Diego León, director de Quiddity México, considera que en parte esta idea viene de la pandemia y los cambios en las modalidades de empleo, ya que los colaboradores en un formato híbrido o remoto suelen extender su jornada laboral en casa, por lo tanto, no tienen problema en aumentar las horas por día, con tal de obtener un día adicional de descanso, sin que sus ingresos sean alterados. “Sacrifico mi tiempo, pero no mi ingreso”, dice.
Sin embargo, esta reforma, que propone modificar el artículo 123 de la Constitución Mexicana para que por cada cinco días de trabajo hayan dos de descanso (ocho horas menos a la semana), da por sentado que el salario no debe modificarse. Y en caso de que se apruebe la iniciativa, los empleadores que reduzcan el salario estarían incumpliendo con la ley.
De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), el patrón puede reducir el sueldo, sólo si el trabajador acepta, es decir, que tiene que haber un común acuerdo, así como una notificación con 30 días de anticipación.
De los cuatro países analizados por Quiddity, México es el que está más aferrado a su condición laboral actual, debido al temor por perder dinero. Brasil es quien tiene más apertura para bajar su salario. Adicional, considerando una semana laboral de cinco días o 40 horas, para 39% de los encuestados lo ideal sería estar dos días presenciales y tres vía remota.
“Los brasileños manifiestan una mayor exigencia laboral y, al mismo tiempo, son quienes menos se sienten realizados a nivel profesional y menos disfrutan de su ambiente de trabajo. En esta línea, Brasil es el país que más demanda una reducción de la semana laboral”, explica León.
Más costos para las empresas
Desde otra lectura, la reducción de la jornada elevaría el costo de la mano de obra en México. Héctor Márquez Pitol, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), señala que al final las empresas trasladan ese costo a sus consumidores o clientes. Pero México daría un paso para dejar de ser uno de los países donde más horas se trabaja y que destaca además por su mano de obra barata.
La reforma también representaría un costo adicional para las empresas, sobre todo, para las que no pueden dejar de operar y tendrían que contratar más personal para cubrir los descansos de la plantilla y la operación de la compañía, sin dejar de lado el pago por el día adicional de descanso.
Márquez refiere que el salario promedio en el país es de 525 pesos diarios, de acuerdo con el Inegi. Al multiplicar eso por los 9 millones de empleados formales que se beneficiarían de esta reforma da cerca de 5,000 millones de pesos por día.
“Yo sí estoy a favor de que se haga el cambio. Después de la pandemia se ha vuelto muy importante que las personas tengan tiempo para sus actividades y su familia. Se valora más la salud mental, la felicidad y el trabajo digno. Pasar de seis a cinco días de trabajo en la ley sería un avance”, comenta.
Desde hace años, hay empleados mexicanos que trabajan bajo la llamada semana inglesa (de lunes a viernes) porque el giro comercial de la empresa para la que trabajan así lo permite. Ahora, hay ejemplos en otros países como Japón donde la semana de cuatro días es funcional para mantener un balance de vida.
Es un modelo 100/80/100, señala Márquez. Alude a que el empleado va a recibir la totalidad de su sueldo, a trabajar un día menos a la semana de cinco, pero dando la productividad esperada para llegar a los objetivos planteados. En México, aún falta camino para llegar a esto.
El presidente de la AMECH ve posible que la reforma se apruebe en el siguiente periodo legislativo que arranca en septiembre, lo cual da tiempo para que las compañías se preparen. “Algunas empresas grandes ya lo están, vienen trabajando por turnos y se organizan, pero las Pymes, que son la gran mayoría en el país, no tienen personal extra y encontrar al talento adecuado no toma un mes”.
En opinión de León, aunque en México se apruebe una reducción de la jornada, falta tiempo para que realmente los mexicanos trabajen menos horas. Son los jóvenes los que tienen mayor disposición a adoptar este tipo de cambios, pero casi seis de cada 10 personas trabajan en la informalidad. Un esquema que los deja fuera de esta reforma y en el que por lo general el número de horas trabajadas se traducen en el ingreso obtenido.
“Me da gusto cuando avanzamos en materia de trabajo digno, pero lo más importante es ya entrarle a combatir la informalidad porque se está ayudando a un grupo importante de mexicanos, pero dejando de lado a los 56 millones que no tienen vacaciones, ni seguridad social ni nada”, enfatiza Márquez.