvo un costo muy alto para las relaciones bilaterales -en materia económica y comercial- de México y Estados Unidos.

La reforma judicial, que se encuentra actualmente en manos de la Cámara de Diputados, tampoco es un aliciente del vínculo económico con Estados Unidos. Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, alertó que esta Reforma Judicial pone en riesgo la relación económica entre ambos países. Salazar señala que la elección popular de jueces no resuelve la corrupción, pero si hace susceptible la estabilidad de los marcos regulatorios. El banco de inversión de origen estadounidense Morgan Stanley, degradó el grado de recomendación para la inversión en México, que ahora ostenta una calificación subponderada. Esto quiere decir que los rendimientos (ganancias) de las inversiones en el país se esperan por debajo del promedio de la región.

Lamentablemente, estos temas siguen siendo todavía muy complejos para la discusión en redes sociales. La narrativa sobre los efectos económicos de la reforma judicial es ininteligible porque es complicado reducir una explicación teórica en 140 caracteres. Por lo tanto, el antagonismo entre detractores y seguidores del sexenio de AMLO es desproporcionado en la esfera digital. De acuerdo con la plataforma Brand 24, las etiquetas relacionadas con Claudia Sheinbaum y los temas económicos han sido populares entre los internautas en México durante las últimas semanas. Sin embargo, desde el lunes 29 de agosto, cuando la reforma empezó a cobrar fuerza en el congreso, las interacciones negativas han crecido de manera constante para ambas etiquetas.

La reforma judicial no está siendo bien recibida por las audiencias digitales, pero las críticas están llenas de sesgos partidistas que poco tienen que ver con la certeza de los mecanismos económicos. Quizás los seguidores de AMLO insisten en defender con retórica un cambio en el sistema judicial con efectos inconmensurables en la aplicación de la ley, pero la polarización política no le hace un favor a las explicaciones en materia económica que son necesarias de entender para la sociedad civil.

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Nota del editor: Alejandra G. Marmolejo es profesora de cátedra del Tecnológico de Monterrey, miembro del Observatorio de Medios Digitales . Síguela en Instagram como @alegmarmo Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.

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