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El Brasil que viene: mercados, inversiones y nuevas alianzas

Más allá de quién llegue a la Presidencia de Brasil, las cuentas públicas, los vínculos con China, EU y Europa, y las reglas para invertir definirán las oportunidades y riesgos en la mayor economía de América Latina.
Aglomeración de personas alrededor de un auto donde Lula DaSilva está dando palabras por el cierre de su campaña presidencial.
El4 de octubre Brasil elige presidente, gobernadores, diputados federales y senadores. Si nadie alcanza la mayoría absoluta, habrá segunda vuelta el 25 de octubre. (Foto: GLEDSTON TAVARES/AFP)

Brasil tiene alimentos, energía, minerales y consumidores que interesan a las grandes potencias. Este domingo 4 de octubre de 2026 comenzará a decidir quién administra esas ventajas, para las empresas mexicanas, la elección plantea una pregunta concreta: ¿qué condiciones ofrecerá el próximo gobierno para vender, producir e invertir en la mayor economía de América Latina?

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro proponen caminos distintos. Ambos enfrentarán el mismo problema: convertir la riqueza del país en crecimiento, con una deuda elevada y socios internacionales que persiguen sus propios intereses. De esa combinación saldrá el Brasil con el que harán negocios sus vecinos. La presidencia importa; también importan las cuentas públicas, los acuerdos comerciales y las autoridades que ejecutan los proyectos.

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El sector agroalimentario muestra el peso económico de Brasil y la importancia de sus socios comerciales. Según el Ministerio de Agricultura brasileño, las exportaciones del agronegocio alcanzaron 169,200 millones de dólares en 2025, un aumento de 3% frente a 2024; China casi un tercio. La demanda china sostiene una parte importante del negocio, pero esa dependencia también implica un riesgo: si China reduce sus compras o cambia sus condiciones de importación, los efectos pueden alcanzar a productores, transportistas y proveedores brasileños.

Brasil también tiene una importante actividad minera, petrolera, industrial y de servicios. Para las empresas mexicanas, representa tanto un mercado donde vender como un competidor por clientes e inversiones. Sin embargo, ambos países tienen relaciones comerciales distintas: México está estrechamente integrado con Estados Unidos y Canadá, mientras Brasil forma parte de Mercosur y tiene a China como principal socio comercial. Esa diferencia influye en los aranceles, las cadenas de suministro y la competencia que encontrarán las empresas. Entrar al mercado brasileño exige conocer esas condiciones, en lugar de asumir que una estrategia exitosa en Estados Unidos funcionará igual en Brasil.

Tres socios, tres intereses

China, Estados Unidos y Europa ofrecen oportunidades distintas. Los chinos tienen un peso comercial difícil de sustituir, los estadounidenses buscan oportunidades de negocios y seguridad en suministros estratégicos, los europeos desean ampliar su acceso mediante Mercosur. Brasil intenta aprovechar esas relaciones sin quedar sujeto a una sola. Los candidatos presidenciales difieren en sus afinidades, pero ninguno ignora los costos de alterar esos vínculos.

El 30 de septiembre de 2026, Reuters informó que Brasil y Estados Unidos acordaron crear un grupo de trabajo para discutir un posible acuerdo comercial, donde Brasil busca reducir aranceles. El ministro Márcio Elías Rosa señaló que los minerales críticos podrían entrar en las conversaciones, con inversiones para su explotación. Su relevancia es clara: Brasil busca obtener infraestructura crítica para modernizar su industria y valor agregado a cambio dar acceso a sus recursos naturales.


Para una empresa, exportar mineral y procesarlo localmente son negocios diferentes: cambian los equipos, la energía, el empleo y los proveedores necesarios. Una alianza sobre materias primas puede, por tanto, generar demanda industrial y economías de escala. Ese potencial dependerá de compromisos comerciales y proyectos viables que el Gobierno busque impulsar y acompañar con regulación clara y estado de derecho.

Europa ya ofrece un cambio verificable. Según el Consejo de la Unión Europea (UE), el acuerdo comercial interino con Mercosur se aplica provisionalmente entre la UE y Brasil desde el 1 de mayo de 2026. La apertura sigue condiciones y calendarios por producto. Un fabricante mexicano de maquinaria, por ejemplo, tendrá que comparar su precio final con el de competidores europeos que reciban preferencias aplicables.

La región recibirá esos efectos de manera desigual. Las inversiones brasileñas pueden aumentar compras a proveedores vecinos o atraer fábricas que consideran otras ubicaciones latinoamericanas. Para México, habrá oportunidades de complementariedad y mayor competencia. La relación diplomática ayuda a abrir conversaciones; las condiciones comerciales determinan si una venta resulta rentable.

