Uno de los principales retos será la incertidumbre regulatoria. La administración Trump podría revertir regulaciones clave en seguridad laboral y protecciones ambientales, generando un ambiente de competencia desleal donde algunas empresas podrían operar con menores costos. Los empresarios mexicanos deben resistir la tentación de reducir sus estándares y, en cambio, convertir la calidad y la responsabilidad social en su ventaja competitiva.
El endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos tendrá un impacto significativo en la dinámica laboral de México. Con mayores restricciones para los trabajadores migrantes en el país vecino, es probable que algunas industrias experimenten un retorno de talento o una mayor disponibilidad de mano de obra en sectores clave como la manufactura y la agroindustria.
Para capitalizar esta oportunidad y mitigar posibles disrupciones, las empresas en México deben fortalecer sus estrategias de atracción y retención de talento, invertir en capacitación especializada e implementar estrategias de sostenibilidad con impacto social para mejorar la productividad y la competitividad en un entorno cambiante.
En el ámbito comercial, es probable que Trump reanude presiones sobre el T-MEC, aumentando aranceles o imponiendo condiciones más estrictas para productos mexicanos. La respuesta no puede ser la sumisión ni la inacción. Es fundamental diversificar mercados, fortalecer la integración con otros socios comerciales y exigir que el gobierno mexicano adopte una postura más activa en la defensa de los intereses nacionales.
El gobierno de Claudia Sheinbaum no puede permanecer al margen de esta situación. Su administración debe implementar una política exterior económica más agresiva, que no solo proteja a los exportadores mexicanos, sino que también impulse incentivos fiscales y programas de financiamiento para fomentar la diversificación de mercados y el fortalecimiento de las cadenas de suministro.
Asimismo, es crucial establecer acuerdos con estados progresistas en los Estados Unidos que puedan contrarrestar algunas de las medidas de Trump con regulaciones propias. En este contexto, los gobiernos estatales y municipales deben actuar con rapidez y pragmatismo, generando ecosistemas de negocio más competitivos, mejorando la infraestructura para facilitar exportaciones y atrayendo inversión extranjera que mitigue el impacto de posibles restricciones comerciales. La coordinación entre los distintos niveles de gobierno será clave para proteger la economía local y fortalecer la posición de México en el escenario global.
La interlocución entre la iniciativa privada y el gobierno federal es fundamental para afrontar este desafío. En este sentido, el liderazgo de Altagracia Gómez como coordinadora del Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia de la República juega un papel clave. Su visión busca potenciar la inversión privada vinculada con el desarrollo regional y la relocalización de empresas, con el objetivo de que el crecimiento económico no solo se traduzca en mayor inversión, sino también en bienestar social. Su trabajo es esencial para alinear los esfuerzos de los sectores público y privado en estrategias que garanticen estabilidad y desarrollo a largo plazo.
El empresariado mexicano debe salir de su zona de confort y formar alianzas estratégicas intersectoriales para la formulación de políticas privadas y públicas claras que ayuden a crear un ecosistema de negocios innovador, resiliente y sostenible. No basta con discursos de unidad o llamados a la diplomacia; se requieren acciones concretas que blinden a las empresas ante un contexto internacional hostil. La política industrial debe evolucionar más allá de los modelos tradicionales y enfocarse en fortalecer sectores estratégicos, incentivar la innovación y generar nuevas oportunidades de inversión.
