La propuesta de reforma constitucional para quitar las facultades interpretativas de los magistrados del Tribunal Electoral que fue impulsada por seis de siete partidos de la Junta Coordinación Política de la Cámara de Diputados, ha abierto un nuevo debate en la opinión pública.
Miembros del Poder Judicial, organizaciones de la sociedad civil e incluso legisladores de los propios partidos que impulsan la reforma, han alertado que ésta representa un retroceso demócratico, pues favorece las decisiones cupulares de los partidos y deja a los grupos más vulnerables, sin defensa para garantizar su acceso a puestos de elección popular.
