Sin medir, los programas del gobierno
¿Quién no quiere que el gobierno invierta para mejorar el bienestar de la población? Hay países que ya trabajan hasta para medir la felicidad sentida por sus habitantes y entre ellos está México, con el informe de bienestar autorreportado. En él se mide qué tan bien se sienten los mexicanos con su vida y con sus perspectivas a futuro, para a partir de esa información diseñar políticas públicas que ayuden a mejorar. Se espera que el gobierno invierta para sacar de la pobreza a la población, para aumentar la calidad de la educación y para que cada vez más habitantes tengan servicios de salud de calidad.
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El gobierno mexicano está invirtiendo en programas de desarrollo social. Por ejemplo, para prevenir y controlar el sobrepeso, la obesidad y la diabetes invirtió durante 2017 más de 300 millones de pesos. Para llevar más servicios de salud a poblaciones de escasos recursos, dedica más de 9,800 millones de pesos en el programa IMSS Prospera. Pero hasta ahora es difícil saber qué tan efectivos han sido esos dos programas, porque no están bien definidos los criterios para evaluar sus avances.
Esa es la observación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que señala que esos dos programas, y muchos más, no cuentan con evaluaciones de impacto. Sobre el programa IMSS Prospera dice: “continúa en proceso el diseño de una evaluación de impacto”. Lo mismo sobre el Programa de Fomento a la Agricultura, de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud (Conacyt), de Atención a la Salud (Secretaría de Salud), de Prevención y Atención contra las Adicciones, de Atención a Personas con Discapacidad, del Seguro Médico Siglo XXI, del Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa y algunos otros. En cambio, sí considera que hay evaluación de impacto en el programa del Seguro Popular, con un presupuesto de más de 67 mil millones de pesos en 2017.
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En el caso del programa de la Secretaría de Salud para enfrentar el sobrepeso, la obesidad y la diabetes, la Coneval advierte que “si el Programa no puede demostrar el desempeño, ya que presenta debilidades en sus mecanismos de monitoreo, corre riesgos de recortes presupuestales”, luego de una reducción de 28% en sus recursos entre 2016 y 2017.
“La política pública en salud y en educación y en muchos otros aspectos, por lo menos en los últimos 30 años, no está diseñada con base en la evidencia”, señala Alfonso Miranda, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE). No hay un diseño para medir los programas, se recupera solo información dispersa y no necesariamente de buena calidad, agrega.
“La política pública termina siendo determinada por intuiciones, ocurrencias, llega una persona con otra forma de ver las cosas y la cambia”, dice Miranda. Para medir el impacto de una política, habría que definir sobre qué población se va a actuar y que se midieran pequeñas muestras, para saber si se dieron los cambios esperados a partir de las acciones del gobierno. Pero en muchos casos, las mediciones son generales. Por ejemplo, se dice que bajó el porcentaje de población en pobreza, pero no se puede saber si un determinado grupo de población salió de la definición de pobreza por alguna política pública en particular.
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En el caso de la política contra el sobrepeso, la intención declarada es tener más acciones preventivas, para promover un estilo de vida más saludable y mejor alimentación, y para que los centros de atención primaria encuentren de manera temprana a las personas que pudieran desarrollar alguna enfermedad como la diabetes. Pero los recursos no siempre acompañan a las intenciones. “Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón, como dice la Biblia”, es decir, si se destina más dinero a la construcción de hospitales de tercer nivel (de atención especializada) que a las clínicas de atención primaria y a los sueldos de los médicos generales y la enfermeras, entonces se está reforzando el statu quo, de esperar a que los pacientes se enfermen y después atender complicaciones más costosas, explica José Antonio Salazar, coordinador de la Licenciatura en Gobierno de la Universidad Panamericana.
Las acciones de prevención lucen menos que los tratamientos costosos, agrega Salazar. Sería como preguntarle a un gobernador: “¿Qué prefiere, salir en la foto de la inauguración de un hospital o pesar a todos los pacientes para detectar el riesgo de enfermedades?”.
Y las fotos pueden hacer que se olviden las evaluaciones más a detalle. Por un lado ya se están midiendo los retos de México. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) mide el avance del bienestar, basado en 35 indicadores. Ahí se incluye, por ejemplo, la percepción sobre administración de justicia, en la que se ve que menos de 6% de los mexicanos cree que los delincuentes son castigados, o la percepción sobre salud individual, donde se resalta que en Oaxaca y Michoacán hay una menor sensación de salud que en el resto del país. Ya se sabe cuáles son los retos. Faltaría que los programas para atenderlos tuvieran “una evaluación de impacto”, por usar las palabras del mismo Coneval.
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El tema del bienestar de los mexicanos es tratado en la iniciativa Diálogos Expansión , en la que participan la Fundación Carlos Slim, Kellogg y American Express.
