Con Sheinbaum, la tecnología promete agilizar los trámites en México

Austeridad. Merino señaló que no se trata de no gastar, sino de optimizar este gasto, y entender que en México hay niveles de desigualdad y pobreza que se deben priorizar en el ejercicio presupuestal.

También resaltó que esto implica la dictaminación tecnológica, es decir, que nadie pueda obtener tecnologías sin una autoridad que les dé el visto bueno y eso garantice interoperabilidad de sistemas, precios justos y la posibilidad de reusar esa tecnología para fines públicos.

Tecnología pública. Esto significa que se deben crear técnicas como arquitectura de datos, sistemas interoperables y a partir de ahí construir salidas para que los ciudadanos ejerzan sus derechos desde la vía digital.

Acceso con visión progresista. “No es solo colectividad, que es sustancial, sino también que implica que la política de digitalización de servicios y trámites debe poner en primer lugar a quienes más requieren del Estado para estar bien en sus vidas”, comentó.

De acuerdo con Merino, los trámites se concatenan con otros servicios, por ejemplo, el acta de nacimiento para darse de alta a un crédito Infonavit y si el primer trámite no sale bien no acceden a otros. Por ello, los servicios deben ser igualmente accesibles de manera oportuna y digital.

Exigir política de datos. El servidor público señaló que la tecnología pública es un habilitador del ejercicio de derechos que da puertas de acceso directas, agiliza la exigibilidad de los derechos digitales, pero también elimina a los mediadores políticos y burocráticos.

Ante este enfoque, Merino puede tener el respaldo de lo que hizo en la ADIP dentro de la Ciudad de México, entre los que destacan los 29,787 puntos de conectividad en toda la ciudad que conecta a cinco millones de usuarios únicos, el lanzamiento de la plataforma “Plaza Pública”, que permite hacer consultas ciudadanas digitales, del Portal de Datos Abiertos.

Bajo su administración también se lanzó la App CDMX, que ofrece 29 servicios y documentos digitales como licencia de conducir, tarjeta de circulación y credencial de funcionario del gobierno. Asimismo, integra el módulo de Movilidad Integrada, el Botón de Auxilio y Alarma en Casa, herramienta gratuita que no utiliza datos móviles.

Asimismo, se estableció la Fábrica de Software, integrada por 40 desarrolladores mexicanos que han generado más de 380 productos propios y que han permitido a la Ciudad de México ahorrar más de 2,500 millones de pesos al no contratar a empresas privadas para su diseño e implementación.

Puntos de la agenda digital

Dentro de la agenda digital que se pretende establecer en la próxima administración, Merino señaló que la Ley General de Mejora Regulatoria pasaría a ser la Ley General de Simplificación y Digitalización, cuya finalidad será simplificar la burocracia a través de su digitalización.

Además, se buscará implementar la Fábrica de software a nivel nacional para que se convierta en un repositorio de tecnologías públicas que se pueda compartir entre todos los niveles de gobierno.

Asimismo, se buscará la unificación de sistemas de información y registros administrativos interoperables. Eso implica crear un área de inteligencia de datos que haga análisis de grandes volúmenes de datos para la toma de decisiones públicas y para eliminar la evasión fiscal.

Por otra parte, Llave, el servicio de autenticación remoto, se aplicaría a nivel nacional para vincular el número de teléfono y/o correo electrónico y la CURP. Merino define a esta herramienta como la “semilla de una identificación digital única”, que permita interoperar sistemas de información y que los usuarios puedan acceder de manera remota a servicios y trámites.

En este sentido se pretende establecer un canal único de atención ciudadana para simplificar los trámites en ventanilla. “El propósito, cuando uno provee servicios públicos, es reducir la incertidumbre, que no quede espacio de duda sobre el trámite. Y una de las cosas para mejorar la experiencia del ciudadano con autoridades es crear un centro de atención ciudadana de no emergencias unificado. Que con sólo marcar un número y en menos de una hora resolver asuntos informativos, de despacho o de seguimiento”, detalló.

A nivel de Telecomunicaciones, dijo, se debe entender que en el centro de la agenda debe estar el aprovisionamiento de internet público. Esto implica que el Estado llegue a donde no alcanzan los privados, así como tener la rectoría de la política pública del sector.

Al respecto señaló que el papel del regulador, sea quien sea, será sustentar esa política pública en dos valores fundamentales: competencia y cobertura, algo que se debe reflejar en los procesos de licitación y en un programa nacional de espectro sostenible, dialogado entre sociedad civil, academia, autoridades y privados para los próximos 20-30 años del país.

Sectores prioritarios en la digitalización

Merino destacó que el SAT será una de las dependencias prioritarias a través de la integración de tecnologías para mejorar la eficiencia recaudatoria, además de establecer nuevos mecanismos de inteligencia financiera para evitar la evasión fiscal y profundizar el régimen simplificado de confianza.

Respecto a aduanas, la tecnología jugará un rol central en la trazabilidad de mercancías, y se creará una plataforma única para la revisión no intrusiva que operará las 24 horas del día los siete días de la semana.

Asimismo, resaltó que la Cofepris es otra área en donde la simplificación y digitalización será importante, al igual que en la entrega de programas sociales, para aprovechar el banco del bienestar como un mecanismo de acceso financiero y una vía de accesibilidad digital.

Mientras que en el sector Salud la tecnología permitirá generar un expediente clínico digital unificado que dé trazabilidad a las personas sobre su historial clínico. “En un país donde las personas entran y salen de la formalidad a la informalidad o del sector público al privado, no puede ser posible que tu atención de salud se reinicie cada que cambias de estatus laboral”, destacó.

También mencionó que este sistema funcionará bajo un mecanismo donde los ciudadanos tendrán gobernanza de sus propios datos (qué y quién los puede ver), además de la emisión de recetas electrónicas, un sistema de inventario digital en tiempo real para medicamentos y vacunas que agilice y optimice logísticamente su distribución.