El objetivo, celebrado como “histórico” por el gobierno federal, responde a años de demandas de justicia laboral en el trabajo digital. Sin embargo, la implementación del nuevo marco no ha sido sencilla.
Desde el inicio, grupos de trabajadores como Repartidores Unidos de México (RUM) celebraron la idea de contar con seguridad social, pero también advirtieron que si no se tomaban en cuenta los diferentes perfiles de quienes laboran en plataformas habría impacto a sus ingresos.
Las aplicaciones de delivery son de gran relevancia en México. De acuerdo con datos de Statista, en 2024 el país se consolidó como el segundo mercado más grande en Latinoamérica de este sector, solo por detrás de Brasil, con un valor que se estima en 2,530 millones de dólares.
Poco después de que iniciara la fase piloto, Uber anunció un aumento de hasta 7% en sus tarifas de movilidad para compensar los costos derivados de la incorporación de sus socios al esquema de seguridad social. Aunque Uber Eats aclaró que este ajuste no aplicaría en sus servicios de reparto de alimentos, el impacto simbólico fue innegable.
El gobierno federal, por su parte, calificó el aumento como unilateral e irresponsable, recordando que en las negociaciones para la reforma las plataformas se habían comprometido a no trasladar esos costos a consumidores ni trabajadores.
Para muchos socios repartidores de RUM, el incremento de las tarifas no se tradujo en mayores ingresos para ellos. Francisco Edgar, uno de los representantes de la agrupación, incluso señaló a Expansión que sus ingresos habían mermado aproximadamente 30%.
El nuevo cobro del 2% por infraestructura urbana
A la reforma laboral se sumó otro frente de cambio fiscal, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la constitucionalidad de un cobro de 2% a las plataformas digitales por concepto de “aprovechamiento de infraestructura urbana” en la Ciudad de México.
Este gravamen, que ya estaba previsto en el Código Fiscal capitalino, se aplica sobre las comisiones que generan las entregas de mercancías y fue justificado como una contribución por el uso de calles, avenidas y espacios públicos.
