OPINIÓN: Donald Trump debe resolver temas de conflicto de interés

Nota del editor: Richard W. Painter es profesor 'S. Walter Richey Professor' de Derecho Corporativo de la Universidad de Minnesota. Fungió como Jefe de Ética del Derecho para la Casa Blanca del presidente George W. Bush, de febrero de 2005 a julio de 2007. Painter es autor de varios libros sobre ética gubernamental, así como la ética de los banqueros y abogados. Las opiniones en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

(CNN) – El presidente electo Donald Trump prometió durante su campaña “drenar el pantano” de Washington.

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Tiene razón sobre que muchos estadounidenses creen que su capital está inundada de cabilderos, contribuyentes a las campañas y vendedores de influencias. Pero para reformar Washington, Trump tendrá que atender a los conflictos de interés que se han hecho aparentes en su equipo de transición. A menos que solucione estos problemas, su administración tendrá poca credibilidad en términos de ética para cuando llegue a la Casa Blanca, y eso significará que la reforma del resto de Washington será muy complicada.

Muchos de los potenciales conflictos de interés de la administración entrante derivan del imperio inmobiliario multimillonario de Trump. Él podría vender estas carteras o ponerlas en una o más empresas de holding y vender las acciones en esas empresas. (Los banqueros de inversiones de Wall Street estarían más que contentos de ayudarle a lograrlo). Él podría invertir las ganancias en activos fuera de conflicto como los fondos mutuos o bonos de la tesorería, o poner sus ganancias en un fideicomiso.

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Pero aparentemente él no quiere hacer eso. Él dice que en cambio cederá la administración de estas empresas a sus hijos durante el tiempo que sea presidente, mientras sigue siendo dueño de ellas. Pero esto simplemente no funciona desde el punto de vista del conflicto de interés, pues cada vez que su administración haga algo que parezca ayudar a una de sus empresas, Trump será acusado de enriquecerse a expensas del público.

Quizás el conflicto más importante no sea lo que pertenece a Trump, sino lo que deben sus negocios. El imperio inmobiliario de Trump y otros como el suyo crecen gracias al dinero prestado. El dinero fácil probablemente sea la regla para los bancos prestamistas que quieran apaciguar a un poderoso presidente, y él podría corresponderles al regular liberalmente a los bancos. (Él ya ha hablado de derogar toda o parte de la ley de reforma bancaria Dodd-Frank del 2010).

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Las regulaciones laxas a los bancos generan préstamos fáciles y aumento de precios inmobiliarios, lo que enriquece a los banqueros y magnates del ramo inmobiliario. Pero sabemos por experiencia que la fiesta no dura para siempre.

Cuando la burbuja revienta, como sucedió en los 90s y en el 2008, los estadounidenses promedio se ven atrapados en la recesión, mientras que los banqueros e inversionistas (particularmente aquellos con información interna sobre políticas gubernamentales) se salen antes de tiempo.

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Y existe una multitud de cuestiones de políticas extranjeras que surgirán en países donde el imperio de Trump tiene acciones.

En países en los que Estados Unidos apacigüe a un dictador o negocie un acuerdo mercantil malo, los críticos al presidente buscarán un hotel o casino de Trump. O quizás habrá un edificio propiedad parcialmente de un fondo soberano que use el nombre de Trump gracias a una licencia. O un préstamo de un banco propiedad del estado como el Banco de China, que según reporta el New York Times, los negocios de Trump cuentan con al menos un gran préstamo de su parte.

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Estos dos últimos escenarios, y cualquier otro escenario que involucre transacciones con cualquier entidad gubernamental extranjera, también podría violar la cláusula Emolumentos de la constitución, la cual prohíbe que los oficiales gubernamentales, incluido el presidente, acepten pagos de gobiernos extranjeros sin el consentimiento del Congreso.

Un problema más es el papel poco claro que fungirán los hijos del presidente electo en su equipo de transición. Como presidente no podrá nombrar a sus hijos o familia política a ningún puesto público, según el estatuto anti-nepotismo aceptado por el Congreso después de que el Presidente John F. Kennedy nombrara fiscal general a su hermano.

nullLa esposa de Trump y sus hijos podrían darle consejos informalmente por supuesto sin necesidad de tener un puesto gubernamental. Hillary Clinton hizo justo eso para el presidente Bill Clinton cuando delegó su propuesta de salud a ella en 1993-94. Pero ahora, como entonces, habrá consecuencias políticas si el presidente se sobrepasa y le da la vuelta al estatuto anti-nepotismo.

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Y los hijos de Trump tienen un gran conflicto de intereses que la primera dama Hillary Clinton no tenía: Trump ya ha dicho que sus hijos estarán a cargo de la dirección de su imperio millonario. Si tiene planes de separar su imperio de su administración, entonces sus hijos no deberían tener nada que ver con el equipo de transición ahora y tampoco en el trabajo oficial de la Casa Blanca una vez que se convierta en presidente.

Los estadounidenses tienen derecho a un presidente que no solo evite la corrupción del conflicto de intereses personales. Esto es cierto incluso si Trump ignora cualquier interés propio al tomar sus decisiones e inclusive si les ordenara a sus subordinados que hicieran lo mismo.

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Las leyes estadounidenses requieren que todos los empleados del poder ejecutivo, con excepción del presidente y vicepresidente, vendan las propiedades que generen conflictos con sus responsabilidades oficiales o recusarse de todos los asuntos gubernamentales que afecten esos intereses financieros.

Todos los demás presidentes han cumplido con esa ley, a pesar de no tener la obligación de hacerlo. Trump le debe al pueblo estadounidense el hacer lo mismo. Solo así tendrá credibilidad al decirle al resto de Washington cómo comportarse.

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