Quitar el fuero al presidente y otras 25 propuestas de Morena en anticorrupción

El Proyecto de Nación 2018-2024 que el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, impulsa hacia la elección presidencial del próximo año incluye 26 propuestas en combate a la corrupción, empezando por quitar el fuero al titular del Poder Ejecutivo federal para este tipo de delitos.

Los planteamientos —diseñados por especialistas convocados por el aspirante presidencial a principios de año— contemplan reformas, nuevas leyes y diversas medidas administrativas, que apretarían el control y la vigilancia sobre los actores públicos y los privados que ejercen recursos públicos, para evitar actos deshonestos y combatir la impunidad.

Otras ideas son eliminar la consolidación fiscal y el secreto bancario en investigaciones sobre corrupción, someter a las empresas con negocios con el gobierno a mecanismos de rendición de cuentas y transparentar la compra de publicidad oficial .

"La corrupción es la causa principal de la desigualdad y de la tragedia nacional que padecemos. Nada ha dañado más a México que la corrupción política. La deshonestidad de los gobernantes y de las élites del poder es lo que más ha deteriorado la vida pública de México, tanto por el mal ejemplo como por la apropiación de bienes de la colectividad", indica el texto.

Este borrador de plataforma será puesto a consideración de la ciudadanía previo a registrarla para la campaña presidencial de 2018, y partió del libro La salida del político tabasqueño. A continuación te presentamos las propuestas anticorrupción de Morena, según están expuestas en el documento presentado este lunes por López Obrador .

1. Se propone una reforma al artículo 108 de la Constitución para eliminar el fuero al presidente y que éste pueda ser juzgado, como otros altos funcionarios, por delitos de corrupción.

2. Austeridad, autonomía total y ciudadanización plena de los órganos de combate a la corrupción , promoción de la transparencia e impartición de justicia.

3. Redacción y aplicación de una Ley de Conflictos de Interés que amplíe los mecanismos de prevención, endurezca las sanciones e instaure delitos especiales de opacidad y deshonestidad en este rubro.

Las personas interesadas en ocupar cualquier cargo público, judicial o de arbitraje en los órganos autónomos, o de representación popular, deberían deshacerse de forma legal e irrevocable de los activos e intereses económicos que afectaran de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades públicas.

También quedaría prohibido que cualquier funcionario y sus familiares hasta en un cuarto grado de consanguineidad se vincularan, al amparo de su cargo, con contratistas, inversionistas o empresarios nacionales o internacionales para establecer cualquier tipo de negocios privados.

4. Se propone establecer un Sistema Universal de Declaración Patrimonial y Declaraciones Juradas, en el que participarían sin excepción todos los funcionarios, representantes populares, jueces, magistrados, militantes y funcionarios de partidos, sindicatos, miembros de asociaciones civiles y cualquier otra persona física o moral que utilice, recaude, resguarde, gestione o administre, dinero, bienes o valores públicos, o que asuma obligaciones públicas y de naturaleza pecuniaria en nombre del gobierno federal.

5. Colaboración internacional para el combate a los paraísos fiscales .

6. Endurecimiento de controles del sistema bancario sobre lavado de dinero .

7. Investigación minuciosa y cancelación de empresas fantasma .

En las convocatorias para cualquier licitación pública, un requisito permanente que deberían cumplir los participantes sería presentar sus últimas dos declaraciones de impuestos, así como una opinión de cumplimiento de obligaciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Si fuera una empresa de reciente creación, y por ello careciera de ese requisito, a fin de no limitar su libre participación se solicitaría esa información a nivel personal por parte de sus socios. Un requisito adicional sería la declaración 3 de 3 de los participantes, si son personas físicas, o de sus socios, si son personas morales.

8. Auditoría inmobiliaria en Estados Unidos de figuras públicas mexicanas provenientes de la política y los altos negocios.

9. Eliminación de programas de consolidación fiscal .

10. Mayor disciplina en el combate de delitos tributarios y transparencia total en declaraciones juradas y patrimoniales.

11. Eliminación absoluta del secreto bancario , fiduciario y fiscal cuando se investiguen delitos tributarios y prácticas financieras ilícitas.

12. Aumento de los controles bancarios y financieros, e instauración de nuevas sanciones para los servidores públicos que colaboraran con este tipo de delitos.

13. Instauración de la técnica del "levantamiento del velo" en la práctica del derecho administrativo sancionador mexicano y el derecho electoral del país, que consiste en la exigencia total de transparencia para actores y corporaciones amparados bajo el derecho privado.

Además, se plantea hacer sujetos obligados de las leyes de transparencia y otras normativas de rendición de cuentas a los actores privados o corporaciones que reciban recursos públicos o donaciones provenientes de entidades públicas, y combatir la impunidad privada a partir de la instauración de tipos penales especiales por opacidad, simulación o colusión.

14. Elaboración y publicación de un padrón de contratistas sancionados o incumplidos.

15. Licitaciones públicas en línea y con control social para todo tipo de compra y contratación, incluyendo las Asociaciones Público-Privadas.

16. Responsabilidades administrativas y penales por incumplimiento de licitaciones públicas o simulación.

17. Estricta regulación a favor del interés público en Asociaciones Público-Privadas.

18. Transparentar todo tipo de publicidad gubernamental en medios de comunicación

19. Favorecer la economía social, solidaria y cooperativa en la contratación gubernamental.

Con esto, en las compras públicas se priorizarían los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas.

null20. Obligatoriedad de programas de testigos sociales y contralores ciudadanos con perspectiva de género en todas las compras públicas.

Participación aleatoria de vigilantes ciudadanos. El gobierno federal convocaría a ciudadanos interesados en vigilar los procesos en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza. También realizaría invitaciones directas a organizaciones civiles distinguidas como fiscalizadoras responsables del gobierno. Las convocatorias e invitaciones serían para diferentes fases, de manera que en ocasiones los ciudadanos vigilaran la convocatoria, la adjudicación, la implementación o el cumplimiento. Serían aleatorias y el aviso previo sería muy corto, a fin de hacer más efectiva la vigilancia ciudadana.

21. Prohibición de adjudicaciones directas .

22. Instauración de un sistema Contratanet.

23. Exigir que las compras públicas cumplan con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social.

24. Verificación de precios del mercado. Esto implicaría que, previamente a cualquier convocatoria en materia de adquisiciones, el gobierno federal cruzaría información con la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco), a fin de contar con puntos de referencia actuales e históricos para poder decidir sobre el mejor precio y las mejores condiciones de compra.

25. Concentrar las compras de insumos básicos y recurrentes . Se revisarían los inventarios de compra de las dependencias públicas a fin de identificar los bienes o servicios que se repliquen de una a otra, para concentrar la adquisición de éstos a través de una sola, y evitar así las compras duplicadas o los desperdicios de las mismas.

26. Se propone que, además de la víctima u ofendido, tratándose de delitos por hechos de corrupción pueda ejercer la acción penal por particulares cualquier persona, física o jurídica.

Así, en el supuesto de que cualquiera tuviera datos de prueba que permitieran establecer que se ha cometido un hecho de corrupción, y existiera la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, también podría acudir directamente ante el juez de control, sin necesidad de recurrir al Ministerio Público.