Así avanza el caso en contra del exgobernador César Duarte
El exgobernador César Duarte tiene una cita este viernes con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), que investiga la presunta retención ilegal de sueldos a trabajadores de Chihuahua a lo largo de su mandato (2010-2016).
De acuerdo con el fiscal Santiago Nieto, el monto implicado asciende a 79 millones de pesos (mdp), de los cuales al menos 14 mdp presuntamente se emplearon como "aportación del Poder Ejecutivo" al partido en el que aún milita el exmandatario estatal, el PRI.
Esta investigación —una de las más recientes en contra de Duarte— derivó de una denuncia presentada por la Secretaría de la Función Pública de la actual administración de Chihuahua, que encabeza el panista Javier Corral y que acusa al exgobernador de haber transferido fondos públicos al PRI durante campañas electorales.
A la par, el gobierno de Corral denuncia ilícitos presuntamente cometidos en la gestión anterior, por una red de funcionarios y empresarios coludidos para desviar dinero de las arcas públicas. Entre las irregularidades señaladas está la simulación de contratos de servicios que no se realizaron y la enajenación de bienes para venderse a precios más bajos, lo que implica un posible daño al erario por 1,076 mdp.
El 28 de marzo, Corral aseguró que Duarte era "prófugo de la justicia" y se encontraba en Texas, Estados Unidos, por lo que pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) emitir una orden de captura en su contra. Tres días después, la Interpol emitió una ficha roja para detener al exgobernador priista con fines de extradición a México.
nullSin embargo, Duarte no se quedó callado. Por medio de una carta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, acusó ser víctima de una persecución política y, a la fecha, permanece lejos de la luz pública.
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La presunta red de corrupción
De acuerdo con la fiscalía estatal, por medio de la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda chihuahuense se hicieron desvíos por 745 mdp. Por esa razón, tres exfuncionarios de la dependencia enfrentan cargos por el delito de peculado y fueron detenidos entre finales de marzo y principios de este mes.
Se trata de Gerardo Villegas, quien fue director de Administración de la secretaría; Antonio Enrique Tarín, diputado suplente por el PRI, aunque no pudo tomar protesta como titular —y tampoco conseguir fuero— , y Sergio Medina, quien estuvo a cargo de la dirección de Adquisiciones.
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A Medina se le atribuye el delito de peculado agravado por 379 mdp, por "simular un procedimiento administrativo en complicidad con otros colaboradores y personas externas, en hechos que tuvieron lugar del mes de febrero a octubre del 2016, en la contratación de servicios informáticos que nunca fueron prestados", según la fiscalía.
Otros dos exfuncionarios detenidos son los exsecretarios de Educación, Cultura y Deporte Karla Jurado y Ricardo Yáñez, arrestados en marzo con acusaciones de simular procedimientos administrativos de contratación de servicios durante 2016, en un probable contubernio con la Dirección de Adquisiciones.
Además, el fiscal de Chihuahua, César Peniche, anunció el 20 de junio la detención del empresario Germain López Cervantes , quien presuntamente participó en un desfalco al erario por 120 mdp.
El expediente señala que, como representante legal de Kepler Soluciones Integrales, SC, López Cervantes aportó la documentación para simular un procedimiento de contratación de servicios profesionales que no fueron prestados, en complicidad con Villegas y con Tarín.
Según la fiscalía, con el mismo modus operandi Villegas y Tarín simularon operaciones por 246 mdp para desviar recursos destinados para la contratación de servicios de capacitación y asesoría, así como para talleres y para el diseño y la implementación de un software con fines educativos. En esta etapa, se presume la participación de Jurado y de Yáñez.
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Los otros detenidos
Asimismo, el exauditor del estado, Jesús Manuel Esparza, fue detenido en un hotel de Palenque, Chiapas, por el delito de peculado agravado por un monto de 524,189 pesos, y por su probable responsabilidad en el delito de ejercicio ilegal del servicio público por encubrir una observación de 1.8 mdp de la administración de Hidalgo del Parral, municipio del que Duarte es originario.
Según las investigaciones, Esparza usó los más de 500,000 pesos para adquirir paquetes vacacionales para él y su familia en Playa del Carmen y Cancún, en Quintana Roo, así como en San Francisco y Miami, en EU, con cargo al erario.
Otro detenido, por la enajenación de cerca de 190 hectáreas para venderlas a precios menores de su valor, es el exsecretario de Comunicación y Obras Públicas, Javier Garfio, quien enfrenta cargos por peculado por un monto de 328 mdp.
La fiscalía del estado acusa que Garfio autorizó la venta de predios para que una empresa particular construyera un fraccionamiento de vivienda popular, y que lo hizo por un monto de 99.1 mdp cuando el avalúo era de 427.8 mdp.
El más reciente detenido en esta trama es el exdiputado de Movimiento Ciudadano Fernando Mariano Reyes, quien presuntamente recibió 2.4 mdp como pago por aprobar la bursatilización de la deuda estatal en el Congreso chihuahuense. A través de la consultora Bildung, el legislador presuntamente desvió los recursos, bajo el mismo esquema de prestación de servicios que nunca se realizaron.
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