OPINIÓN: Cuarto Informe de Gobierno, ¿y la rendición de cuentas?

A poco más de dos años del fin del sexenio, es momento de que el presidente Peña Nieto asuma las riendas del combate a la corrupción y la delincuencia, de la implementación de la ley sin distingos.
Informe  Si no se cumple con la Ley General de Víctimas debemos preguntarle a las autoridades locales y municipales por qué no hay avances en estas materias.  (Foto: iStock)
Francisco Rivas / / Director general del Observatorio Nacional Ciudadano.

Nota del editor: Francisco Rivas es Director General del Observatorio Nacional Ciudadano, especialista en seguridad, autor de investigaciones y artículos en materia de seguridad, justicia y cultura de la legalidad. Las opiniones expresadas en el artículo son responsabilidad del autor.

(Expansión) – En los próximos días el presidente Enrique Peña Nieto presentará el 4to Informe de Gobierno. Este ejercicio, que debería ser un ejemplo de rendición de cuentas, es el momento en que la administración pública federal le explicará a la ciudadanía los resultados de las políticas públicas y líneas de acción llevadas a cabo en las múltiples materias.

Con base en la experiencia se espera que los mensajes del informe de gobierno expongan los resultados más halagüeños y un escenario prometedor para lo que resta del sexenio. Las tendencias de aprobación del presidente Peña Nieto, el 4to Informe de Gobierno requiere mostrar resultados positivos en las materias donde el desempeño dista de ser el deseado.

En materia de seguridad existe una alta probabilidad de que el Informe de Gobierno presuma los descensos en la incidencia de delitos como el secuestro, la extorsión y los robos, la recaptura de Joaquín Guzmán Loera, los aseguramientos de drogas y armas, el desmantelamiento de grupos y bandas delincuenciales, la capacitación de las instituciones de seguridad, entre otros resultados del Ejército, la Marina y la Policía Federal.

Sin lugar a dudas, el presidente enfatizará cómo el Estado cumplió en tiempo y forma la cita del 18 de junio de 2016, con el largo camino de la implementación del sistema penal acusatorio y de los beneficios que ha traído o que conllevará en cuanto a la procuración e impartición de justicia en nuestro país. Destacará la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que, como dijo el senador Gil Zuarth citando a otro personaje político, 'no lo tiene ni Obama'.

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Ante ello vale la pena preguntarse en torno a qué temas privará el silencio por parte de quien encabeza la administración pública federal. Es prácticamente un hecho que poco se dirá de las fallas que subsisten en el sistema penitenciario; que tampoco se referirá a casos emblemáticos como Ayotzinapa, Tanhuato, Nochixtlán donde la actuación del gobierno no ha sido la óptima; no hará referencia a entidades como Guerrero, Tamaulipas, Estado de México, Colima o Veracruz (por mencionar solo algunas) en donde la violencia y delincuencia aún imperan. Asimismo podemos descartar con confianza la mención de los recursos escasos destinados a la procuración de justicia, las carencias en materia del sistema penal acusatorio y atención a víctimas del delito. Resta la siguiente duda: ¿reportará disminuciones del homicidio doloso respecto a 2012 o reconocerá que este delito se encuentra al alza?

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Ya mejor ni hablemos de resultados en materia de corrupción. Pese a que estrenaremos el SNA no debemos olvidar que el PRI se opuso a diversos elementos de este y que solamente gracias al gran trabajo de la sociedad civil y a un veto presidencial oportuno fue posible que el SNA se convirtiere en el primer paso en el combate a la corrupción. En 4 años solo se ha podido dar un pequeño paso.

Con base en los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y en los pronósticos realizados por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) se espera que 2016 termine con una tasa de averiguaciones previas y carpetas de investigación por cada 100,000 habitantes de 14.5 homicidios dolosos (3.23% mayor que la reportada en 2015), una tasa de 12 homicidios culposos (7.34% menor que la de 2015), una tasa de 0.93 secuestros (7.09% mayor que la de 2015), una tasa de 4.32 extorsiones (3.67% mayor que la de 2015), una tasa de 125.77 robos de vehículo (3.42% menor que la de 2015) y una tasa de 130.4 robos con violencia (4.29% menor que la de 2015). Es decir, el panorama no será muy diferente del que experimentamos desde 2013.

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Atribuirle la responsabilidad de cada carencia o falta de logros al Ejecutivo no es completamente prudente. Si hoy observamos entidades y municipios en condiciones graves de inseguridad, si la violencia en algunas regiones se ha estancado, si no se ha cumplido a cabalidad con la adecuada implementación del sistema penal acusatorio, si no se cumple con la Ley General de Víctimas así como diversos tratados y normas que tutelan los derechos humanos también debemos preguntarle a las autoridades locales y municipales por qué no hay avances en estas materias. También ellos han sido cómplices o directos responsables de esto ya sea por incapacidad o por desidia.

A poco más de dos años del fin del mandato del presidente Peña Nieto, es momento de que el Presidente asuma las riendas del combate a la corrupción y la delincuencia, de la implementación de la ley sin distingos. Es momento de que refrende su compromiso con políticas públicas en materia de seguridad sustentadas en diagnósticos reales e indicadores de desempeño e impacto. Cuando no haya resultados se deberán reajustar o eliminar las estrategias a fin de evitar la simulación a la que se han acostumbrado nuestra autoridades.

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En estos dos años el presidente y el gobierno que encabeza pueden hacer mucho por el país. El legado de un gobernante se mide sobre la base de los efectos y resultados y no sobre las promesas ni las estrategias de comunicación y hoy, dudo que podamos afirmar que el legado de esta presidencia es positivo. Aunque afirme que no trabaja para ganar una medalla en popularidad, el 4to Informe de Gobierno representará lo contrario.

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