Mississippi, un estado ubicado en el sur de Estados Unidos, cuenta con los cultivos más importantes de camote. Cada año, numerosas empresas contratan a cientos de migrantes provenientes de Pachuca y Tula, Hidalgo, que se encargan de la cosecha y que, después, es vendida a grandes supermercados y restaurantes. Ahí, entre los meses de agosto a noviembre, ocurre sistemáticamente un fenómeno irregular, que empresas y autoridades ubican pero que nadie ha querido desarticular.
#Entrelíneas | La tortuosa ruta de la migración temporal
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Ésta es la ruta, muy poco conocida, de la migración temporal…
En México se emiten diferentes tipos de visas. Muchas de ellas se otorgan por razones diplomáticas, por transferencias entre empresas y algunas por mérito y capacidad distinguida. Pero hay otras que, bajo la categoría de ‘no inmigrante para trabajo temporal en Estados Unidos’, están sujetas a prácticas fraudulentas y al cobro de cuotas indebidas por parte de una estructura de intermediarios.
Las visas H2-A son asignadas a trabajadores agrícolas, para realizar actividades de siembra y cosecha de plantíos, entre otros; mientras que las visas H2-B están dirigidas a trabajadores no agrícolas, jardinería, construcción, bosques, personal para servicio de limpieza de hotel, entre otros servicios. Sin embargo, el proceso de reclutamiento queda en manos de intermediarios particulares y los mexicanos que adquieren alguna de estas visas corren el riesgo de someterse a jornadas de trabajo que a menudo rebasan las 12 horas diarias, salarios precarios sin el pago de horas extras y sin goce de seguro médico, poca claridad en cuanto al contrato laboral, condiciones insalubres e inadecuadas en los sitios de alojamiento temporal.
Eduardo Villarreal, coordinador de Análisis e Incidencia de Proyectos de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de ProDESC, sostiene que este tipo de visas representan a un perfil de persona trabajadora y menos capacitada, y quizá por esa razón se sujetan a una estela de violaciones de derechos humanos; al tiempo que no obedecen a una razón per se del gobierno estadounidense, sino a un lobbying de las empresas por generar condiciones de migración regulada del trabajo temporal.
De acuerdo con el Anuario de Migración y Remesas, México 2024, las emisiones de visas H-2A y H-2B para trabajadores migrantes mexicanos llegaron a sus máximos históricos en el año fiscal 2023, con 284,000 y 85,000, respectivamente; así, el otorgamiento de este tipo de visas no ha sido el mismo con los años y han tenido un comportamiento distinto, exponencial, tomando en cuenta que, en 2010, se dieron 52,000 y 33,000, respectivamente, pero fue en 2015 cuando la cifra pasó la barrera de las 100,000 y, a partir de entonces, su entrega se disparó notablemente.
La emisión de las visas depende de una petición que realiza el empleador al Departamento del Trabajo de Estados Unidos y su aprobación recae en el Departamento de Seguridad Nacional del mismo gobierno estadounidense.
Las motivaciones que detonan el otorgamiento de estas visas responden a la demanda de las empresas estadounidenses, que informan a las autoridades de su interés por mano de obra mexicana, pero también se tiene presente que la migración se activa por teléfono; es decir, el fenómeno enlaza a un poblado mexicano con algún punto en Estados Unidos, a través de un trabajador que salió de México para trabajar en un rancho en el norte, se entera que el patrón requiere de más mano de obra y así avisa a sus paisanos de la oportunidad de trabajo.
Y, es así, que la ruta empieza a tener sus ‘complicaciones’.
La primera irregularidad tiene lugar en el ‘enganche’. Si bien hay una necesidad de una empresa estadounidense por trabajadores temporales, que va acompañada de un procedimiento administrativo de expedición de visas ante una autoridad del gobierno de Estados Unidos, que a su vez publica las vacantes en un sitio de internet, el reclutamiento ocurre mediante alguien que tiene información privilegiada, que suele ser una especie de contratista cercano a la empresa y que sabe perfectamente que ahí, en ese lugar, hay visas de trabajo disponibles.
