Los videoescándalos de Pío López Obrador recibiendo dinero en efectivo, de exfuncionarios del Senado acomodando fajos de billetes o los audios de conversaciones del líder PRI, Alejandro “Alito” Moreno, o del fiscal Alejandro Gertz, son casos que recientemente han provocado escándalos en la política mexicana. Todos tienen algo en común: la utilización de grabaciones ilegales.
Estos audios y videos son efectivos para ‘sacudir’ a adversarios políticos, retirarlos por un tiempo de la vida pública, pero pocas veces sirven para llevar a juicio a los personajes exhibidos en presuntos actos de corrupción.
