El INE va por ‘candados’ para funcionarios, programas y campañas electorales

El Instituto Nacional Electoral (INE) prepara más 'candados' para limitar la actuación de los candidatos y sus equipos, e incluso de los servidores públicos y hasta de los programas públicos, con la intención de garantizar la equidad de las campañas de cara a los comicios de 2018.

El consejero presidente, Lorenzo Córdova, informó que el organismo ya decidió emitir nuevas regulaciones para, por ejemplo, prohibir la entrega de tarjetas con promesas —una de las prácticas que más polémica levantaron durante las elecciones de este año, al ser considerada como una posible medida de coacción del voto—; además, prevé pronunciarse en materia de la obligación de los funcionarios de aplicar los recursos públicos con imparcialidad, así como restringir la entrega de beneficios por parte de los gobiernos.

“Hay consenso ya entre los consejeros de que vamos a impedir el uso de tarjetas que prometen dádivas a cambio del voto durante los procesos electorales , y que han sido objeto de una controversia muy encendida en estos días", dijo en entrevista con Expansión.

"Vamos a regular el artículo 134 constitucional, que establece el principio de imparcialidad con el que deben conducirse los funcionarios públicos (...) Vamos a aprobar con una antelación que nunca antes había ocurrido las reglas sobre el uso de los programas sociales, de modo tal que pueda haber un monitoreo de la sociedad, de los medios de comunicación, sobre cómo se van a utilizar los programas sociales de cara a los procesos electorales del próximo año", comentó.

El más reciente acuerdo aprobado por el Consejo General del INE, con el objetivo de impedir la promoción indebida de los aspirantes a participar en las próximas elecciones , fue impugnado por más de 300 actores públicos —incluida la Presidencia de la República.

Córdova explicó que esos primeros lineamientos —actualmente bajo revisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)—, así como los que ahora se alistan, tienen la finalidad de generar condiciones más justas de cara a las contiendas federales y las 30 estatales que se celebrarán en 2018 para renovar casi 3,500 cargos públicos. El consejero añadió que ya están en diálogo con los partidos, con el fin de poder votar los planteamientos antes de que inicie legalmente el proceso electoral, el próximo 8 de septiembre.

"Lo que asumimos es que, desde que arranca el proceso, entramos en una especie de periodo especial de prevención de la equidad, hay que cuidar la equidad en este momento, porque inmediatamente después comienza el juego electoral", dijo.

"Tenemos tiempo escaso, pero estamos teniendo reuniones con los representantes de los partidos políticos, dándoles a conocer nuestros proyectos de modificación a las normas (...) Los partidos, a menos de un año de la elección, evidentemente van a leer esas reglas —me temo— no con una vocación de justicia en abstracto, sino con una vocación de beneficio en concreto", abundó.

Córdova agregó que la interlocución con los partidos es útil para cruzar información en torno a particularidades para mejorar estas normas, y afirmó que los consejeros buscarán construir los mayores consensos posibles con dichos institutos y en general con la opinión pública, pero enfatizó que el eventual rechazo de estos actores no modificará su determinación de poner estos nuevos límites "guste o no guste".

"Nosotros no vamos a actuar atendiendo —usando la metáfora de un estadio de futbol, donde nosotros somos el árbitro— ni a lo que la tribuna ni a lo que los jugadores nos pidan. No vamos a actuar para ganar el aplauso fácil, pero tampoco podemos pretender aislarnos del contexto, y sabemos que las críticas que se nos están haciendo es que necesitamos regular las condiciones antes de que arranquen las precampañas para que el uso del dinero público o privado, o de prerrogativas como por ejemplo los spots a los que tienen derecho los partidos políticos (sea correcto), sí hay un clamor para generar condiciones de equidad", aseguró.

Nuevas reglas

El consejero detalló, en el caso de las responsabilidades de los servidores públicos, que el Consejo General del INE ha determinado que actores como el mismo presidente de la República han violado el principio de imparcialidad —como ocurrió con Felipe Calderón en 2012 y Vicente Fox en 2006—, pero el organismo solamente es responsable de señalarlo y no de imponer sanciones, por lo que dichos ilícitos quedan sin castigo.

"Lo que pasa después es, casi siempre en todos los casos, nada. No hay una sintonía entre la normatividad electoral y el principio de imparcialidad de los servidores públicos consagrado en la Constitución con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Si me preguntas que si lo que estoy diciendo es un problema de impunidad , la respuesta es tajante que sí (...) Esto es parte del problema estructural que tiene el país de impunidad, que es la fuente, base y alimentación, la salvia vital, de la corrupción", enfatizó.

Sobre la regulación que alistan para los programas sociales , el consejero presidente indicó que la intención es puntualizar cuáles será válido desplegar durante los procesos electorales, y cuáles no. Recordó que el INE ya se ha pronunciado en la materia, pero en esta ocasión busca hacerlo antes del inicio del proceso electoral, con el fin adicional de que los lineamientos queden listos antes de la discusión de los presupuestos para 2018.

"No queremos programas sociales de temporal, éstos que ‘ah, como hay elecciones, voy a dar tal o cual beneficio’, éstos no. Tienen que ser programas que estén previstos, presupuestados y cuyas normas de operación se conozcan desde el momento en que se aprueban los presupuestos con los que se van a financiar. No de cara a la elección, desde antes", destacó Córdova.

"Queremos que estas reglas puedan servirles a los medios de comunicación, a la academia, a las organizaciones de la sociedad civil para monitorear cómo se va dando el financiamiento, la discusión sobre los programas sociales y el financiamiento de los mismos en el ámbito presupuestario federal y local", dijo.

Córdova reconoció que, al final, estos acuerdos del instituto también podrían ser controvertidos por parte de los actores políticos afectados, ante instancias como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).