OPINIÓN: Trump tiene en sus manos el arma para encontrar a los indocumentados

Direcciones, estados de salud, cuentas bancarias, registros escolares, datos entregados por inmigrantes registrados en los programas de acción diferida de Obama que ahora los hacen vulnerables.
Trump  El presidente de EU tiene a su alcance una poderosa herramienta para ubicar a millones de inmigrantes.  (Foto: EFE)
Alejandro Torres Rogelio

Nota del editor: Alejandro Torres Rogelio es Comisionado Ciudadano del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México (INFODF). Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UNAM, también se desempeña como coordinador de la Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación Social del Sistema Nacional de Transparencia. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas de su autor.

(Expansión) — El destino o la mala fortuna quisieron que la conmemoración del Día Internacional de la Protección de Datos Personales, el 28 de enero, casi coincidiera con la orden ejecutiva que echa a andar la maquinaria de deportación masiva de indocumentados de Estados Unidos, firmada por el presidente Donald Trump el día 25.

Es una lamentable coincidencia porque la conmemoración busca reforzar una cultura de respeto al individuo para que no sea vulnerado por el mal uso de sus datos personales. Sin embargo, hoy los archivos estadounidenses cuentan con los registros detallados de los indocumentados que buscaban acogerse a programas que los libraran de una deportación inminente.

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El presidente Trump tiene a su alcance una poderosa herramienta para ubicar a millones de inmigrantes: los padrones con nombres, fotografías, direcciones, estados de salud, cuentas bancarias, registros escolares, declaraciones de impuestos y hasta iglesias a las que asisten, que los hace identificables.

Es una situación que enfrentan aún con mayor riesgo, al menos ahora, quienes se inscribieron en los programas de acción diferida implementados por el entonces presidente Barack Obama para suspender la deportación de quienes fueron llevados a Estados Unidos cuando eran niños (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA), y de los indocumentados que tienen niños nacidos en ese país (Deferred Action for Parents of Americans and Lawful Permanent Residents, DAPA).

El Servicio Estadounidense de Inmigración y Ciudadanía reportó que tan solo para el DACA, el acumulado de solicitudes aceptadas para aplicar —aunque aún no aprobadas— sumaban más de 1.4 millones, de un total de 1.5 millones, al 30 de junio de 2016. De ellos, a más de 1.3 millones les dieron cita para registrar su información biométrica.

La sección 2, inciso B de la Orden Ejecutiva: Mejorar la Seguridad Pública en el Interior de los Estados Unidos, firmada por Trump, dice: “Es facultad del Poder Ejecutivo: hacer uso de todos los sistemas y recursos disponibles para asegurar la ejecución eficiente y fiel de las leyes de inmigración de los Estados Unidos”.

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Es decir, podrán usar los sistemas archivísticos y de información de todas las agencias —ahora apoyadas por autoridades estatales y locales—, responsables de todo lo relacionado con la seguridad interior, la migración y los centros de detención, no solo del sistema carcelario.

Esa disposición forma una pinza que amenaza seriamente a los indocumentados junto con la Sección 14 de la misma orden que obliga a las agencias “a asegurar, hasta donde sea compatible con la ley aplicable, que sus políticas de privacidad excluyan a las personas que no sean ciudadanos de los Estados Unidos o residentes legales permanentes”.

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Mientras la conmemoración del Día Internacional de la Protección de Datos Personales fue instaurada en 2006 por el Consejo de Ministros de Europa para resaltar el Convenio 108 como “piedra angular de la protección de datos en Europa” (a decir de la Agencia Española de Protección de Datos, AGPD), las acciones de Trump remontan a un pasado no menos aleccionador.

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En efecto, no debemos olvidar lo que ocurre cuando hay un mal uso de la información de las personas por parte de gobiernos y entidades privadas, como lo apuntó José Luis Piñar, exdirector de la AGPD y uno de los especialistas más acreditados en protección de datos, en el IV Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos Personales, celebrado en noviembre de 2005 en la Ciudad de México:

“En 2001 fue publicado un impresionante libro de Edwin Black, IBM y el Holocausto, en el que denuncia que el uso de las máquinas tabuladoras y tarjetas perforadas por la empresa filial –Dehomag– de esa multinacional en Alemania fue decisivo para elaborar el censo alemán de 1937 e investigar los antecedentes raciales de toda la población alemana, lo que habría facilitado decisivamente la identificación y localización de los judíos cuya dirección se incluía en cada ficha. Este fue el origen del Holocausto, y por eso se pudo ir en un primer momento directamente a las casas, a los domicilios de las personas de raza gitana, a las personas de la comunidad judía”.

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IBM negó las acusaciones, pero a lo largo de la historia han ocurrido muchos ejemplos del mal uso de los datos personales por instancias públicas o privadas. Actualmente quedan registrados miles de millones de datos que revelan nuestra actividad personal, familiar, laboral, religiosa, política, sexual y preferencias de todo tipo. No solo en soportes digitales, también en impresos, sonoros, fotográficos, entre otros.

Esa información le pertenece a cada uno de nosotros, no a las instancias a quienes se los entregamos a cambio de un bien o servicio. Se los damos bajo principios fundamentales de la protección de datos personales: consentimiento y lealtad.

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Ante la vulnerabilidad en que se encuentran millones de indocumentados en Estados Unidos, el Día Internacional de la Protección de Datos Personales debería traer un llamado a las autoridades para que defiendan no solo los intereses comerciales, sino la integridad de esas personas.

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