Entre los elementos centrales de la propuesta destacan:
Definición amplia de inteligencia artificial: sistemas capaces de procesar datos, aprender, razonar o tomar decisiones de manera autónoma o semiautónoma.
Clasificación de sistemas de IA según niveles de riesgo, con obligaciones diferenciadas.
Principios rectores como transparencia, seguridad, responsabilidad, no discriminación y respeto a derechos humanos.
Regulación del uso de datos para entrenar modelos, con énfasis en la protección de datos personales.
Obligaciones para desarrolladores y usuarios, incluyendo evaluaciones de impacto y mecanismos de supervisión.
Creación de una autoridad o entidad especializada encargada de coordinar la política pública en IA.
- Establecimiento de sanciones por usos indebidos o riesgosos de la tecnología.
La iniciativa también concibe la IA no solo como una tecnología, sino como un conjunto de sistemas con impacto transversal en sectores económicos, sociales y gubernamentales, lo que justifica un marco regulatorio específico.
No obstante, el avance de estas propuestas ocurre en un contexto donde, según especialistas, el principal déficit no es normativo, sino institucional. La falta de claridad sobre quién debe regular, supervisar y sancionar el uso de la IA genera incertidumbre en el sector privado.
Esa ausencia de liderazgo técnico también se refleja en la escasez de perfiles especializados dentro del sector público.
El problema no se atribuye únicamente a la desaparición de organismos autónomos, sino a la limitada capacidad del Estado para atraer y retener talento experto en tecnologías emergentes.
Sin equipos técnicos consolidados, la regulación corre el riesgo de quedarse en el papel o de replicar modelos extranjeros sin adaptación local.
“Somos mucho más usuarios de inteligencia artificial que desarrolladores”, apuntó el especialista de la Asociación de InternetMX.
Esto implica que una regulación excesivamente restrictiva podría inhibir el crecimiento de un ecosistema aún incipiente.
La discusión también se ve atravesada por factores internacionales, como la revisión del T-MEC, que podría presionar a México a adoptar reglas sobre flujo de datos y comercio digital. En ese terreno, el país enfrenta una tensión entre dos modelos, el europeo, más restrictivo, y el estadounidense, más flexible.
“Muchas de las iniciativas que estamos viendo están más orientadas hacia el modelo europeo, pero con el T-MEC el modelo norteamericano también pesa”, explicó Villarreal.
El vacío de gobernanza no solo tiene implicaciones regulatorias, sino también económicas. La posibilidad de que la regulación se concentre en una sola entidad gubernamental, como plantea la iniciativa de Monreal, podría dar claridad, pero también genera preocupaciones sobre concentración de poder.
