9 'huecos' del expediente Ayotzinapa detectados en el informe final del GIEI

Los expertos recomiendan agotar todas las líneas de investigación, como el ataque a Los Avispones, las líneas de teléfono de los normalistas, así como las lesiones en los detenidos por el caso Iguala.
Familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala agradecieron a los expertos la investigación que realizaron desde febrero de 2015.
Despedida  Familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala agradecieron a los expertos la investigación que realizaron desde febrero de 2015.  (Foto: Agencias)
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

En el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentado este domingo, se revelan varias inconsistencias y omisiones del expediente de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el caso Ayotzinapa.

El documento, de más de 600 páginas, explica irregularidades que encontraron los especialistas —convocados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a partir de un acuerdo entre víctimas y el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto—, así como nuevos hallazgos que buscan contribuir a esclarecer la verdad sobre lo que ocurrió a los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada tras haber sido detenidos por policías municipales, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

El GIEI concluye en su informe final —tras su labor que inició en febrero de 2015 y concluye el próximo 30 de abril, luego de que el Gobierno de la República decidió no extender su mandato— que hay varias líneas de investigación, como lo que revelan los telefónos celulares de algunos normalistas y la participación de policías de otras localidades, que no han sido agotadas en la indagatoria oficial y que podrían dar más pistas en torno al ataque a los estudiantes y a los integrantes del equipo de fútbol de Los Avispones.

Además, el GIEI lamentó en conferencia de prensa lo que consideró un bloqueo de las autoridades mexicanas para obtener información, y que el gobierno no haya querido extender la estancia del Grupo.

Mientras la PGR afirmó que el caso permanecerá abierto "hasta que todas las personas penalmente responsables sean presentadas ante las autoridades", el presidente Peña Nieto agradeció al GIEI a través de Twitter, y afirmó que se analizará el informe para enriquecer la investigación oficial.

Los familiares de las víctimas desconfían de la versión oficial, por lo que pedían extender el mandato del GIEI, así como mantener la búsqueda de los jóvenes.

A continuación te presentamos 9 aspectos destacados por el GIEI como pendientes de resolver en el expediente Ayotzinapa.

1. Contradicciones en peritajes

De acuerdo con material fotográfico de reporteros, el Grupo de Expertos obtuvo evidencias de irregularidades en la narrativa de la PGR. Por ejemplo, sobre el hallazgo de una bolsa con restos óseos que pertenecían a Alexander Mora Venancio, único normalista cuyos restos fueron identificado por la Universidad de Innsbruck, un día después de los ataques, pero que el expediente de la PGR incluye hasta el 29, cuando en la propia documentación de la Procuraduría está una fotografía de dicha bolsa con la etiqueta de servicios periciales del 28 de septiembre.

2. Línea de investigación de los celulares

El análisis del GIEI expone que algunos de los telefónos de los normalistas estuvieron activos todavía unas horas o días después de lo sucedido.

El informe destaca que, según el análisis de la telefonía, uno de los normalistas envió un mensaje a su madre, pidiéndole un recarga telefónica, a la 01:16 horas de la madrugada, una hora después de cuando, según la versión oficial, habrían sido asesinados en el basurero de Cocula. De acuerdo con el reporte, otros celulares también permanecieron activos, y en algunos otros se cambiaron los chips y siguieron utilizándose.

Los especialistas pidieron profundizar en torno a esta información, pues pudiera revelar datos tanto de los presuntos responsables como del destino de los jóvenes.

3. Retenes en Mezcala

El documento agrega un bloqueo sobre la carretera en Mezcala, aproximadamente a las 24:00 horas, poco después del primer ataque al autobús de Los Avispones, por parte de un grupo de encapuchados. En el lugar, dos personas habrían resultado heridas de bala: una mujer y un agente de la Fiscalía de Guerrero.

Sin embargo, pese a la gravedad de los hechos, el GIEI destaca que estos hechos no han sido investigados en conexión con el caso Ayotzinapa, y aunque resultan necesarias para esclarecer lo que sucedió no se han recogido todas las declaraciones.

El GIEI añade que, aunque el ataque de Mezcala está en el expediente de la PGR y existe una averiguación previa diferente sobre los hechos y las heridas a las dos personas, información sobre un segundo bloqueo en Mezcala y la quema de algunos vehículos no se encuentran en el expediente.

Según el testimonio de un familiar de un integrante del equipo de futbol, a la altura de Sabana Grande, se ubicó otro bloqueo con tráiler.

4. El traslado de algunos normalistas a Iguala

El informe incluye el presumible traslado de 14 normalistas a la Comandancia de Iguala tras su detención, de acuerdo con declaraciones e información recabada por el Grupo de Expertos, pero esta versión no ha sido investigada.

