La UNAM, en un primer análisis técnico, aseguró que no hay indicios de extracción de información de los sistemas que resguardan datos personales del alumnado o del personal académico y administrativo, pero el suceso mantiene en alerta al sector académico.
Este incidente además evidencia un problema estructural en la ciberdefensa de instituciones académicas que ya sea públicas o privadas, mantienen un rezago ante este tipo de eventos.
La educación superior, tanto en México como en el resto del mundo, es un objetivo persistente para ciberdelincuentes por la cantidad y variedad de información que alberga, que vas desde datos de estudiantes y docentes hasta investigación estratégica y propiedad intelectual.
“Las organizaciones educativas reciben más de 4,000 ataques semanales por institución, una cifra que supera ampliamente los promedios globales de otros sectores productivos”, señaló Mohammed Khalil, arquitecto de ciberseguridad en DeepStrike, una empresa de ciberseguridad.
Estudios internacionales, como el hecho por el gobierno del Reino Unido, señalan que 30% de las instituciones de ese país han tenido vulneraciones y Khalil argumenta que las razones son la riqueza de datos y una mezcla de menor concienciación sobre riesgo cibernético y brechas de protección comparado con otros sectores.
El caso de la UNAM cobra todavía más relevancia si se compara con prácticas competitivas de otras universidades globales para proteger su infraestructura. La Universidad de Okayama, por ejemplo, ha fortalecido desde hace años su Centro de Tecnologías de la Información y Gestión y su equipo de respuesta ante incidentes (CSIRT), con soluciones modernas de prevención de intrusiones y gestión de amenazas, para asegurar la continuidad de la investigación y el acceso seguro de estudiantes y personal a servicios académicos.
