Por esta razón, sostiene que no se debe limitar su uso, sino integrarla positivamente en la vida cotidiana, algo en lo que coincide el abogado y perito informático Iván Díaz, quien incluso cita que una prohibición entraría en conflicto con el artículo sexto constitucional, que garantiza el derecho al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), el cual no está restringido por la edad del ciudadano.
De acuerdo con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, la discusión en México se centra en el diseño de las plataformas para atraer usuarios, como el scroll infinito, las notificaciones constantes, la reproducción automática de videos y los algoritmos de recomendación.
”Estamos frente a un problema de salud pública, no es una cuestión nada más de autorregulación de las personas o de las familias. Se requieren acciones colectivas que antepongan el bienestar de las infancias y las juventudes antes que los intereses comerciales”, dijo el funcionario durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Jonathan Haiducovich, profesor de la Universidad de Nueva York y autor del libro La generación ansiosa, también envió un mensaje en el mismo escenario invitando a la mandataria a quitar los teléfonos durante los tiempos de escuela y elevar a 16 años la edad mínima para abrir cuentas de redes sociales. Sin embargo, también sugirió que cualquier regulación no se enfoque en restringir contenidos.
Ante este panorama, Díaz sostiene que el enfoque no debe ser punitivo ni basarse en la prohibición, la cual califica como "letra muerta" si no existe una responsabilidad social de fondo. En su lugar, propone que el Estado y la sociedad deben centrarse en el fomento de una verdadera educación digital.
Promover el uso cuidadoso de las redes sociales
En lugar de prohibir las redes sociales, Gil aboga por promover un “uso cuidadoso, responsable y equilibrado”, pues intentar prohibir estas plataformas de tajo genera el riesgo de que los menores terminen utilizándolas "a escondidas". En su lugar, propone mantener conversaciones abiertas que ayuden a visibilizar y minimizar los riesgos de forma conjunta.
Para Díaz esto implica una capacitación no solo a los menores, sino también a los padres de familia, pues considera diferencial el “acompañamiento de los padres en el uso de este tipo de tecnologías”, ya que transforma la supervisión en una actividad compartida y consciente en lugar de una restricción ciega.
Asimismo, argumenta que el cumplimiento del artículo sexto constitucional no debería verse como la sola entrega de dispositivos, sino como el fomento de una “inclusión digital a un uso adecuado de los activos de información”. Esto implica que tanto el Estado como los tutores deben colaborar para que los niños entiendan el procesamiento de información y los riesgos inherentes a la red.
