“Le dije que si la podía ayudar en algo porque el jefe no estaba disponible. Pero la señora, ya molesta, me respondió que quería hablar con él y no con su gata. Fue realmente incómodo. Me limité a decirle ok y colgué. No pasaron ni cinco minutos cuando la señora escribió un correo para pedir que me sacaran de los proyectos que estábamos trabajando en conjunto. Estaba segura de que el jefe me iba a apoyar. Me equivoqué”, narra.
Recomendamos:
A partir de entonces, Alejandra Pérez fue relegada de todos los proyectos que inmiscuían a ese cliente y cuando se acercó al comité de ética de la organización, éste le sugirió que negociara con su jefe. Pero nada cambió. Luego vino el despido y Pérez encontró un nuevo rumbo laboral en Amnistía Internacional.
En México, cada vez cobra mayor relevancia que desde el proceso de selección y onboarding, las personas sepan cuáles son los valores de la empresa a la que pertenecerán, qué pilares promueve, cómo se comportan los líderes, cuáles son las buenas prácticas que fomenta la organización y cuáles son las que sanciona y de qué forma.
Pero también que los empleados sepan cómo actuar en caso de que la empresa empleadora no cumpla con los mismos lineamientos que pregona, pues lamentablemente, dice José Luis Lavín, socio del despacho GLZ Abogados y especialista en derecho corporativo, en cuestión de compliance o de cumplimiento normativo empresarial existe un largo camino qué recorrer en el país para que los esfuerzos de ética y transparencia se traduzcan en un beneficio tangible para los empleados y, en consecuencia, para la empresa empleadora.
“Vemos con alarma cómo algunos deciden abrir un área de compliance, importando documentos de otras organizaciones que no empatan con el negocio y actividad de sus empresas. No se construye un programa de ética, según las necesidades y cultura de la empresa, que se base en la realidad de ésta y cuente con un equipo con las habilidades y conocimientos adecuados para su efectiva aplicación”, asegura.
De acuerdo con el abogado, la legislación en México es aún escasa y limitada si se compara con la FCPA de Estados Unidos o el Anti Brivery Act del Reino Unido. Inclusive en Colombia existe la Ley 1,474 que regula de forma más profunda a la iniciativa privada y la compromete a contar con programas efectivos y auditables para combatir prácticas de corrupción.
Pese a esto, agrega, las empresas no deben ser pasivas y esperar la emisión de nuevos ordenamientos, ya que desde la normatividad interna pueden establecer disposiciones y códigos de ética y de conducta que refuercen la integridad en los negocios, así como la cultura organizacional.