Un vehículo nuevo para el capital privado
El Plan de Inversión en Infraestructura 2026-2030 contempla 5.6 billones de pesos de inversión pública y mixta, con más de la mitad destinada a energía, 16% a trenes, 14% a carreteras y 6.5% a puertos. Para alcanzar una meta de ese tamaño, el gobierno apuesta por un esquema de inversión mixta en el que el Estado conserva la propiedad de los activos y el capital privado participa asumiendo riesgo financiero, con contratos de entre cuatro y cuarenta años.
El diseño responde a un espacio fiscal acotado, ya que el presupuesto de 2026 recortó de manera importante los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (Pidiregas), las asociaciones público-privadas (APP), y el Paquete Económico 2027 deja poco margen en el gasto, de modo que la participación privada será determinante para el ritmo de ejecución. Los primeros pasos ya se están dando.
A mediados de septiembre, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) presentó una cartera de 19 proyectos carreteros de inversión mixta por unos 214 mil millones de pesos en 17 estados. De ellos, 14 ya cuentan con el aval de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y cuatro iniciaron obra. Es un primer historial de ejecución que cualquier inversionista de largo plazo querrá revisar antes de comprometer capital.
El Acuerdo Comercial Interino, que cubre comercio y liberalización de inversión, ya fue aprobado en julio por el Parlamento y el Consejo europeos y solo espera la ratificación del Senado mexicano, con lo que podría entrar en vigor hacia diciembre o a inicios de 2027. Con él llega un capítulo de compras públicas que abre las licitaciones mexicanas, incluidas las estatales, a empresas europeas bajo reglas de transparencia y no discriminación alineadas con las de la OMC.
La protección a la inversión, con la corte internacional que describíamos como un mecanismo para reducir el costo del capital, forma parte del acuerdo completo, cuya ratificación en los 27 parlamentos nacionales tomará más tiempo; mientras tanto, siguen vigentes los catorce tratados bilaterales de inversión que México ya tiene con Estados miembros. Para la infraestructura, esta secuencia significa que las empresas europeas podrán participar en licitaciones relativamente pronto, y que la ejecución de los primeros contratos bajo el esquema mixto irá generando la confianza que después reforzará el tratado.
