Por su parte el profesor de comunicaciones de la Universidad de Pensilvania, Chritopher Yoo, afirmó que si bien se hizo un esfuerzo de parte de las empresas por disminuir el tráfico de redes que estuvieran destinadas a entretenimiento, la medida no fue vista con malos ojos, al ser una opción para que las redes de comunicación liberarán tráfico.
“Netflix y Google representan más del 25% del tráfico. Entonces, con solo hacer que esos dos actores hagan algunos ajustes se puede tener un impacto enorme, no solo tenemos una realidad empresarial de que la transmisión de video es la mayor parte del tráfico, sino que hay una realidad técnica para la que tenemos herramientas para intervenir con video de formas que antes no podíamos y aunque la regulación en sí podría verse con malos ojos por infringir con la neutralidad de la red, la prioridad de la mayoría evidenció que fue una buena decisión”, puntualizó Yoo.
En el caso de México el titular de la Unidad de Política Regulatoria del IFT, Víctor Rodríguez coincidió en que la flexibilidad de la regulación ayudó en el momento crítico y ayudará en el despliegue de infraestructura.
“La libre elección, no discriminación, privacidad, transparencia, gestión de tráfico y desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones son los seis temas a atender por parte de los reguladores. Poder equilibrar la balanza para lograr un campo de juego parejo, transparente y equitativo, con la mirada puesta en el consumidor, es el desafío”, dijo Rodríguez.
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Sin embargo, a pesar de que Rodríguez sostuvo que la regulación en el país mantiene estándares internacionales, Yoo reviró al vocero de IFT y le cuestionó: “el enfoque de IFT refleja el reconocimiento de que técnicas como la gestión de tráfico, pero no con la debida importancia. Creo que en última instancia, sirven para objetivos superiores”, agregó el profesor de la Universidad de Pensilvania.
La discusión en torno a este tema trajo a la mesa la propuesta de regulación que a finales de 2019 impulsó IFT, donde las directrices de la nueva legislación fueron cuestionadas por organismos independientes como la red de derechos digitales R3D y donde posterior a una consulta pública, que terminó el pasado 15 de julio, la propuesta se ha mantenido en el tintero.