“Ese es el tamaño del boquete del que estamos hablando en desvío de recursos públicos y fraude fiscal, ¿por qué no se hace nada?”, cuestionó el abogado fiscalista en la presentación del estudio Empresas fantasma en México: Una propuesta de política pública para combatirlas.
El estudio a cargo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señaló que las empresas fantasma siguen tan presentes como antes en el actual sexenio.
“Desde los primeros meses del gobierno de López Obrador encontramos contratos públicos a este tipo de compañías y su uso ha sido constante, al punto que también han formado parte de los escándalos más grandes de corrupción del sexenio, como es el caso de los desvíos de presupuesto dedicado a la alimentación de las personas más pobres, en el caso de Sagalmex ”, apuntó la publicación.
Disminuye detección y publicación de empresas fantasma
Pese al daño dimensionado, en el actual sexenio ha disminuido la detección y publicación de empresas fantasma, si se compara con el sexenio anterior.
Durante 2023, penúltimo año de la administración de López Obrador el SAT incluyó en su “lista negra” a 47 empresas fantasma. Dicha cifra representó una caída de 98% con respecto a 2018, último año del sexenio anterior, en el cual se detectaron 3,016, refieren cifras de un reporte previo de MCCI.
“Las listas de las factureras han caído dramáticamente en los últimos tres años, no llegamos a 200 empresas publicadas, cuando estamos hablando de docenas de miles”, agregó Pérez de Acha.
De 2014 a 2018, periodo correspondiente a la administración federal anterior, se detectaron en total 6,466 empresas factureras. En contraste, de 2019 a 2023, los cinco años transcurridos del gobierno actual que encabeza López Obrador, se han detectado 4,331, refiere el documento.
¿Qué es una empresa fantasma?
De acuerdo con el estudio realizado por MCCI son empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS).
El término empresa fantasma trae consigo una carga negativa, ya que se asocia con conceptos como simulación, defraudación, desvío de recursos públicos y la propia corrupción en contraposición a los principios de certeza, legalidad y transparencia establecidos en las leyes.
Las empresas fantasma están formalmente constituidas ante Notario Público, inscritas en el Registro Público de Comercio (RPC), y cuentan con un Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del SAT.
