El tema se puso a discusión tras la participación del diputado Chris Murray, quien señaló las acusaciones de represión sindical que pesan sobre Rockstar. Sin embargo, el político no aportó pruebas sobre la mala conducta.
“Tras ponerme en contacto con Rockstar, han fracasado en asegurarme que están siguiendo la ley laboral y comparto las preocupaciones sobre una represión sindical”, dijo el funcionario antes de incentivar la discusión al respecto.
Rockstar, en medio del conflicto
Una semana antes de que se diera a conocer el retraso de GTA VI hasta noviembre del próximo año, el caso de los 34 desarrolladores generó controversia, pues se afirmó que se trataba de un grupo sindicalista que habría sido reprimido por la empresa, según las denuncias públicas de los trabajadores.
En respuesta a los despidos, Rockstar informó que tomaron dicha decisión luego de que las personas fueran “descubiertas distribuyendo y discutiendo información confidencial en un foro público, lo que constrituye una violación de las políticas de nuestra empresa”.
Como parte de la respuesta a Bloomberg, el vocero de la empresa especificó que la acción en contra de los exempleados “no tuvo ninguna relación con el derecho de las personas a afiliarse a un sindicato ni a participar en actividades sindicales”.
Sin embargo, los empleados de Rockstar ya han hecho protestas en Edimburgo, París, Londres y Nueva York para generar visibilidad y presión hacia grupos políticos para que atiendan su caso.
Asimismo, presentaron una carta con más de 200 firmas de empleados y apoyo de entidades oficiales, donde se exige la readmisión de las personas que fueron despedidas, quienes han criticado los abusos que hay en el desarrollo de uno de los videojuegos más esperados en la historia del gaming.
“Grand Theft Auto VI generará miles de millones, de eso no hay duda. Los inversores se volverán ricos, se harán fortunas, pero quiero que la gente piense en el costo humano”, señalan los empleados afectados.
