Cada vez que el gobierno anuncia un paquete de medidas para atraer inversión, la conversación empresarial se divide en dos: los que celebran el anuncio y los que esperan ver qué pasa en la práctica. Después de acompañar procesos de institucionalización y cumplimiento regulatorio en distintos sectores, he aprendido que la verdad casi siempre está más cerca del segundo grupo.
El Plan México formaliza algo que el sector privado lleva tiempo pidiendo. Autorizaciones en 30 días, resolución de trámites federales en 90 o afirmativa ficta, ventanillas digitales y simplificación en comercio exterior. Es un movimiento en la dirección correcta; pero la velocidad de un trámite raramente es el factor que define si una inversión prospera o se detiene. Eso lo he visto de cerca trabajando con entidades reguladas ante la CNBV y otras autoridades financieras.
Los números merecen leerse con cuidado. De los 41,000 millones de dólares de inversión extranjera directa registrados hasta el tercer trimestre de 2025, apenas 6,500 millones correspondieron a proyectos completamente nuevos. El resto fue reinversión de utilidades y cuentas entre empresas. No es una mala cifra, pero tampoco es la narrativa que se vende en los titulares. La diferencia entre anunciar inversión y tener capital fresco instalado en el país es precisamente donde el Plan México tiene su mayor reto pendiente.
Hay algo que quienes tomamos decisiones de inversión o asesoramos a quienes las toman sabemos bien: el tiempo de un trámite importa, pero lo que realmente pesa es si las reglas del juego van a ser las mismas en tres años. En sectores altamente regulados como energía, telecomunicaciones, servicios financieros, infraestructura y manufactura avanzada, un inversionista no solo evalúa la velocidad de un permiso. Revisa la estabilidad del marco legal, la protección contractual y la capacidad del Estado para sostener sus propias decisiones en el tiempo. Eso no se decreta, se demuestra.
El otro gran ausente en la conversación sobre el Plan México es la coordinación institucional. Una inversión estratégica no la autoriza una sola dependencia; requiere que Economía, Hacienda, la Sener, el SAT y los gobiernos estatales operen con la misma lógica; los mismos tiempos y las mismas reglas. Cuando esa coordinación falla, y en México falla con frecuencia, el inversionista encuentra un laberinto con diferentes nombres en cada puerta.
La pregunta financiera que nadie está respondiendo con claridad es ¿quién paga, qué se construye primero y cómo sabremos si funcionó? La agenda de inversión pública, privada y mixta que propone el plan es ambiciosa en números, pero hasta ahora no hay respuestas concretas sobre qué proyectos serán prioritarios, bajo qué criterios se seleccionarán ni cómo se medirá su impacto económico y social. Para un empresario que evalúa dónde poner su capital, esa ambigüedad no es un detalle menor. Es exactamente la señal que lo hace esperar antes de comprometerse.
México tiene a su favor algo que hoy vale mucho: ubicación, acceso al mercado norteamericano y un contexto geopolítico que empuja la relocalización de cadenas productivas hacia este lado del mundo. Esa ventana existe y es real. Pero en los mercados donde he visto operar capital serio, lo que termina inclinando la balanza no es la geografía. Es la confianza. Y la confianza no se construye con decretos, se construye con instituciones que funcionan, reglas que se respetan y señales que se sostienen más allá del ciclo político.
El Plan México puede ser un paso en la dirección correcta. Lo que todavía está por verse es si el andamiaje institucional, jurídico y energético del país estará a la altura de la oportunidad.
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Nota del editor: Pedro Javier Leyva Lizárraga es especialista en cumplimiento normativo, prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), Gobierno Corporativo y gestión de riesgos. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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