La deuda también llega a las empresas

El próximo gobierno tendrá que explicar cómo pagar sus prioridades. La deuda bruta llegó a 82.9% del PIB en agosto de 2026, según datos del Banco Central publicados el 30 de septiembre y recogidos por Folha de S.Paulo. Es innegable que la restricción fiscal afecta decisiones privadas de inversión. Cuando los inversionistas dudan de la capacidad de controlar la deuda, pueden exigir mayores rendimientos para financiar al Estado. Eso dificulta abaratar el crédito de forma sostenida. Las empresas pueden enfrentar préstamos caros, clientes con menor capacidad de compra y proyectos que dejan de justificar su costo. También, se reduce el margen público para gasto en infraestructura. Por eso, las propuestas fiscales merecen tanta atención empresarial como las promesas de incentivos.

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Lula y el costo de la continuidad

Lula, de 80 años, busca su cuarto mandato presidencial. El exdirigente sindical y referente del Partido de los Trabajadores vincula el desarrollo con protección social, inversión pública y capacidad industrial. Su continuidad ofrece a las empresas una orientación conocida: sostener ingresos familiares e impulsar sectores mediante instrumentos estatales. El desafío consiste en financiar esas prioridades y conseguir mejoras de productividad.

El 17 de septiembre de 2026, Reuters informó que Lula anunció un aumento cercano a 15% en el beneficio mínimo de Bolsa Família. El gobierno estimó un costo adicional de 22,000 millones de reales en 2027. La medida apoya el ingreso de los hogares y puede sostener el consumo; también aumenta los compromisos presupuestarios. Los comercios pueden ganar ventas, mientras los responsables económicos deberán resolver cómo financiar el programa.

Lula abordó esa tensión el 25 de septiembre de 2026 ante casi 700 empresarios y ejecutivos en São Paulo. Según Folha, afirmó que la estabilidad fiscal era una obligación del gobierno y rechazó equilibrar las cuentas mediante recortes a la seguridad social y las políticas de inclusión. Quedan claras las prioridades. Falta demostrar qué combinación de ingresos y control del gasto permitirá cumplirlas.

La política Nova Indústria Brasil, presentada en 2024, aporta otro componente. El Ministerio de Hacienda describe instrumentos de financiamiento e innovación mediante el banco de desarrollo BNDES y la agencia Finep. Los proveedores podrán encontrar oportunidades en proyectos respaldados por esas instituciones. Su alcance dependerá de las condiciones de acceso, la ejecución y la capacidad del apoyo público para movilizar inversión privada.

En política exterior, ORF America analiza, antes de la elección de 2026, una posible continuidad del multilateralismo, los BRICS y los vínculos con China bajo Lula. Es una lectura prospectiva. Las conversaciones comerciales con Washington muestran que esa orientación también admite acuerdos con Estados Unidos. Un nuevo mandato tendría que traducir esa diversidad de relaciones en mercados, financiamiento y tecnología para Brasil.

Flávio y la dificultad de acelerar el ajuste

Flávio Bolsonaro, de 45 años, fue diputado estatal en Río de Janeiro durante cuatro periodos y es senador desde 2019. Su trayectoria es principalmente legislativa. El candidato del Partido Liberal representa una alternativa al gobierno actual y la continuidad del movimiento conservador de su padre, Jair Bolsonaro, principalmente propone cambiar el tamaño y las funciones del Estado.

La revisión de su programa publicada por UOL el 27 de septiembre de 2026 señala la reducción de al menos diez ministerios, la revisión de beneficios del sector público y la reanudación de privatizaciones. Para empresas interesadas en activos públicos, esa agenda podría abrir operaciones. Deberán conocer los activos disponibles, las reglas regulatorias y las obligaciones de cada contrato.

El planteamiento fiscal aún requiere precisiones. Reuters informó el 11 de agosto de 2026, con fuentes conocedoras del proyecto, que la campaña preparaba una regla para limitar el crecimiento del gasto conforme aumentara la deuda. El 24 de septiembre, la agencia atribuyó a sus asesores un ajuste de 1.5% del PIB en 18 meses. El equipo de Lula planteó una trayectoria gradual hacia un superávit primario cercano a 1.3% del PIB en 2030.

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Esos objetivos muestran ritmos distintos; no equivalen a medidas aprobadas. Reducir ministerios tampoco resuelve por sí solo el crecimiento de pensiones y otros gastos obligatorios. Los inversionistas necesitarán evaluar qué medidas presenta Flávio, cuánto ahorran y qué respaldo consigue en el Congreso, la velocidad prometida dependerá de esas respuestas.

ORF America anticipa una orientación de Flávio más cercana a Washington. Esa afinidad podría facilitar conversaciones, pero no asegura concesiones comerciales. Los exportadores seguirán necesitando el mercado chino. Si gana, tendrá que conciliar sus preferencias políticas con relaciones económicas que sostienen ingresos y empleo en Brasil.

Los empresarios conversan con ambos

El 27 de agosto de 2026, Flávio presentó propuestas ante representantes financieros en São Paulo. Lula convocó después a empresarios y banqueros a Brasília. La cobertura de Agência Estado, publicada el 30 de agosto, menciona contactos e invitaciones con figuras como Luiz Carlos Trabuco, de Bradesco; Milton Maluhy, de Itaú; André Esteves, de BTG; y Rubens Ometto, de Cosan.

