Si bien no son tiempos prudentes, por el contexto político y de emergencia sanitaria, es necesario plantear una reforma fiscal y revisar las condiciones para la generación de ingresos de los estados y municipios, vemos que algunos gobernadores han puesto el tema en la mesa, o al menos el de cambios a la Ley de Coordinación Fiscal, también existe el compromiso del presidente de no aumentar impuestos en los primeros tres años de su gobierno, consideró Carranza.
Más que una reforma fiscal que aumente los impuestos, son necesarios cambios que también funcionen como incentivos para la formalidad y la instalación de empresas en el país, además de que sea progresiva, es decir, que paguen más impuestos quienes generen mayor riqueza, coincidieron especialistas.
“También es necesaria una revisión a las capacidades recaudatorias de los municipios, participación de los estados, cambiar el impuesto a la nómina que incentiva la informalidad, poner en orden el cobro de agua y predial por parte de los municipios, existe un gran potencial en este sentido, la gran mayoría de los estados vive de los ingresos que son otorgados por la federación”, refirió el directivo de Gesoc.
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De esta forma la política fiscal del país sería progresiva, pues impuestos como el predial o la tenencia se calculan en función del valor del inmueble o del automóvil, esto también ayudaría a los estados a depender menos de los recursos federales.
Un informe del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) refiere que 80.8% de los ingresos de los estados son por transferencias federales.
Cambios de esta magnitud, con implicaciones políticas y económicas, pueden darse pasadas las elecciones intermedias, que son en 2021, y para cuando la economía tome un mejor ritmo, pasada la emergencia sanitaria por Covid-19, culminó Carranza.