Ángela Buitrago, una de las especialistas del GIEI, dijo que la detención de los estudiantes fue reconocida por el entonces jefe de la Policía Municipal, Felipe Flores, quien en la madrugada preguntó sobre esto y un oficial confirmó que le habían llevado unos jóvenes.

Sin embargo, pese a que el Grupo pidió a la PGR que se tomara declaración a los detenidos esa noche en la comisaría, así como al personal que se encontraban de guardia en el lapso de tiempo en que ocurrieron los hechos, “ni las declaraciones de las personas detenidas esa noche en barandillas ni las declaraciones del médico y los policías han sido recabadas por parte de la PGR cuando fue publicado este informe”.

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5. El quinto autobús

El informe también muestra la omisión, en los primeros meses de investigación, de un quinto autobús que los normalistas habían tomado y que no estaba siendo investigado.

La opacidad en torno a la existencia de este vehículo y las contradicciones en los testimonies llevaron al GIEI a plantear una hipótesis del caso que debía ser investigada, y que sostiene la posibilidad de que dicho autobús podría haber sido un medio de transporte para la heroína que se produce en la zona.

“(Esto) podría explicar el nivel del operativo dirigido a no dejar salir los autobuses, al cerco en la carretera que se muestra en este estudio y la agresión creciente contra ellos, con la desaparición forzada de los normalistas y el ataque masivo contra el autobús de Los Avispones”, explica.

Al respecto, los expertos mencionaron que pidieron información a la PGR sobre las investigaciones de Estados Unidos sobre la organización Guerreros Unidos que, según la versión del gobierno, es responsable de haber asesinado a los normalistas y desaparecido sus cuerpos.

6. Los soldados del 27 Batallón

De acuerdo con el expediente final del GIEI, integrantes del 27 Batallón del Ejército estuvieron presentes en diversos escenarios durante esa madrugada, por lo que desde abril de 2015, los expertos habían solicitado entrevistarse con los militares, al considerarlos clave para obtener pistas sobre la desaparición, pero esto les fue negado.

El GIEI insiste en la segunda parte de su investigación sobre el hecho de que un miembro de dicho agrupamiento había tomado fotografías al menos en la zona del Palacio de Justicia donde se encontraba el autobús Estrella de Oro 1531, justo en el momento en que los policías estaban destrozando el autobús, bajando, golpeando y deteniendo a los normalistas. No obstante, en la averiguación no constan esas imágenes.

En respuesta, la PGR indicó que no posee dichas fotografías porque fueron tomadas con un celular personal del soldado, y no reposan en el Batallón.

7. Policías de Huitzuco

La investigación del GIEI reporta la movilización de la Policía de Huitzuco, con unos 25 efectivos y seis patrullas, para llevar a cabo, aparentemente, un retén en la carretera en el cruce hacia Pololcingo, sin ningún motivo declarado, durante las horas claves de esa noche, mientras estaban dándose los ataques a los normalistas y Los Avispones.

Según las bitácoras policiales, la salida de patrullas de Huitzuco afuera de la ciudad se dio entre las 23:00 y las 01:40 horas. Además, la Policía de la localidad estaba alertada de los hechos de Iguala en contra de los normalistas.

La participación de la Policía de Huitzuco fue puesta en evidencia también en el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CDNH), en la que se planteó que los normalistas habrían sido llevados hacia esa localidad.

8. Lesiones de detenidos

El GIEI tuvo conocimiento de numerosos informes médicos que recogían lesiones físicas en casi 80% de los detenidos, y analizó 17 casos de los inculpados considerados integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos, y relacionados con la versión del basurero de Cocula, así como de un grupo de policías de dicho municipio y de Iguala detenidos cerca de un mes después de los hechos.

De acuerdo con el experto Carlos Beristain, hay contradicciones en los informes, pues en el primero no tienen lesiones, en el segundo ya tienen, en tanto que en el tercero y cuarto presentan más lesiones. Estos indicios se tienen que investigar, dijo el especialista.

9. Quinta versión

Los expertos del GIEI establecieron que, a raíz de la presentación de su primer informe, surgió otra version en la que se señala que los normalistas llevados al basurero de Cocula no serían 43, sino un número mucho menor: 17.

Ver video: Confirman 17 cuerpos incinerados en Cocula, ¿son los estudiantes?

Esta información contrastaba con los resultados del primer informe del GIEI, en el sentido de que no se habría producido la quema masiva de los cuerpos de los normalistas el 27 de septiembre de 2014 en dicho lugar. Sin embargo, en días pasados una investigación solicitada por la PGR a un grupo de expertos en fuego afirmó que era cierto.

El análisis del GIEI sostiene que las declaraciones recabadas en los expedientes no son consistentes con esta información, y reitera que no hubo fuego en Cocula.

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