Los 30 millones de dólares (mdd) que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador destinará a El Salvador para apoyar al desarrollo económico del país liderado por Nayib Bukele se convirtieron en la manzana de la discordia en redes sociales.
Apenas se anunció la semana pasada el apoyo económico incondicional , surgieron las críticas pues se percibió que ese dinero era un "regalo" a otro gobierno. El Salvador se volvió tendencia en México el jueves pasado. Pero, ¿fue un regalo o no?
El canciller Marcelo Ebrard dijo un día después que ese dinero proviene del Fondo Yucatán.
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“Se dirá, ‘¿por qué se destinan recursos si en México hay tantas necesidades?’. Bueno, déjenme aclararles, se utilizan los recursos previstos en el Fondo Yucatán, aprobados por el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) por todas las fuerzas políticas”, aclaró Ebrard el viernes pasado.
Más que un regalo, el dinero está etiquetado para usarse en Centroamérica por lo que no significa que el gobierno federal haya jalado la cobija para su el Programa de Desarrollo Integral para Centroamérica (PDI) y descobijado a otros.
Entonces, ¿qué es el Fondo Yucatán?
Su nombre oficial es Fondo de Infraestructura para países de Mesoamérica y el Caribe y nació en diciembre de 2011 mediante un decret o del entonces presidente Felipe Calderón con una bolsa de 160 millones de dólares (mdd).
El documento fue firmado por el entonces secretario de Hacienda, José Antonio Meade, con quien López Obrador compitió por la presidencia del país en 2018.
De acuerdo con el decreto de 2011 - que fue actualizado el lunes 24 de junio de 2019 - señala que el fondo canalizará los recursos disponibles a los sectores público y privado de Mesoamérica y el Caribe.
Las figuras mediante las cuales se pueden transferir los recursos son: préstamos, garantías parciales (un tipo de aval crediticio), capital de riesgo y donaciones.
Los apoyos de este Fondo pueden ser de corto, mediano y largo plazos.
El Fondo Yucatán tiene sus antecedentes en otro programa que puede ser considerado su abuelo: el Pacto de San José, mediante el cual Venezuela y México apoyaban con petróleo a los países de Centroamérica y el Caribe en condiciones preferenciales. Pero cuando Venezuela se retiró de ese Pacto, México creo el Fondo Yucatán.
Se sustenta en la Ley de Cooperación Internacional para el desarrollo y es impulsado por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
En el documento se menciona que uno de los principios que debe observar el Poder Ejecutivo es la cooperación internacional para el desarrollo.
Se integra por un Comité Técnico que en 2011 era presidido por uno de los tres representantes de la Secretaría de Hacienda. Además, contaba con un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores y otro de la agencia de cooperación. Además, contemplaba invitados de acuerdo con los programas que se apoyarían.
Pero López Obrador cambió ese balance, y ahora el mayor peso recae en Relaciones Exteriores, que tendrá dos representantes y uno de ellos presidirá el Comité y tendrá el voto de calidad. Mientras que Hacienda ahora sólo tendrá un miembro al igual que la Agencia de Cooperación. Además, se incorpora a un representante de la Secretaría de Gobernación.
Los cambios tienen sentido, pues Ebrard ha sido quien tomó la batuta de este programa para Centroamérica sobre todo luego que a principios de mes negoció en Washington con funcionarios de Estados Unidos un acuerdo esencialmente migratorio que frenó la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles a México.
Parte del objetivo de Ebrard fue que Estados Unidos reconociera este programa como parte de una estrategia para frenar la migración indocumentada.
Otro cambio fundamental del nuevo decreto en la era López Obrador fue la ampliación del tipo de programas y apoyos a los que se destinarán los recursos. En el original se acotaba esencialmente a infraestructura y asistencia técnica para intercambio comercial.
Ahora, el toque migratorio fue incorporado, lo que explica la presencia de un representante de la Secretaría de Gobernación, encargada de asuntos migratorios en el país.
Ahora, a los proyectos de infraestructura se suman "proyectos de desarrollo de capital humano, desarrollo de capital humano, equipamiento de instalaciones y albergues, desarrollo de sistemas de registro, control y seguimiento de sistemas de flujos migratorios", de acuerdo con el documento reformado y que entrará en vigor este 25 de junio.