Esos encuentros muestran que ambos buscan interlocución empresarial y sintonías con el sector. La asistencia o una invitación no prueban un respaldo a proyecto, para entender a quién favorecerá una política económica, resulta más útil examinar contratos, impuestos y financiamiento que atribuir adhesiones a partir de una cena.

Las reglas que siguen después de la elección

Dos condiciones ya afectan a quienes planean invertir. Receita Federal establece que 2026 es el año de prueba de CBS e IBS, los nuevos impuestos al consumo, cuya transición termina en 2033. Las empresas deberán adaptar facturas, sistemas y contratos mientras conviven obligaciones. Por ejemplo, una compañía que vende en varios estados necesitará ajustar sus procesos durante la transición. Eso abre demanda de servicios tecnológicos y fiscales.

En energía, el Balance Energético Nacional 2026 de la Empresa de Pesquisa Energética señala que las renovables representaron 86.8% de la matriz eléctrica en 2025. Es electricidad, no el conjunto de la energía consumida. Esa base puede atraer industrias que buscan reducir emisiones. Una fábrica deberá comprobar, además, si dispone de conexión, suministro y tarifas compatibles con su operación.

La ubicación importa tanto como la política nacional, los estados y municipios mantienen relaciones internacionales para atraer inversión y cooperación: esa es una función económica de la paradiplomacia. São Paulo cuenta con InvestSP, que acompaña proyectos y ofrece servicios de internacionalización. Para las empresas extranjeras, esos interlocutores ayudan a identificar proveedores, infraestructura y autoridades responsables.

Las misiones comerciales producen resultados cuando conectan proyectos con socios y mantienen seguimiento. La diplomacia cultural puede facilitar confianza; los acuerdos necesitan responsables y recursos. Cámaras, universidades y gobiernos locales mexicanos pueden construir vínculos técnicos y comerciales por esa vía. La relación entre países cobra utilidad cuando llega al lugar donde una empresa busca instalarse.

El voto también define quién podrá ejecutar. Según el Tribunal Superior Electoral, este 4 de octubre Brasil elige gobernadores, los 513 diputados federales y 54 de los 81 senadores. Si nadie alcanza la mayoría absoluta de votos válidos, habrá segunda vuelta presidencial el 25 de octubre. El Congreso condicionará presupuestos, reformas y nombramientos. Ganar la Presidencia no garantiza los acuerdos necesarios para aplicar el programa económico.

Qué deben mirar desde México

Las empresas mexicanas pueden encontrar en Brasil compradores, proveedores o un destino de producción; cada opción exige cuentas distintas. Los acuerdos ACE 53 y ACE 55 ofrecen marcos para mercancías no automotrices y automotrices, respectivamente, según Siscomex. No conceden acceso libre universal: las empresas deben revisar cobertura, origen, requisitos técnicos y logística antes de calcular sus márgenes.

Las oportunidades incluyen equipos para agroindustria, servicios logísticos, adaptación tributaria y cooperación industrial. Un proveedor mexicano de equipos agrícolas deberá identificar clientes, condiciones de importación y asistencia técnica local. Quienes evalúen producir necesitarán comparar ubicaciones, energía y personal; los acuerdos con Europa y las conversaciones con Estados Unidos pueden cambiar la competencia, aun sin modificaciones en la relación bilateral con México.

Los inversionistas financieros enfrentan otro cálculo. Las expectativas sobre tasas, real y utilidades no afectan igual a todas las compañías. Los exportadores, los comercios orientados al consumo interno y las empresas endeudadas tienen exposiciones diferentes. Además, un rendimiento en reales puede convertirse en otro resultado al expresarlo en pesos mexicanos. Importan la moneda, el instrumento y el plazo.

Una subida de la Bolsa puede anticipar una reforma que después no se apruebe. Por eso, los inversionistas deben distinguir promesas, decisiones y resultados empresariales. En inversión directa, también pesan los permisos, contratos y posibilidades de salida. Tras las urnas, las primeras señales serán el equipo económico, las medidas fiscales y la coalición que pueda sostenerlas.

Lula busca prolongar la protección social y la intervención industrial, manteniendo varios interlocutores internacionales. Flávio intenta acelerar el ajuste, ampliar privatizaciones y acercarse a Washington. Ambos tendrán que financiar sus prioridades, negociar con el Congreso y preservar mercados. Para las empresas mexicanas, el criterio decisivo será dónde esas decisiones permiten negocios viables. Brasil ya tiene recursos que otros quieren comprar. La nueva presidencia tendrá que demostrar qué desarrollo consigue a cambio.

Nota editorial: Rodrigo Aguilar Benignos es analista Internacional y miembro del Consejo de Relaciones Exteriores de EU.

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