A tres años de gobierno, el sector tecnológico sigue en el olvido

Riesgos de no tener conectividad en México

La inversión en infraestructura tecnológica es otro desafío que enfrenta el gobierno de la 4T. Los recursos para cerrar la brecha digital son insuficientes, lo que se traduce en menor acceso a internet para la población y para las pequeñas y medianas empresas, que enfrentan altos costos para acceder al servicio.

Adicional, hay un menor hincapié para impulsar la denominada industria 4.0.

“La industria 4.0 optimizará los sistemas de fabricación, reducirá los tiempos de desarrollo de nuevos productos, los costos de fabricación y obtendrás procesos productivos totalmente integrados y automatizados en los cuales las máquinas funcionarán de manera autónoma, compartiendo información en tiempo real en cualquier parte del mundo, para facilitar la toma de decisiones” aseguró José Carlos Mapelli Mozzi, empresario mexicano impulsor de la transformación digital en México.

Por ello, consideró vital contar con más recursos para que el presupuesto de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) garantice competitividad.

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De acuerdo con The Competitive Intelligence Unit, al cierre del 2021, hay una fuerte concentración en la provisión de servicios de banda ancha en el país y las telecomunicaciones evolucionan de manera similar. De acuerdo con su más reciente reporte trimestral, el crecimiento anual que se ha tenido en ingresos por telecomunicaciones es del 2.2%.

Sin embargo, en otros rubros, como la adquisición de software y hardware, los números no son alentadores.

La política de austeridad de la actual administración dictó la reducción de 75% del gasto, lo cual derivó en el retiro de equipos de cómputo en diversas dependencias, como lo registró la Secretaría de Economía en 2020, o la cancelación de fideicomisos como el del programa de conectividad eMéxico.

¿Qué ha pasado con la Estrategia Nacional de Ciberseguridad?

De acuerdo con el Estudio Ciberseguridad: riesgos, progreso y el camino a seguir en América Latina y el Caribe, hecho por la Organización de Estados Americanos y el Banco Interamericano de Desarrollo en 2020, el impacto social y económico de los incidentes cibernéticos, costaron más de 90,000 millones de dólares.

Además, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en el Índice Global de Ciberseguridad, ubicó a México en el lugar 52 de 194 países evaluados, con un puntaje de 86.68, y en el cuarto lugar del continente americano. Aun con este panorama, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad sigue sin ser impulsada.

“Hemos llegado a la mitad del sexenio y no se cuenta con una estrategia digital nacional para impulsar, articular y soportar las acciones que encaminen a la transformación digital del país; y tampoco se cuenta con una estrategia nacional de ciberseguridad para desarrollar capacidades de esta índole. Ambas estrategias son indispensables para habilitar la economía, en la que debe imperar el Estado de Derecho y la defensa de los activos de información de instituciones del Estado Mexicano, organizaciones privadas, de la sociedad civil y la población en general”, indicó Ernesto Ibarra, Coordinador de Ciberseguridad y Derecho Digital en la UDLAP Jenkins Graduate School.

La última vez que se profundizó sobre una posible legislación en ciberseguridad fue en octubre de 2020, cuando el senador perredista Miguel Ángel Mancera, presentó un proyecto de Ley , sin embargo, la misma quedó en el tintero.