OPINIÓN: Cuando pase el temblor, el futuro perdido de las familias

La ayuda para los damnificados del sismo debe contemplar también las afectaciones al empleo, el ingreso y la educación en las familias afectadas más pobres, opina Marcelo Delajara.
Pérdidas  Para muchas familias, el sismo significó la pérdida permanente de una parte de su ingreso.  (Foto: Cuartoscuro)
Marcelo Delajara

Nota del editor: Marcelo Delajara es Doctor en Economía. Se desempeña como director del Programa de Crecimiento Económico y Mercado Laboral del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Profesor Afiliado en la División de Economía del CIDE y conductor del programa Economía en Tiempo Real en RompevientoTV. Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad del autor.

(Expansión) — Ya pasó un mes del sismo que sacudió, con una fuerza hace mucho no vista, a la Ciudad de México y a decenas de localidades en Morelos, Puebla y Chiapas.

Como economista, cada tanto me preguntan por el impacto monetario de estos fenómenos naturales. Mi primera reacción es siempre de malestar ya que, por haber víctimas mortales, en mi opinión, la pérdida es incalculable. Además, ¿quién nos dirá si entre los niños y niñas fallecidos del colegio Enrique Rébsamen no había potenciales líderes de nuestra nación, creadores de oportunidades y empleos, o revolucionarios artistas?

Sin embargo, a la pregunta me remito. La pérdida económica de este sismo probablemente excede los 40,000 millones de pesos estimados por el gobierno para la reconstrucción. La razón de ello es que, para muchas familias, el sismo significó la pérdida permanente de una parte de su ingreso y, para los niños afectados por la falta de clases, un menor aprendizaje durante este año. Así, al costo de recuperar la riqueza material perdida, habría que sumar el ingreso futuro perdido de las familias afectadas.

En la inmensa mayoría de los casos, quienes perdieron sus viviendas no estaban asegurados contra daños en las mismas. Solo el 5% de las viviendas del país está asegurado contra daños estructurales, de acuerdo con reportes de las aseguradoras. Lo que las familias reciban de ayuda por parte del Estado no será suficiente para la reconstrucción. Así, muchas familias habrán perdido lo que habitualmente es el principal activo familiar, la vivienda.

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Con la pérdida de ese activo también viene la pérdida de la renta de la misma; ello tanto si se trata de una renta monetaria por tenerla en alquiler, como si se trata de la renta imputada (la renta que se ahorran al habitar su propia vivienda). Es decir, la familia pierde una de sus fuentes de ingresos.

Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIGH) de 2016, la estimación del alquiler de la vivienda representa, en un promedio nacional, el 11.3 % del ingreso corriente trimestral del hogar. Una pérdida del ingreso real de esa magnitud puede afectar gravemente la situación financiera de la familia por varios años.

El cierre de negocios familiares en las zonas afectadas, especialmente fuera de la Ciudad de México, habrá ocasionado una interrupción en el flujo de ingresos de las familias, que en algunos casos podría ser permanente. Ello en medio de afectaciones más generales a la actividad económica, como el cierre de establecimientos, interrupción de pedidos y suministros, escasez de bienes y servicios, que si bien se espera sean en su mayoría de carácter temporal, podrían haber afectado el empleo, especialmente entre los jornaleros y en el sector informal.

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Si bien al cabo de un mes casi todas las escuelas han reanudado clases, muchas de ellas han pasado por un periodo sin actividad y gastos inesperados. Entre estos figura el pago por el Dictamen de Seguridad Estructural que solo pueden emitir los D.R.O (Director Responsable de Obra) acreditados. De acuerdo con información de fuentes privadas, el costo del dictamen osciló entre 15,000 y 40,000 pesos, según el tamaño del plantel. En el Estado de México, la Ciudad de México y los estados de Puebla y Morelos operan unas 15,000 escuelas privadas, por lo que el costo total para el sector fue de cientos de millones de pesos.

Pero quizá el costo más duradero de los días de clases perdidos se reflejará en el aprendizaje de los niños. Aprovechando las reformas educativas en Dinamarca y Chile, en las que se aumentó el número días u horas de clases al año, se realizaron estimaciones del impacto que tiene un mayor tiempo en las aulas sobre el desempeño académico de los niños. En el caso del estudio de Dinamarca, realizado en 2009, se encontró que mejoró el desempeño académico en matemáticas, especialmente entre las niñas y entre los estudiantes de hogares con menor nivel socioeconómico. En el estudio de Chile, de 2011, se encontraron resultados similares.

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Si la validez de estos estudios es universal, como probablemente lo sea, podemos esperar que el principal efecto negativo del sismo sobre el aprendizaje de los niños se concentre en las zonas impactadas más pobres, o entre los estudiantes con origen socioeconómico menos favorable.

México tiene una dificultad estructural importante para generar movilidad social; es decir, para que los niños alcancen durante su vida adulta un mayor nivel socioeconómico que el de sus padres. Lo más común es que los hijos sean tan pobres como lo fueron sus padres.

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En conclusión, las medidas para mitigar el impacto del sismo en las economías familiares deben ir más allá de las ayudas para la reconstrucción y enfocarse en la situación en la que quedan las familias en relación con el trabajo e ingreso de los padres y la educación de los hijos, y ello especialmente entre los más pobres en cada una de las comunidades afectadas.

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