¿Debilitarse o morir?, el futuro de los órganos reguladores es incierto

La Presidencia de la República se ha enfrascado en una tirante relación con los órganos reguladores y autónomos, que ha puesto en entredicho sus facultades técnicas y en riesgo su independencia.

La situación no es nueva. Las tensiones entre esos órganos y el poder ejecutivo también se ha dado en el pasado. Anteriores presidentes han buscado moldearlos y modificarlos no para hacerlos eficientes sino para que les permitan mayor control político, dijo Cristopher Ballinas, profesor de Políticas Públicas del ITAM.

“Lo nuevo es la flagrancia en la búsqueda de someter a los órganos reguladores. Antes se guardaban las formas, ahora hay un descaro absoluto”, agregó.

El tema ha adquirido una atención mayor porque más de un órgano ha sido cuestionado públicamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador y porque si dejaran de funcionar, habría menos contrapesos al poder presidencial.

“El punto de partida es el fortalecimiento del Estado y bajo esta visión los órganos reguladores le restan fortaleza”, comentó Arturo Carranza, analista de la consultora energética Mercury LLC.

Aunque López Obrador aseguró que no cambiará la condición de dichos órganos en la Constitución, según los expertos acciones como la reducción a su presupuesto, elegir a representantes sin las capacidades requeridas y el descrédito público, son acciones que pueden debilitarlos.

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Su discurso no da tregua, asegura que esos organismos son parte de la “simulación” del periodo neoliberal, modelo con el que prometió terminar desde su toma de posesión.

“En esos organismos la mayoría de los consejeros representaban a los grupos de intereses creados y nos vendieron la idea de que esto era la independencia”, acusó en una de las conferencias matutinas, en la que se refirió a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI).

“Es necesario crear un debate de qué entramado político-institucional queremos para mejorar los órganos reguladores y no solo defenderlos o atacarlos porque sí", apuntó Ballinas.

Recuento de los daños
Para este año, órganos como la Comisión Federal de Competencia (Cofece), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la CRE, sufrieron un recorte presupuestario y a los salarios de sus funcionarios como parte de la política de austeridad republicana.

Sin embargo, al tener una especialidad técnica, la baja en salarios pone en riesgo su funcionamiento que se basa en la calidad de sus recursos humanos. “La permanencia del personal resulta trascendental, ya que su autonomía técnica está sustentada en su (…) capital humano”, advierte el IFT, en un posicionamiento ante la ley federal de remuneraciones.

En la conferencia del 12 de febrero, López Obrador dijo que “afortunadamente” se cumplieron ya los plazos de algunos consejeros en estos organismos y otros renunciarán “porque ya no les parecieron los sueldos”.

También se ha dado la solicitud de renuncias, el señalamiento de “inmoralidades” de miembros de los organismos, sin la presentación de pruebas que lo sustente y la propuesta de ternas de personal sin la capacidad técnica.

En noviembre 2018, Rocío Nahle, hoy titular de la Secretaría de Energía pidió, sin éxito, la renuncia de Guillermo García Alcocer, presidente de la CRE. De quien se logró su salida fue de Juan Carlos Zepeda, hasta noviembre comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), pero que debía dejar el cargo hasta mayo de este año.

“La independencia de los reguladores siempre ha estado sujeta a las veleidades de la voluntad presidencial simple y sencillamente porque el sector energético está politizado”, apunta Miriam Grunstein, profesora del Mexico Center Rice University.

Este mes el ejecutivo puso en tela de juicio el papel de esas entidades, por no advertir de contratos desventajosos que la Comisión Federal de Electricidad tiene con diversas empresas privadas.

Ahora García Alcocer está en el ojo del huracán y actualmente es investigado por la Secretaría de la Función Pública por presunto conflicto de interés. El inicio de la investigación sucede seis días después de que Alcocer criticara las ternas que presentó el gobierno federal para elegir a sus nuevos integrantes.

En opinión de Grunstein, “perfiles tan pobres amenazan la independencia del trabajo de las entidades reguladoras, más no la autonomía de los entes”.

Continuará…
La administración se ha centrado de forma particular en los entes que regulan el sector energético, ahora que está interesado en que la CFE y Pemex regresen a palestra. “Para el presidente las empresas públicas (CFE y Pemex) deben tener un papel preponderante en el mercado”, dijo Carranza.

La batalla por el control de esos organismos en esto días es la continuación de una guerra que dio inicio hace más de 30 años, cuando se creó el primer órgano autónomo: la Conagua. En ese lapso de tiempo ha habido avances y retrocesos.

“Hay estudios que han demostrado que los órganos reguladores no son más transparentes ni rinden más cuentas que cualquier dependencia del gobierno”, concluye Ballinas.

Para el académico, el debate no debe centrarse en la autonomía de los órganos reguladores, sino en cómo mejorar su funcionamiento. “Debemos definir qué tipo de organismos queremos para que se encarguen de las cuestiones técnicas y por último decidir qué tipo de autonomía necesitan: técnica, presupuestal, ejecutiva y de decisión”, dijo.