Inglés obligatorio sacude al transporte transfronterizo

El argumento central

El texto de la orden es claro: se justifica por razones de seguridad pública. Señala que los “problemas de comunicación en carretera” representan un riesgo creciente y que el dominio del inglés debe ser considerado un “requisito de seguridad innegociable”.

Con base en esto, la orden ejecutiva instruye que cualquier operador que no cumpla con el estándar de idioma podrá ser declarado “fuera de servicio”, lo que implica la inmovilización inmediata del vehículo hasta que se pueda garantizar la seguridad de la operación.

Estados Unidos y México comparten un sistema logístico profundamente integrado. Más del 70% del comercio bilateral se mueve en camión. Diariamente, miles de conductores mexicanos, algunos con licencias estadounidenses, otros con permisos transfronterizos, cruzan cargados de componentes automotrices, equipos electrónicos, frutas frescas como el aguacate, suministros médicos y una amplia gama de bienes industriales.

La orden ejecutiva no hace distinciones entre residentes y no residentes, ni establece excepciones temporales para operadores extranjeros. Sin embargo, sí establece que el Departamento de Transporte revise cómo se están emitiendo las licencias comerciales a conductores no domiciliados en Estados Unidos, para asegurarse de que todos cumplan con el dominio del idioma.

Esto pone en riesgo la continuidad operativa de muchas empresas mexicanas que prestan servicios puerta a puerta en Estados Unidos, ya que podría darse el caso de que sus conductores fueran detenidos en puntos de inspección por no cumplir con una norma que hasta ahora no se había aplicado con rigor.

Efectos en ambos lados de la frontera

La escasez de choferes en Estados Unidos es un problema que ya afectaba antes de la pandemia. Con más de 80,000 vacantes, según estimaciones del sector, la falta de conductores es una problemática que ha generado complicaciones tanto para las empresas de transporte como para las cadenas de suministro, afectando la eficiencia operativa y la capacidad de respuesta ante la demanda del mercado estadounidense.

Frente a este escenario, la implementación estricta del requisito del inglés podría limitar aún más la disponibilidad de operadores calificados, especialmente entre los conductores no domiciliados en Estados Unidos que participan en rutas transfronterizas. En lugar de aliviar la escasez, la medida podría profundizarla, restringiendo la capacidad de movilizar mercancías de forma oportuna y encareciendo los costos logísticos. En sectores sensibles al tiempo como el automotriz, el agrícola o el electrónico, cualquier retraso o interrupción puede traducirse en pérdidas económicas y disrupciones en el suministro.

Desde una perspectiva bilateral, esta medida también abre una conversación que México debe atender con rapidez: ¿cómo responderá a esta medida que podría afectar a empresas y conductores mexicanos?

La orden crea un precedente: utilizar una norma técnica como barrera operativa con base en un principio unilateral. Si bien se basa en un reglamento existente, su activación de manera inmediata y sin coordinación binacional rompe con la lógica de reciprocidad que rige los flujos bajo el T-MEC.

Dado el impacto potencial en el comercio bilateral, es probable que México y Estados Unidos deban entablar consultas para abordar las preocupaciones derivadas de esta orden ejecutiva y garantizar que las medidas adoptadas sean consistentes con las obligaciones del T-MEC. La aplicación de esta orden podría sentar un precedente para otras medidas que pudieran restringir el comercio y afectar la integración económica regional promovida por el tratado comercial.

Adaptación y diplomacia comercial

Esta orden ejecutiva no se puede ignorar. Aunque no cambia la ley, sí cambia la forma en que se aplicará en las carreteras norteamericanas. Las empresas transportistas mexicanas deberán:
- Evaluar el nivel de inglés de sus operadores transfronterizos.
- Establecer programas internos de capacitación lingüística.
- Documentar el cumplimiento para reducir riesgos de inmovilización.

Por su parte, el gobierno mexicano debe solicitar a Washington claridad sobre cómo se evaluará el idioma, si habrá protocolos estandarizados y qué nivel de inglés se considera suficiente. También debería considerar establecer mecanismos de apoyo técnico y representación legal para transportistas afectados, y abrir un diálogo diplomático sobre los impactos a la cadena binacional de suministro.

Garantizar la seguridad en carretera es un objetivo legítimo y necesario. Sin embargo, su aplicación no debería traducirse en disposiciones que detengan la operación de miles de conductores mexicanos que, durante años, han cumplido con sus rutas y entregas sin contratiempos. La orden ejecutiva se fundamenta en una idea válida. No obstante, su implementación sin mecanismos de adaptación ni diálogo con los socios comerciales corre el riesgo de afectar al comercio que da sustento a la relación económica entre México y Estados Unidos.

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Nota del editor: Bertha Martínez-Cisneros es profesora-investigadora en Cadenas de Suministros Sostenibles, Logística Inversa, Comercio Transfronterizo y Economía Circular de CETYS Universidad. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.

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