Por qué el rescate, con todo y sus fallas, tiene una justificación real
Las redes de telecomunicaciones no son un lujo de mercado: son la infraestructura de la que dependen, en gran medida, el acceso a la información/libertad de expresión, la salud y la educación. Y Altán no es solo una empresa en problemas: es, hasta ahora, la única infraestructura de telecomunicaciones que opera en zonas marginadas y la única plataforma mayorista del país diseñada específicamente para eliminar barreras de entrada a nuevos competidores —de ella dependen los operadores móviles virtuales que hoy sí ya compiten enserio con los operadores tradicionales establecidos (Telcel y AT&T)—. Si Altán desaparece, se esfuma con ella la única vía estructural que México construyó para intentar diversificar un mercado que sigue dominado por un solo jugador, y garantizar derechos constitucionales a la población menos favorecida del país.
Con ese telón de fondo, la intervención financiera del Estado no fue, en sentido estricto, un regalo: en 2020-2022 entró como deuda a la par de recursos aportados por los propios accionistas privados de la compañía. En 2024-2025 el gobierno federal, a través de la CFE, decidió adquirir capital y deuda de Altán a una fracción de su costo original, con la finalidad de dejar la cobertura social bajo el control permanente del Estado. No es un modelo insólito, en Italia, Open Fiber —el operador mayorista que despliega fibra en las zonas rurales que el mercado no cubre— reparte su propiedad entre el Estado y un fondo de infraestructura privado en una lógica muy parecida a la mexicana: 60% para Cassa Depositi e Prestiti, controlada por el Ministerio de Economía italiano, y 40% para el fondo australiano Macquarie —una estructura casi espejo a la de Altán, con 49% de la CFE y 51% de Morgan Stanley. Es un rescate imperfecto, quizás incluso poco transparente en su ejecución, pero responde a un problema real de política pública que deriva del diseño original de 2013 —no es, como se ha querido presentar, un capricho de política industrial sin fundamento.
Eso sí, hay algo de la vieja caricatura de los dos ratones de laboratorio en la historia de las reestructuras de Altán Redes: no la ambición del plan, sino la fe con la que México ha repetido el mismo intento sin corregir entre una operación y la siguiente el defecto que provocó que el anterior no alcanzara. Cerebro nunca se pregunta, antes de lanzar el plan de esta noche, por qué el de anoche fracasó —y no se diga Pinky—; Pareciera que México tampoco se ha preguntado, con el mismo cuidado con el que diseñó cada rescate, por qué el anterior no fue suficiente.
Urge, entonces, un mecanismo de fondeo estatal hacia Altán que cumpla con los principios de transparencia, no discriminación y neutralidad competitiva —eso es justo lo que permite el Artículo 18.19 del T-MEC—. De lo contrario, distintos actores de la industria seguirán teniendo motivos para alegar —como ya ocurrió en el Senado— un trato preferencial del Gobierno hacia la compañía, con una consecuencia previsible: el congelamiento de cualquier nueva transferencia de recursos, por temor a violar el tratado. Eso volvería a poner a Altán en el mismo aprieto del que ya se le ha rescatado dos veces, y convertiría en pérdida los esfuerzos y recursos invertidos hasta ahora en sostenerla. No hace falta una tercera reestructura: hace falta la pieza que ha faltado desde 2013, un fondo de cobertura universal para México, diseñado con las mismas reglas de transparencia y neutralidad que ya operan en Estados Unidos y la Unión Europea.
El costo del espectro, en la mesa de la revisión del T-MEC, no resiste el análisis estructural
La propuesta de un fondo de cobertura universal para México exige preguntarse de dónde saldrían los recursos —y ahí se cruza, de cara a la revisión conjunta del T-MEC de 2026, el argumento de que México debe bajar de forma general el costo anual del espectro, hoy entre los más altos de América Latina según la GSMA y la OCDE. El diagnóstico no es nuevo: la OCDE lo señala desde al menos 2017. El problema no es el diagnóstico, sino la solución, por dos razones.
Primera: a diferencia de Altán, ni Telcel ni AT&T cargan con una obligación de cobertura social comparable —sus compromisos de despliegue, cuando existen, están acotados a bandas y licitaciones específicas, no a un mandato nacional—. En otros países, esa diferencia se resuelve con aportaciones obligatorias a un fondo de servicio universal; en México, a falta de ese fondo, el pago elevado del espectro es, en la práctica, lo más parecido que existe a esa contribución, aunque nadie lo haya diseñado así. Bajarlo sin crear, a cambio, el fondo que ya propusimos dejaría a México sin las dos cosas.
Segunda: el costo del espectro, incluso en sus niveles actuales, representa una fracción menor del ingreso de estas empresas —entre 3% y 6% para Telcel, y entre 11% y 17% para AT&T, según sus propios estados financieros—. Es una carga real, pero lejos del obstáculo que el argumento le atribuye, sobre todo comparada con el 8% que paga Altán, cargando además con la única obligación nacional de cobertura del sector. Cualquier renegociación seria debería ir acompañada de compromisos de cobertura cuantificables, o de una obligación de aportar al fondo de cobertura universal, no ser un descuento general sin contraparte. Este es, por cierto, un mecanismo bien conocido por AT&T, ya que está obligado a realizar cuantiosas aportaciones anuales al fondo de Estados Unidos. Es curioso que pida en México lo que ya paga en casa.
