La eliminación de prácticas laborales abusivas ha sido un estandarte en la política del gobierno encabezado por Ándres Manuel López Obrador.
Desde el primer año del actual mandato; 2019, el SAT y la procuraduría fiscal aplicaron un cúmulo de acciones contra el uso de este modelo de contratación utilizado para defraudar al fisco. En abril de este año se aprobó y entró en vigor la reforma anti outsourcing en México.
De acuerdo con el presidente, el objetivo es que las empresas contraten directamente a su personal dedicado a la actividad predominante de su negocio; declaren las percepciones al 100% de sus trabajadores y que brinden prestaciones sociales de acuerdo a la ley.
En 2018, previo a la batalla antisubcontratación, el sector servicios concentraba al 40% del personal que trabajaba por outsourcing en México.
Este sector comprende a los servicios de información en medios masivos; servicios financieros y de seguros; servicios inmobiliarios y de alquiler; servicios profesionales, científicos y técnicos; corporativos; apoyo a los negocios y manejo de desechos; servicios educativos; servicios de salud y asistencia social, entre otros, refieren datos del Inegi.
Los sectores comercio y manufactura también tenían una importante colaboración en el mercado del personal por outsourcing. Seguidos por transportes, correos y almacenamiento; construcción; electricidad, agua y gas; pesca y acuicultura, y minería.