Cuando oficialmente el trámite es gratuito y se cuenta con un reglamento de reclutadores, el primer soborno se comete por concepto de ‘derecho a la visa’.
“No quiero decir que sea la regla ni que todos los casos sean así, pero es muy común este modus operandi: hay un trabajador que ya tiene la experiencia de trabajar en Estados Unidos con visa temporal, que ya hizo una relación con el capataz de la empresa y sabe que se requerirá de un determinado número de personas para el próximo año. Entonces, ese trabajador, con el poder que adquiere gracias a que cuenta con información privilegiada, empieza a cobrar dinero a quienes desean esas visas y a las mujeres les puede pedir hasta un favor sexual”, acusa Eduardo Villarreal.
Así, el origen del mal empieza bajo el pretexto de colaborar en la gestión de la visa, para después dar paso a más atropellos. Se tiene el reporte de varios casos en los que los intermediarios, con un previo pago de por medio, llenan autobuses con trabajadores ya con visa de trabajo temporal para transportarlos de territorio mexicano a la frontera y trasladarlos al lugar de trabajo, pero que tampoco cuentan con pólizas de seguro ante cualquier accidente en el camino.
Ya en Estados Unidos, denuncia el coordinador de Análisis e Incidencia de Proyectos de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de ProDESC, las condiciones generales de trabajo no necesariamente se cumplen. En muchos casos, las empresas habilitan tráileres como casas hasta para 40 personas, con un solo baño y otras condiciones que ponen en riesgo la salud y buena convivencia entre las y los trabajadores temporales.
“Otra cosa que pasa es que les retienen sus pasaportes, por lo que no pueden salir del perímetro de las granjas. Además, ocurre el cobro ocasional de cuotas por si alguien quiere bañarse más veces de las estipuladas y así les empiezan a hacer deducciones indebidas y no terminan recibiendo el salario pactado”.
Entonces, la suerte de los trabajadores mexicanos con determinadas visas temporales de trabajo en Estados Unidos carga con elementos que los colocan en una absoluta vulnerabilidad pues, por un lado, las empresas y autoridades estadounidenses no se responsabilizan de su seguridad desde que salen de casa bajo el argumento de que ello es tarea de las autoridades mexicanas y, por el otro, muchos contratos son letra muerta y no hay condiciones de inspección del lado mexicano porque se sostiene que no se tiene competencia territorial. El reino de la incompetencia.
En este momento se sabe que autoridades en materia laboral del actual gobierno mexicano conocen del estado que guardan estos visados y están conscientes de la necesidad de atender la problemática. Al mismo tiempo, se prevé que, a raíz de la cacería de migrantes indocumentados por las políticas impuestas por Donald Trump, se incremente la solicitud de visados para trabajadores temporales. A simple vista, esto sería una buena noticia, pero se advierte que el diablo estaría en los detalles porque, si las formas persisten, junto con la lluvia de solicitudes de visas, vendría también la estela de abusos y violaciones a los derechos humanos y laborales.
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Rumbo a la revisión del TMEC, otro ‘Cuarto de Junto’ empieza a fraguarse.
Organizaciones de la sociedad civil, como ProDESC y OXFAM México, han manifestado su interés por conformar un ‘Cuarto de Junto’, que vele por los derechos humanos en la revisión del Capítulo Laboral. Al respecto, se dice que a la Secretaría del Trabajo del Gobierno de México no le ha desagradado la idea.
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Nota del editor: Jonathán Torres es socio director de BeGood, Atelier de Reputación y Storydoing; periodista de negocios, consultor de medios, exdirector editorial de Forbes Media Latam. Síguelo en LinkedIn y en Twitter como @jtorresescobedo . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
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