Hacienda quiere limitar las deducciones de las empresas: ¿qué pasará con los vales, seguros y fondos de ahorro?

La iniciativa aún debe discutirse en el Congreso, pero la diferencia para una empresa estaría en el momento en que recupera el efecto fiscal de un gasto. Bajo la iniciativa, si sus deducciones no superan el 96.67% de sus ingresos acumulables, podría aplicar el 99% de ellas en el ejercicio.

En cambio, si rebasan ese umbral, el monto deducible quedaría limitado al 96.67% de los ingresos. Las cantidades restantes podrían aplicarse en ejercicios posteriores, de modo que el problema inmediato sería de flujo de efectivo.

La nómina y las prestaciones que cumplen los requisitos para deducirse entrarían en ese cálculo general. Martínez Santistevan explica que la propuesta no crea un límite particular para los beneficios laborales, pero sí somete la parte actualmente deducible de esos gastos al nuevo mecanismo.

Una empresa con ingresos de 100 millones de pesos y deducciones por 98 millones pagaría, en un cálculo simplificado y sin considerar pérdidas fiscales, unos 600,000 pesos de ISR con las reglas actuales.

Si la iniciativa se aprobara en sus términos, sus deducciones aplicables en ese ejercicio bajarían a 96.67 millones y el impuesto rondaría un millón de pesos. Por tanto, los aproximadamente 400,000 pesos adicionales de ISR reducirían el efectivo disponible ese año.

Para otra compañía con los mismos ingresos y deducciones de 90 millones, el aumento calculado por la abogada sería de 270,000 pesos de ISR. Así, el efecto dependería del margen y de la posición fiscal de cada empresa.

Prestaciones bajo presión

Palacios considera que vales de despensa, fondos de ahorro, seguros médicos y otros beneficios adicionales podrían recibir más atención en los presupuestos empresariales. Algunas prestaciones ya tienen límites propios de deducibilidad; además, la iniciativa aplicaría el nuevo cálculo general sobre la parte que sí se puede deducir.

A su juicio, las compañías podrían responder con aumentos salariales más moderados, contrataciones más selectivas o cambios en la composición de sus paquetes de compensación. Sin embargo, son escenarios posibles, no decisiones documentadas de las empresas ni consecuencias automáticas de la reforma.

“Lo más probable es que veamos un mix de ambas estrategias, dependiendo del sector y del tamaño de la empresa. Los recortes de prestaciones son visibles y generan malestar inmediato entre los empleados. En cambio, moderar los aumentos salariales o ser más selectivos en las contrataciones son decisiones menos visibles pero igual de impactantes”, dice Palacios.

Martínez Santistevan menciona otro límite: las prestaciones pactadas como condiciones de trabajo o reconocidas como derechos adquiridos no pueden eliminarse simplemente porque cambie su tratamiento fiscal.

Por ello, reitera que el mayor ISR correspondería jurídicamente a la empresa, mientras que cualquier efecto posterior para los trabajadores dependería de sus finanzas, de los acuerdos laborales y de sus decisiones de negocio.

“Aquellas que formen parte de las condiciones de trabajo, estén previstas en contratos individuales o colectivos, o constituyan derechos adquiridos no pueden simplemente eliminarse por una modificación fiscal. Cualquier cambio tendría que analizarse conforme a la legislación laboral y, cuando corresponda, negociarse con los trabajadores o con el sindicato”, precisa Martínez Santistevan.

La capacitación añade un matiz. El estímulo fiscal del Plan México publicado en el Diario Oficial de la Federación contempla una deducción adicional de 25% sobre el incremento de ciertos gastos de capacitación, sujeto a requisitos.

Palacios interpreta que la exclusión prevista para quienes apliquen ese beneficio aliviaría la presión del nuevo límite. Martínez Santistevan, por su parte, pide esperar el texto definitivo y las reglas aplicables antes de dar por hecho cuánto podría aprovechar cada empresa.

Asimismo, los trabajadores conservarían una protección específica. De acuerdo con Martínez Santistevan, el límite propuesto no modificaría por sí mismo la base para calcular el reparto de utilidades. La iniciativa sigue en discusión y puede cambiar antes de convertirse en ley.