Implicaciones para las compañías
Para las entidades privadas, en particular aquellas que operan en sectores como financiero, logístico, agroindustrial y tecnológico, esta coyuntura exige una revisión de sus modelos de cumplimiento, gestión de riesgos y relaciones con terceros para, en medida de lo posible, identificar y mitigar aspectos como:
1. Riesgo legal y financiero
Si se detecta que las empresas han brindado apoyo material a organizaciones designadas como terroristas, incluso de forma involuntaria, se enfrentan a posibles sanciones como multas millonarias, bloqueo de activos y pérdida de acceso a mercados internacionales.
2. Exposición reputacional
La percepción pública y la confianza de inversionistas pueden verse seriamente comprometidas cuando una compañía es señalada por vínculos, reales o percibidos, con zonas o actores de alto riesgo. La narrativa de “colaboración indirecta” puede escalar rápidamente en medios y redes sociales, amplificando el impacto negativo en su reputación.
3. Vulnerabilidad operativa
Las organizaciones que operan en zonas de alta incidencia delictiva enfrentan riesgos de infiltración, extorsión o manipulación de la cadena de suministro, lo que exige monitoreo constante y la implementación de protocolos sólidos de prevención y respuesta ante incidentes.
Esfuerzos prioritarios
- Realizar una evaluación de riesgos relacionados con el lavado de dinero (LD), el financiamiento al terrorismo (FT) y la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM)
- Fortalecer los procesos de debida diligencia, aplicables a clientes, proveedores y terceros, incorporando revisiones de segundo y tercer nivel
- Actualizar políticas internas para incorporar cláusulas específicas sobre FT
- Automatizar procesos de monitoreo con herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial (IA)
- Capacitar al talento en riesgos emergentes y protocolos de prevención y respuesta
- Establecer mecanismos de denuncia y comunicación interna efectiva en toda la organización
¿Qué debe hacer el Consejo?
El papel del Consejo de Administración consiste en vigilar que la Alta Dirección desarrolle, implemente y pruebe, entre otras, las siguientes acciones:
- Analizar riesgos como LD, FT y FPADM con la documentación correspondiente, incluyendo matrices de clasificación de clientes y terceros que cuenten con la debida calibración de aspectos como ubicación geográfica, sector y tipo de transacción.
- Monitorear oportunamente operaciones con indicadores de riesgo ante cambios sospechosos en su actividad.
- Evaluar la cadena de suministro e identificar zonas de riesgo y posibles infiltraciones.
- Implementar rigurosos procesos de debida diligencia, incluyendo la revisión de listas negras y la validación legal de socios, principalmente en estructuras complejas.
- Verificar contratos e incorporar cláusulas de auditoría, cumplimiento y terminación por riesgo.
- Ejecutar protocolos de respuesta reputacional frente a señalamientos públicos o incidentes críticos.
- Contar con asesoría especializada para identificar brechas de cumplimiento y diseñar periódicamente programas tanto preventivos como correctivos.
