La CNDH emite recomendación a la Sedena y SSP de Puebla por caso Palmarito

CIUDAD DE MÉXICO - La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló a funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla tras acreditar “violaciones graves” en los hechos ocurridos en Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac, Puebla, el año pasado.

Tras su investigación, la CNDH contó con elementos para acreditar las violaciones graves a derechos humanos a la libertad personal y a la presunción de inocencia; a la verdad; a la vida; a la integridad personal; a la legalidad y seguridad jurídica; al interés superior de la niñez y a la debida procuración de justicia, señaló el organismo en un comunicado.

Dichas violaciones se relacionan con la “ejecución arbitraria de dos personas, el trato cruel contra 12 personas más, incluidos tres menores de edad, la detención arbitraria de 2 infantes; la manipulación de un cadáver y la colocación de las armas largas que se relacionaron con 2 personas fallecidas”.

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Dichas conductas, precisa la comisión, son atribuibles a servidores públicos de la Sedena y de la SSP del estado de Puebla, lo que motivó la emisión de la Recomendación 12VG/2018.

El 3 de mayo de 2017 se registraron enfrentamientos armados en la comunidad de Palmarito Tochapan entre civiles -dedicados a la sustracción ilegal de hidrocarburos- contra militares y servidores públicos federales y estatales.

El saldo fue de 10 personas muertas -6 civiles y 4 militares-; 26 lesionadas -14 civiles y 12 militares-; 13 más fueron detenidas -9 adultos y 4 menores de edad-.

Por tal motivo, la CNDH solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) copias de las carpetas de investigación, misma que fue negada, lo que se traduce en falta de colaboración de dicha instancia en la investigación de “violaciones graves a derechos humanos, así como en obstrucción al derecho de acceso a la justicia en agravio de las víctimas, sus familiares y la sociedad”, señala la comisión.

La comisión también acreditó otros hechos violatorios, consistentes en violaciones a la legalidad, seguridad jurídica, debida procuración de justicia y a la verdad, atribuibles a servidores públicos de Petróleos Mexicanos (Pemex), de la PGR, así como de la Fiscalía General de Justicia, SSP y del Tribunal Superior de Justicia (TSJEP,) estatales.

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Por ello, la CNDH recomienda al titular de la Sedena, General Salvador Cienfuegos Zepada; y al gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad se repare integralmente el daño a todas las víctimas, que incluya indemnización, asistencia médica y psicológica; colaborar en las investigaciones ministeriales y procedimientos administrativos contra el personal involucrado, así como en las quejas por manipulación del cuerpo de una víctima y colocación deliberada de armas largas a dos cadáveres, y que el titular de la Sedena colabore en la investigación por falta de veracidad en la información proporcionada a la CNDH.

La CNDH está convencida que el Ejército mexicano ha coadyuvado de manera importante con las autoridades competentes en las funciones de prevención e investigación de los delitos para que, en su caso, se impongan las sanciones a quienes infrinjan las leyes, no obstante, ningún delito debe ser combatido con otro ilícito.

Recomendaciones

La CNDH pidió a la PGR continuar la integración de las carpetas de investigación por homicidios y lesiones; dejar sin efectos el acuerdo de reserva temporal de la carpeta de investigación contra personal militar y colaborar en la queja que se formule ante la Visitaduría General de la procuraduría por irregularidades en la integración de la carpeta de investigación por conductas delictivas contra dos personas, así como dar seguimiento al procedimiento administrativo contra personal responsable de falta de colaboración en la investigación de los hechos.

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A Pemex se le pidió colaborar en la integración de carpetas de investigación radicadas en la Fiscalía General de Justicia de Puebla, que sus instalaciones no se utilicen para resguardar a personas detenidas y colaborar en la queja que se presente ante el Órgano Interno de Control contra los servidores públicos que autorizaron o consintieron que las personas detenidas permanecieran en la planta de rebombeo de Palmarito Tochapan.

Al gobernador de Puebla, Víctor Antonio Carrancá le solicitó implementar políticas públicas para solucionar y combatir la criminalidad en la “Franja del Huachicol” - Tepeaca, Acatzingo, Quecholac, Palmar de Bravo y Acajete- y, en coordinación con los ayuntamientos ubicados en dicha zona, escuchar a la población y atender sus problemas relacionados con desempleo, pobreza, desigualdad, prevención del delito; violaciones a derechos humanos, acceso a la justicia, educación, alimentación, salud, agua, vivienda e interés superior de la niñez.

También le pidió coadyuvar en la selección y evaluación de sus cuerpos policiales, profesionalizarlos y garantizar la seguridad pública, así como dar seguimiento al proceso administrativo que inicie el Consejo de Honor y Justicia de la SSP por omisiones en dictámenes respecto de lesiones sufridas por 8 personas.

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Al fiscal general de justicia del estado le demandó continuar las carpetas de investigación iniciadas por homicidio de tres personas, dar seguimiento a la queja que se formule ante la correspondiente visitaduría general por omisiones en la integración de las citadas carpetas de investigación, colaborar en la investigación ministerial y procedimiento administrativo contra el agente del Ministerio Público del fuero común involucrado en la retención ilegal de 4 menores de edad e instruir que las investigaciones ministeriales en que estén involucradas personas relacionadas con el robo de hidrocarburos se integren y determinen a la brevedad, conforme a derecho.

Por último al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado se le recomendó colaborar en la queja que se formule ante la comisión de disciplina de dicho tribunal por las imprecisiones que se observaron en las necropsias que sus peritos practicaron a 9 cadáveres, incluidos 4 elementos del Ejército mexicano y un menor de edad.

La CNDH, subraya el comunicado, externó su preocupación por la impunidad que impera en la sustracción ilegal de hidrocarburos, pues las personas detenidas por ese hecho no son puestas a disposición de la autoridad competente y, cuando se inician las indagatorias respectivas, no se judicializan y no son sujetas a proceso.

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Ello, con independencia de la marginación y rezago que privan en comunidades de la “Franja del Huachicol” y falta de políticas públicas para el desarrollo de sus habitantes, disminuir niveles delictivos, desempleo, pobreza y desigualdad.

Para la CNDH es imperativo que el personal ministerial estatal y federal practique las diligencias necesarias para acreditar la identidad de los probables responsables, con pleno respeto a sus derechos humanos y, en su momento, ejercitar la acción penal en su contra con todos los elementos de prueba e indicios que no permitan su libertad por falta de elementos o violaciones al debido proceso.