Un trilema es una elección entre tres opciones, de tal forma que solo puede ser elegida una o bien, en una versión extendida, dos de las tres opciones, pero nunca las tres al mismo tiempo. Elegir implica, por construcción, repudiar la opción no elegida. Hoy, al principio de un nuevo sexenio, el gobierno se encuentra ante un trilema que le dará más de un dolor de cabeza.
El nuevo gobierno ante el trilema del mercado como contrapeso
El gobierno tendrá que elegir dos de las siguientes tres opciones: tener flexibilidad presupuestaria, tener un déficit presupuestal sano y/o seguir debilitando estructuras institucionales del país.
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A mi parecer, el gobierno tendrá que elegir dos de las siguientes tres opciones: tener flexibilidad presupuestaria, tener un déficit presupuestal sano y/o seguir debilitando las estructuras institucionales del país. En el largo plazo no podrá elegir las tres pues, tarde o temprano, una o más opciones tendrán que ser abandonadas. La razón de fondo se encuentra en la percepción de riesgo que el mercado tiene de México, y como a mayor riesgo percibido, mayor tasa de interés requerida.
Supongamos que, en el corto plazo, el gobierno decide implementar las tres opciones. No es una idea descabellada, pues la nueva administración ha dicho que continuará con la disciplina presupuestal, es decir, mantendrá un déficit controlado, además de que buscará implementar proyectos sociales y de infraestructura ambiciosos, por lo que requerirá cierta flexibilidad presupuestaria para llevarlos a cabo y, además, buscará continuar con la transformación iniciada en 2018, la cual incluye un replanteamiento importante de las estructuras institucionales del país, con un sesgo a debilitarlas para incrementar el control del Ejecutivo sobre ellas.
Todo apunta a que, efectivamente, buscará implementar los tres objetivos, o como dice el dicho, buscará tocar la campana y andar en la procesión. En el corto plazo probablemente lo logre, pero ¿qué pasará en el largo plazo?
Un debilitamiento general de las estructuras institucionales del país llevará, ineludiblemente, a un aumento en el riesgo percibido por el inversionista. Esto se reflejará en la capacidad que tiene México para pedir prestado en mercados internacionales, haciéndolo más difícil y oneroso. Un ejemplo es Pemex. La percepción de riesgo de Pemex en el mercado es mucho más alta que la de México. En ese sentido, si Pemex buscara pedir prestado en mercados globales, la tasa a la que le prestaría el público inversionista sería de doble dígito (arriba de 10% en dólares). Por esa razón, Pemex no ha salido a mercado a pedir prestado. Esos niveles de tasas son prohibitivos. Lo mismo pasaría eventualmente con México.
Supongamos que la ideología pesa más que la cartera y el debilitamiento de las estructuras institucionales no es moneda de cambio por lo que se llevarán a cabo sí o sí. ¿Qué pasaría con las otras dos opciones? El Presupuesto anual del país es un presupuesto bastante rígido: prácticamente el 90% está comprometido en pagos ineludibles como pensiones, transferencias a los Estados, servicio de la deuda, entre otros rubros.
Un aumento en el riesgo país, y en la tasa a la que el gobierno puede pedir prestado, lo volvería aún más rígido, ya que el servicio de la deuda aumentaría (los intereses pagados), eliminando parte de la libertad presupuestal (ese 10% que no está comprometido) que tiene el gobierno para llevar a cabo sus obras prioritarias.
Supongamos ahora que el gobierno decide mantener la flexibilidad presupuestaria. Ante la ausencia de una Reforma Fiscal integral (que también se ha hecho énfasis que no se realizará), los ingresos presupuestales no serán capaces de aliviar las presiones crecientes del servicio de la deuda, por lo que, el único recurso para mantener dicha flexibilidad será aumentando el déficit. El primer escenario, a saber, elegir el debilitamiento institucional y la flexibilidad presupuestaria, nos llevaría a un aumento en el déficit, incumpliendo la promesa de tener un déficit controlado.
En este escenario, dado que el gobierno ya escogió seguir debilitando las instituciones, la otra opción es elegir tener un déficit controlado. Como no habrá Reforma Fiscal y no habrá un incremento significativo en los ingresos presupuestales, entonces el servicio de la deuda presionará las finanzas públicas haciendo el presupuesto más rígido de lo que ya es, perdiendo flexibilidad presupuestaria para poder llevar a cabo el plan de gobierno de la nueva administración a buen término.
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El último escenario es que la cartera pese más que la ideología y el debilitamiento de las estructuras institucionales se detenga (es poco probable que se revierta), estabilizando el riesgo percibido del país, manteniendo estable el acceso de México a los mercados y logrando el objetivo de tener una flexibilidad presupuestaria y un déficit sano.
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Como podemos observar, en los tres escenarios las variables importantes son el riesgo percibido y el servicio de la deuda. Obviamente existen diversos deus ex machina que podrían romper el trilema expuesto como, por ejemplo, una Reforma Fiscal integral que aumenten los ingresos presupuestarios, o bien, un aumento brutal en la producción de petróleo que genere ingresos no esperados, similares a los de la década de 1970, pero esos escenarios, hoy, donde estamos parados, se ven muy poco probables.
Al final del día se tendrá una elección, y esa elección tendrá como consecuencia el rompimiento de una promesa: o se ralentiza y desradicaliza la transformación, o nos endeudamos hasta romper la disciplina fiscal, o las obras y los beneficios sociales prometidos son olvidados en el curso del sexenio. Sea cual sea el resultado final, la realidad y el mercado serán los culpables de que no se pueda tener todo al mismo tiempo.
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Nota del editor: Luis Gonzali es CFA. VP/Co-Director de Inversiones en Franklin Templeton México. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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